Moisés Alcaraz Jiménez

Elecciones y fuerza pública

En ninguna parte del mundo se ha solucionado el problema del ambulantaje y el comercio informal a través de desalojos violentos. Tampoco mediante reubicaciones pacíficas.

En la ciudad de México, por ejemplo, desde hace varias décadas se han puesto en práctica estos dos procedimientos y ninguno de ellos ha terminado con este problema. En esa gran ciudad, se han abierto espacios a manera de pequeños mercados donde se han reubicado a los vendedores establecidos en la vía pública. La medida ha resultado efectiva solo de manera temporal porque al paso de los meses otras personas o los mismos desalojados con anterioridad vuelven otra vez a ocupar esos lugares.

En el Distrito Federal y en otras partes del país, también se ha optado muchas veces por el uso de la fuerza pública, pero el problema no sólo persiste, sino que hay casos en que ha crecido.

El fracaso de estas medidas se debe a que el asunto va más allá de la simple recuperación de banquetas, remodelaciones o reordenamientos viales. Estamos ante un problema social sumamente complejo y no de embellecimiento urbano, que tiene sus raíces en lo más profundo de las injusticias que caracterizan al actual modelo económico que sólo produce millones de pobres y cancela las oportunidades de desarrollo. Este es un problema social al que tiene que darse una solución social, más que de fuerza o abusos de poder.

La pobreza es la parte más determinante de esta problemática que, sin embargo, tiene diversas facetas, especialmente en el caso de Acapulco, donde en el comercio callejero inciden varios factores, entre los cuales destaca la corrupción de funcionarios de administraciones municipales pasadas y el clientelismo político practicado por pseudolíderes que aquellos funcionarios no sólo toleraron sino que alentaron hasta producir verdaderas mafias cuyos integrantes, además de enriquecerse insultantemente, obtuvieron mediante esas prácticas cargos de elección como regidurías o diputaciones, o ambas cosas.

Por tratarse de un asunto muy heterogéneo –inclusive entre los propios vendedores ambulantes y semifijos existen marcadas diferencias–  para su solución deben aplicarse medidas diversas como diferentes son también las causas de este fenómeno que no se puede medir con el mismo rasero ni acepta tratamientos parejos e indiscriminados.

Se trata de un mismo problema con diferentes vertientes que si bien no afloran a la luz pública, es necesario detectarlas, analizarlas y con base en ello tomar las medidas procedentes buscando que al aplicar la ley no se produzcan injusticias sociales mayores.

Dentro de lo que se conoce como comercio informal existen diversos grupos: primeramente están aquellas personas verdaderamente precaristas que a base de esfuerzos y de soportar ser acarreados políticos, se hicieron de algún espacio en la vía pública para vender algunos productos y tienen a esta actividad como su única fuente de ingresos.

Hay otros que tienen más de un lugar en diversos puntos de la ciudad y otros más que teniendo sus locales establecidos de manera formal en mercados, invaden arterias o aceras para obtener ingresos adicionales.

El primero de estos grupos, al parecer mayoritario, es el que requiere del más amplio apoyo gubernamental, mientras que a los dos últimos es necesario combatirlos de la manera más drástica posible, junto con quienes los dirigen.

La tarea es de gran magnitud y parece imposible. Sin embargo, alguna alternativa tendrá que haber para no mandar al desempleo o a la delincuencia a miles de personas que sobreviven gracias a esta actividad que, mientras persistan las profundas estructuras de un modelo económico injusto y un viejo sistema político que se niega a morir, jamás podrá ser erradicada, sino sólo controlada mediante una especie de paliativos que harán las veces de medidas mínimas de control, pero no extinguirán el problema.

Por otra parte, la decisión tomada por las autoridades municipales se hizo en el momento menos oportuno para el  PRD y mas favorable al PRI, que sin duda alguna sabrá capitalizarla.

El hecho podrá ser aplaudido por empresarios y ricos comerciantes establecidos, pero para el grueso de los votantes no deja de ser una medida antipopular de fácil explotación electoral que a la oposición le puede acarrear grandes beneficios, son medidas extremas que afectan la imagen de cualquier gobierno y su partido y que tomadas en tiempos de campañas electorales muy parejas, pueden inclinar la balanza a favor del adversario.

Hasta los principiantes en estos menesteres aconsejan posponer para tiempos más propicios actos que puedan alterar las preferencias electorales. Si no fuera porque existe la plena certeza de que Zeferino Torreblanca tiene su corazón amarillo, se pensaría que está actuando deliberadamente para favorecer al PRI.