Mayoritean priistas y panistas y aprueban un dictamen contra la despenalización del aborto
*Del PRD, Ana Lilia Jiménez Rumbo fue la única que apoyó el documento. Votaron en contra los perredistas Nicanor Adame Serrano, Oscar Díaz Bello y Alejandro Arcos Catalán, así como Laura Arizmendi, de MC. Roger Arellano Sotelo, del PRD, se abstuvo. Recoge la postura eclesiástica y declara la protección de la vida desde el momento de la “concepción”. “Este dictamen es una falta de respeto”, dijo Nicanor Adame
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Como se esperaba, siete de los 15 diputados integrantes de las comisiones unidas de Equidad y Género, Salud y Justicia del Congreso local aprobaron ayer un dictamen en contra de la propuesta de despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación.
Siete diputados de las comisiones unidas firmaron el dictamen que desecha la iniciativa que envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero en la que se proponía reformar, adicionar y derogar artículos del Código Penal y de la Ley de Salud.
Los diputados que votaron a favor del dictamen que desecha la propuesta de despenalización del aborto son los priistas Julieta Fernández Márquez, Verónica Muñoz Parra y Omar Jalil Flores Majul; del PAN, Delfina Concepción Oliva Hernández y Jorge Camacho Peñaloza; del PVEM Karen Castrejón Trujillo y la perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo.
Fueron nueve votos a favor del dictamen porque la diputada Verónica Muñoz Parra y Karen Castrejón votan en dos comisiones cada una.
En contra del dictamen votaron los perredistas Oscar Díaz Bello, Nicanor Adame Serrano y Alejandro Arcos Catalán, así como la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Arizmendi Campos, mientras que Roger Arellano Sotelo, también del PRD, decidió dejar solos a sus compañeros y decidió no votar.
La última reunión de las comisiones unidas fue abierta al público por la intervención de los diputados perredistas Ana Lilia Jiménez y Roger Arellano, presidentes de las comisiones de Equidad y Género y Salud, porque en reuniones anteriores el panista de la Comisión de Justicia, Jorge Camacho Peñaloza, prohibió la entrada de los reporteros.
Para la reunión de ayer a las 10 de la mañana (que inició minutos después de las 12) se esperaba, porque así lo agendaron los diputados, la visita de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lambertina Galeana Marín, para escuchar argumentos legales que pudieran servirles para aceptar o desechar la propuesta del gobernador, pero nadie la invitó y por eso no llegó.
Por lo que los diputados que están en contra de la despenalización y que eran mayoría, insistieron en dictaminar, pero sólo el perredista Nicanor Adame Serrano se manifestó en contra y pidió a sus compañeros a reagendar la reunión, pues consideró que tenía que continuar el análisis escuchando a los grupos a favor y en contra, pero sobre todo tener elementos jurídicos y médicos.
Los diputados reunidos en la sala José Francisco Ruiz Massieu votaron para decidir si en esa reunión se votaba el dictamen o no, y mayoritearon a los que están a favor de la despenalización.
En la propuesta del gobernador se propone a los diputados redefinir el tipo penal de aborto, para que sea sancionable únicamente después de la decimosegunda semana de gestación, y también redefinir el concepto del embarazo, para que se entienda a partir del momento de la implantación del embrión humano en el endometrio.
También se pedía establecer el tipo penal de aborto forzado, así como sus sanciones y determinar las excusas absolutorias no punibles para el delito de aborto, estableciendo así las actividades y servicios para la atención de la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar, como la denominada interrupción legal del embarazo que tendría que realizarse de manera gratuita.
Pero el dictamen en contra argumenta que a partir de la modificación en 2011 en materia de derechos humanos en la Constitución de la República se establece como obligación de todas las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizarlos tal como lo establecen los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, lo que favorece y brinda mayor protección a las personas.
Los siete legisladores que votaron a favor del dictamen interpretan la protección de la vida desde “la concepción”.
También argumentaron que de realizarse la modificación entonces la legislación guerrerense ya no estaría armonizada con la de la mayoría de los estados y citaron los casos de Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Puebla y Sonora, pero no hablaron de la legislación del Distrito Federal, que permite el aborto en las primeras 12 semanas, reforma que tiene el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras la lectura completa del dictamen, que realizó el diputado panista Jorge Camacho ayudado por la perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo a solicitud del priista Omar Jalil, que solicitó se leyera todo sin ninguna omisión debido a que Camacho Peñaloza pretendía no leer las legislaciones de otros estados.
Dictamen tendencioso, religioso y mañoso
Después sometieron a discusión el proyecto del dictamen, y el perredista Nicanor Adame Serrano afirmó que está lleno de inconsistencias jurídicas y científicas, por ejemplo dijo que en los considerandos médicos no se considera una definición de embarazo que tiene la Organización Mundial de la Salud.
Criticó que en el dictamen se utilice el término “concepción”, al ser éste un término religioso, y expresó que “es ridículo el dictamen, es inconsistente”.
Recriminó que en el dictamen se incluyeran sólo las posturas de los ministros de la SCJN que estaban en contra de la despenalización del aborto, y no la de los que estuvieron a favor, que fueron la mayoría, entre ellos el de Olga Sánchez Cordero.
“Este dictamen es una falta de respeto”, dijo, y lo calificó como “tendencioso”.
Reprochó que en ningún momento mencionará el dictamen el derecho de las mujeres a decidir si son o no madres, y dijo que con ello se pretende seguir obligando a las mujeres a terminar embarazos no deseados.
Nicanor Adame preguntó cuál era la prisa para dictaminar, cuando no se dieron el tiempo para escuchar posturas jurídicas, o de quienes están a favor como fue el caso de la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, a quien no quisieron recibir el miércoles pasado.
Recordó a los diputados que apoyaron el dictamen que el acuerdo que tenían es que se tomarían “el tiempo necesario” para dictaminar.
Dijo que existe un subregistro de los abortos clandestinos, porque no se pueden tener números exactos a partir de que éstos son penados, por lo que consideró que debe haber muchos más de los que se conocen.
“Yo como legislador no tengo la autoridad para imponerle una maternidad forzada a una mujer, yo no puedo obligarlas a ser madre, estamos abusando de nuestro poder para imponerles una forma de vida violentando sus derechos, yo seguiré respetando la libertad de conciencia de las mujeres”, insistió el diputado perredista.
Expuso que la decisión de seguir penalizando la interrupción del embarazo “va en contra de un Estado laico, democrático y plural”.
La postura de diputado Nicanor Adame ameritó el aplauso de los asistentes, quienes en su mayoría lo felicitaron.
Pero Camacho Peñaloza amenazó a los asistentes para que guardaran silencio, de lo contrario indicó que podrían salir de la sala, y pidió a la diputada Karen Castrejón buscar la definición de “concepción”, la cual dijo es el acto de quedar fecundada una hembra.
La diputada de MC, Laura Arizmendi, estuvo en desacuerdo con el dictamen porque dijo que se pretende dejar a la iniciativa para despenalizar el aborto y a los que la respaldan como promotores de la muerte, cuando lo que se pretende es dar garantías de salud a las mujeres que deciden hacerlo y que no vayan a la cárcel.
Alejandro Arcos Catalán argumentó también su voto en contra del dictamen que desecha la propuesta de despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de embarazo, porque no se consideran los derechos de las mujeres, como el de la maternidad libre.
Dijo estar a favor de la vida y no de la muerte como se les pretende marcar en el dictamen, y que el aborto es una práctica universal y recurrente y que se lleva a la legislación “una doble moral”.




