No declararon bajo tortura los presos de la CRAC en Las Cruces, dice un abogado

*En los certificados de integridad física de la Procuraduría y los exámenes físicos que les realizaron no se mencionan lesiones, afirma Fausto Ramírez

El asesor legal de tres personas que acusaron de secuestro a integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazó que los seis policías comunitarios presos en la cárcel de Las Cruces en Acapulco hayan declarado bajo tortura, como declararon en el juzgado y se publicó en estas páginas el 6 de junio.
Mediante un escrito dirigido a El Sur, el abogado Fausto Ramírez Arroyo señaló como evidencia la declaración ministerial de los inculpados, asistida por un abogado de oficio, los certificados de integridad física de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los exámenes físicos que les realizaron en la Dirección de Reinserción Social cuando fueron internados en el penal, y no se mencionan lesiones.
“Para que la sociedad no se deje ir por manifestaciones tendenciosas que están en la nota”, subrayó que sus representados, Eugenio Sánchez González, Dulce Rubí Burgos Pérez y Yesenia Castillo Meza fueron víctimas de delitos, maltrato, y obligados “de una forma casi esclavista” a realizar actividades de campo.
Este caso, es de las personas detenidas por la Policía Comunitaria de Olinalá que fueron llevadas a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, para someterlas a un proceso de “reeducación” de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades indígenas incorporadas a la CRAC, y cuya denuncia en la PGJE también motivó la detención de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, quien está en una prisión federal en Tepic, Nayarit, y de Arturo Campos Herrera quien está en el penal de máxima seguridad de Almolonga, en el Estado de México.
El abogado menciona que el 22 de agosto del 2013 la Policía Ministerial puso a disposición del Ministerio Público al coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco y a los policías comunitarios Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florencio García Castro y Benito Morales Justo, “por la comisión flagrante” de delitos como privación ilegal de la libertad de sus defendidos.
Fueron acusados de secuestro en el fueron común y delincuencia organizada en el fuero federal, aunque por el segundo fueron exonerados por un juez del Tribunal Unitario de Distrito.
El abogado indicó que en los exámenes físicos no se apreciaron lesiones externas recientes ni visibles en los detenidos, y el 23 de agosto (no obstante que fueron asistidos por un abogado de oficio) en su declaración ministerial reconocieron que pedían dinero a cambio de la liberación de los detenidos.
De la declaración ministerial de García Francisco (que desconoció en una audiencia de desahogo de pruebas la semana pasada), destacó lo siguiente: “Nestora Salgado dirige a los elementos de la Policía Comunitaria de Olinalá y suben a su gente al Paraíso para su reeducación consciente de que se ponen a trabajar, proporcionándoles dos comidas al día, las tenemos estrechamente vigiladas, intimidándolos o diciéndoles que si pretender irse los matamos”.
De García García, en el mismo expediente aceptó que cuando fueron a visitar a un detenido dijo a sus familiares que “si no juntaban la cantidad de 20 mil pesos ya no iba a ver a su familia”.
De la declaración de García Carmen destacó “que a las personas que no daban dinero de forma voluntaria se les ponía a trabajar y a quienes no querían trabajar no se les daba de comer”.
Incluso dijo que “Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos les indicaban que pidieran a los familiares de los detenidos la cantidad de 30 mil pesos por su liberación y sino entregaban el dinero los castigaban como peones en las tierras del campo”.
De la declaración ministerial de Francisco Ambrosio señaló “que si alguna persona detenida quería arreglar algún tipo de problema tenía que dirigirse con Gonzalo Molina, Nestora Salgado y Arturo Campos, ya que estos eran los que cobraban a las familias de los presos para que salieran en libertad”.
Mientras García Castro aceptó en el MP “que su función  consistía en cuidar personas detenidas que salían a trabajar a las tierras propiedad de la Policía Comunitaria, de los consejeros o de los coordinadores, lo que consiste en sembrar, limpiar, cortar leña y todas las actividades relacionadas con el campo”.
Y Morales Justo dijo “que a las personas que no cooperaban con ellos se les pedían diversas cantidades de dinero para apoyar a la CRAC… que se les golpeaba a los detenidos para que obedecieran las instrucciones”.
En la diligencia del jueves pasado los integrantes de la CRAC negaron las acusaciones de secuestro y las declaraciones que firmaron en el MP bajo tortura. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).