Xavier Carreto A.

Eficientar el ejercicio del gasto público

 Ahora que se han filtrado a la prensa los resultados preliminares de la auditoría externa practicada a la Secretaria de Educación Guerrero (SEG), ordenada por el exsecretario Miguel Mayrén, en octubre del 2000 –los cuales han sido declarados sin validez por el contralor interno de la misma dependencia–, los guerrerenses no podemos menos que enojarnos con quienes han tenido la responsabilidad de ejercer el presupuesto asignado al sector educativo, el cual es el más cuantioso de todos los renglones que componen el presupuesto estatal.

Este año, por ejemplo, los recursos del rubro educativo son de 6 mil 700 millones de pesos, lo cual representa el 41 por ciento de los 16 mil 300 millones que corresponden al presupuesto total del gobierno del estado. El 98 por ciento de estos recursos están destinados al salario de los trabajadores de la educación. Cada punto porcentual representa 67 millones, si le restamos 134 millones, que son el 2 por ciento, de los 6 mil 700 millones nos quedan 6 mil 566 millones que son para el pago de los salarios del personal que cobra en la SEG. Si dividimos esta última cantidad entre 365 días, resulta que cada día que no laboran los profesores nos cuesta a los contribuyentes alrededor de 18 millones de pesos; la misma cantidad dividida sólo entre los 200 días hábiles que marca el calendario escolar la pérdida se eleva a 34 millones cada jornada no trabajada.

Si la misma SEG reconoció oficialmente que en el año escolar 2000-2001, se habían trabajado 120 de los 200 días del año escolar, quiere decir que se perdieron miserablemente 2 mil 720 millones de pesos. El asunto se agrava si además hoy se sabe, con esta filtración publicada aquí en El Sur el lunes pasado, que existen 2 mil 410 comisionados cobrando 4 mil 816 plazas. O sea que además de no hacer nada a favor de la educación perciben ingresos de dos o tres plazas algunos de ellos.

Todavía el contralor interno de la SEG, Marco César Paris Peralta, amenaza con ejercer acción penal en contra de quienes resulten responsables de haber filtrado las listas de las nóminas en las cuales aparecen los nombres de los aviadores. Esta bravata del funcionario no se cumplirá, pues todos sabemos que, tal vez con algunas precisiones, el asunto es cierto. Sucederá con esta amenaza de Paris Peralta lo mismo que con la bravata del gobernador Juárez, cuando aseguró que devolvería la responsabilidad de la educación pública a la federación porque no se le entregaban los recursos suficientes para su operación.

La forma poca escrupulosa de ejercer el gasto público descalifica al gobierno del estado para quejarse de recortes en el presupuesto de la educación, lo primero es gastar con transparencia y pulcritud el dinero asignado para después exigir más recursos, pues obviamente lo que se tiene para el gasto educativo guerrerense es insuficiente si queremos contar con una educación de calidad que nos ayude a superar nuestros ancestrales rezagos y tener un presupuesto más alto contribuye a este propósito. 

La inclusión de personas que cobran sin laborar en la Secretaria de Educación Guerrero es un tema bastante conocido que a decir verdad no se inició con el actual gobierno estatal, el cual tampoco ha hecho nada por superarlo, más bien lo ha incrementado al incorporar a sus propios aviadores.

Para nadie resulta sorprendente este asunto, pues ha sido una práctica recurrente de los gobiernos emanados del PRI, que algunos de sus más distinguidos militantes cobren en las nóminas del gobierno, sobre todo ahora que ya no tienen algunas de las posiciones del gobierno federal y algunos ayuntamientos tan importantes como Acapulco.

Este penoso caso que nos ocupa es uno más de los lastres que impiden que en el estado de Guerrero, la educación pública sea de la calidad requerida para la mejor formación de nuestros niños y jóvenes.

La desviación de recursos públicos es algo que debe ser sancionado de manera ejemplar para que no ocurra y lesione el interés de la sociedad, es aquí en donde los ciudadanos queremos ver a nuestros representantes populares, los diputados locales, federales y senadores para que exijan la inmediata suspensión de estos pagos y la devolución, por quienes se han beneficiado, de este dinero malhabido. Aunque mucho me temo que, por la actitud permanente de sometimiento del poder Legislativo local al Ejecutivo, ni siquiera les hagan caso como ocurre siempre que la sociedad guerrerense ha sido ofendida por el gobierno estatal.

Si todos coincidimos en que es la educación el medio por el cual habremos de superar los graves rezagos que padecemos, con esta situación que prevalece en la educación pública de la entidad tendremos que reconocer y admitir que la sociedad guerrerense no tendrá nunca la posibilidad de salir de la postración en la cual está viviendo, a menos que se empiecen a tomar medidas para que esto no siga sucediendo.

PD: Una felicitación al señor procurador Ramírez Guerrero por la forma eficiente en que se atiende al público que acude a esa dependencia a tramitar cartas de antecedentes no penales. Aunque también le pregunto porqué no se entregan los comprobantes de pago por $86 pesos que cobran por la expedición del citado documento.