Ni a las mineras ni al gobierno les importa dañar el ambiente y a los pueblos, reprocha la CRAC

Sergio Ferrer

Once frentes contra la mega minería manifestaron su rechazo total al modelo nacional de desarrollo extractivista minero que se pretende imponer en sus territorios. Comunicaron su llamado de unidad a los pueblos y organizaciones que padecen los efectos de esta extracción tóxica y condenaron los asesinatos sistemáticos contra sus compañeros de lucha.

Los movimientos antiminería demandaron una modificación urgente a la Ley minera, frenar la devastación ambiental visto como un ultraje a la madre tierra, además de exigir un alto al saqueo de los recursos de los mexicanos.

“La actividad minera, sólo efectúa un pago simbólico de entre cinco y 111 pesos por hectárea concesionada, sin pagar ningún otro impuesto. Para las empresas es ganar-ganar, mientras que para los pueblos y el Estado, es perder-perder”, critican las organizaciones.

Los representantes de pueblos denunciaron que dondequiera que hay resistencia ante el despojo de los recursos de la nación, el Estado mexicano y las empresas mineras –a través de sus guardias privadas que intimidan y agreden a las poblaciones y a los activistas– han venido incrementando la represión en contra de los movimientos anti mega minería tóxica.

Los asesinatos de Baltasar Loredo en San Luis Potosí; de Mariano Abarca en Chiapas; de Betty Cariño, Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez Sánchez en Oaxaca, así lo manifiestan.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Cencos en la Ciudad de México, se exhortó a la Secretaría de Economía a colocar en su página el número exacto de concesiones que están dando, y que han quitado esa página luego de las movilizaciones en contra de la minería a cielo abierto.

Un dato corroborado es que el 30 por ciento del territorio nacional está concesionado en su mayoría a empresas extranjeras, las más son canadienses pero también hay estadunidenses, españolas, australianas e inglesas.

José Medina, Pablo Guzmán y Eustacio Vázquez, reconocieron que en varias regiones del país han luchado recientemente por impedir la instalación de mineras de tajo a cielo abierto que consideran altamente tóxicas, pero a pesar de existir experiencias de lucha social y política la tendencia señala, dijeron, que los monopolios mineros en complicidad con el Estado persisten en su labor de saqueo y despojo de recursos minerales.

Pablo Guzmán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Policía Comunitaria en San Luis Acatlán, Guerrero, tachó como traición a la patria el que a través de las concesiones se dé “derecho a los extranjeros para destruir miles de hectáreas desapareciendo la flora y fauna, asimismo lugares sagrados donde las comunidad realizan rituales de petición de lluvia, a San Marcos, en Guerrero, Wirikuta, en muchas partes”.

Reprochó que ni a las empresas ni al gobierno les importe la ecología ni la dignidad de los pueblos de México, “es gravísimo, llamamos con el corazón y sentido a todos los mexicanos a detener esta depredación”.

Eustacio Vázquez, representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), San José del Progreso, Oaxaca, relató que “la minera ha llegado a saquear los recursos engañando a la gente”, por lo cual denunciaron que ante la complicidad de autoridades municipales, luego de cuatro años en la lucha no se ve la forma de detener a los empresarios, al contrario han asesinado a compañeros por defender la tierra.

Contó que del primer asesinato a un integrante del frente contra la minería, asesinaron 40 días después, el 15 de marzo a otro compañero para callar su movimiento pero, “queremos decirle que no vamos a parar hasta sacarla del pueblo la gente está decidida a seguir luchando”, afirmó.

Agregó que en este periodo presidencial es cuando más se han dado concesiones las cuales representan la llave del despojo.

José Federico Medina, representante de los Accionistas de Impulsora Minera de Angangeo, Michoacán, se declaró inconforme con el despojo de su mina y pidió apoyo a la clase política e incluso a la ONU.

Medina contó que desde 1953 hasta 1990 fueron un pueblo minero. Ahora tras 20 años de lucha exigen al gobierno entregue la mina que es utilizada para sobrevivir no para negocio.

Las acciones de la impulsora que pertenecían al Estado de México y del gobierno de Michoacán, fueron vendidas a empresas privadas y no se ha preservado el santuario de la mariposa Monarca como engañó el gobierno.

El activista señaló que Felipe Calderón, recientemente declaró al poblado como el Pueblo Mágico 51 pero es contradictorio que la belleza se vaya a acabar porque en realidad han vendido la mina a Industrial Minera México, “dijeron que nos la entregarían pero sólo vemos talamontes y depredadores mineros que están comprando una tranza”.

Dio a conocer que Industrial Minera, causó hace años un accidente como el ocurrido en Pasta de Conchos, contrario a la forma en que los locales extraían el material de la mina.

El comunicado difundido por los representantes, agrega que la mega minería tóxica sólo ha dejado una profundización de la pobreza, devastación de grandes extensiones del territorio nacional, muerte, contaminación, pueblos divididos y confrontados, destrucción del tejido social comunitario, daños irreversibles a la salud, en suma la madre tierra destruida.

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A decir de las agrupaciones y activistas, la minería, una actividad esencialmente privada que genera jugosas ganancias, es tratada en la ley como una actividad de utilidad pública, refieren que esa es la premisa y la justificación para el despojo de las tierras, territorios y el saqueo de los minerales.

Es así que bajo el manto de la utilidad pública, las concesiones mineras se convierten en mecanismo  de despojo, otorgándose  sin consultar a los legítimos dueños de los territorios.

Este carácter de utilidad pública lleva a que, si los dueños legítimos de un territorio no están de acuerdo con la actividad minera, proceda la ocupación temporal, la expropiación forzosa u otras formas de despojo, lamentan grupos organizados, por otra parte destacaron que la ley minera actual es una especie de pliego petitorio de empresarios mineros que legaliza el saqueo de recursos.

El documento lo firman además de los movimientos contra la mega minería tóxica señalados en la nota; Pro San Luis Ecológico, San Luis Potosí, Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, Medio Ambiente y Sociedad, Baja California Sur. Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpan de Méndez, Oaxaca, Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales (La Vida). REMA-Chicomuselo, Chiapas y ANNA- Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.