Nuevo desalojo de comerciantes en La Bodega, de Zihuatanejo

Brenda Escobar y Marisela Santos, corresponsales, Zihuatanejo * Durante la madrugada de ayer lunes, los comerciantes situados en el lugar conocido como La Bodega –ubicado estratégicamente en el centro de esta ciudad– fueron desalojados por segunda ocasión con violencia por policías de Seguridad Pública, en cumplimiento de una orden girada por el ayuntamiento porteño, para que éstos sean reubicados a un lado de la plaza de la Libertad de Expresión.

Medio centenar de policías preventivos y de bomberos se apersonaron en el lugar donde hubo un primer desalojo la madrugada del sábado 15, y sin dar tiempo a que reaccionaran los 10 comerciantes afectados junto con otros compañeros más que se encontraban solidarizándose, fueron atacados con gases lacrimógenos y con agua.

En la acción, los policías preventivos golpearon a las vendedoras Hezabel Mirjam Matías Martínez, Guadalupe Valle Ambriz –que ya había sido agredida–, Virginia Cabrera Gallardo, Lucila Javier Carpio y Lucero Jazmín Matías Martínez, de 21 años de edad y con tres meses de embarazo; así como también atacaron al señor Carlos Javier Carpio, además de rociar gases lacrimógenos a los presentes para obligarlos a salirse.

Con el chorro de agua de las mangueras, los bomberos mantuvieron alejados a los miembros de la Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos y Ambulantes, “Por el Derecho Constitucional al Trabajo”, quienes ante el desalojo, permanecieron protestando con pancartas frente a su anterior centro de trabajo, al otro lado de la avenida Benito Juárez.

Al respecto, la representante de esta organización priísta conocida también como Los Rojos, Cristina Domínguez Santos, calificó este segundo desalojo como “una acción represora” por parte del gobierno de Jorge Allec Galeana, “porque quiere que nos cambiemos a los locales de la plaza, pero sin garantizarnos que éstos van a ser propiedad de mis compañeros que durante doce años han permanecido en La Bodega”.

Domínguez Santos agregó que “el ayuntamiento nos ha humillado y pisoteado nuestros derechos como seres humanos, porque sólo la gente que no tiene capacidad para dialogar realiza acciones tan represoras, no es justo que hayan regresado como si fueran delincuentes y nos hayan golpeado, nos echaron gases lacrimógenos y encima nos mojaron los bomberos, nosotros no estamos cerrados a dialogar, pero sometiéndonos de esa manera no se puede lograr”.

Luego de deliberar durante cinco horas, los locatarios afectados, los comerciantes solidarios y la líder de esta agrupación, realizaron una manifestación de protesta que partió de la plaza de la Libertad de Expresión hasta el ayuntamiento de esta ciudad, con pancartas en rechazo al desalojo y contra el presidente municipal.

Al llegar al ayuntamiento porteño, los inconformes esperaron media hora, exigiendo ser atendidos personalmente por el alcalde, pero los atendió el director de Gobernación municipal, Raúl Ignacio Galeana Ramírez, quien invitó a la señora Cristina Domínguez y a los 10 locatarios de La Bodega a pasar a la sala de cabildos.

Por su parte, la administración municipal, mediante el secretario del ayuntamiento, Raúl García Urióstegui, dijo que las autoridades actuaron conforme a derecho, que no hubo violencia y que las movilizaciones de los vendedores responden a “intereses mezquinos” de dirigentes del PRD y PRS que quieren sacar provecho político del conflicto.

En entrevista, García Urióstegui informó que durante el desalojo remitieron por una hora a la Dirección de Seguridad Pública al vendedor Alberto Matías Alarcón, primo del director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, Lucas Nava Brito, y el propio García Urióstegui retó a los vendedores a presentar evidencias de golpes. 

No hay diálogo 

Los comerciantes desalojados y el secretario Raúl García Urióstegui rompieron el diálogo tras una ríspida reunión en donde ambas partes radicalizaron sus posiciones.

García Urióstegui propuso ahí hacer una consulta ciudadana para que los vendedores se reubiquen en los locales anexos a la Plaza de la Libertad de expresión, e incluso advirtió que si no los ocupan, el ayuntamiento va a asignarlos a vendedores ambulantes de otras zonas del centro de la ciudad.

Enfatizó que no quitará la vigilancia policiaca del predio y que la actual administración priísta no permitirá que se vuelvan a posesionar del área porque tienen el compromiso de hacer efectivo un convenio con los almacenes de Telas García.

Luego, cuando llevaban una hora de discusión, García Urióstegui reclamó la promoción de un amparo contra el ayuntamiento por parte de los comerciantes cuando estaban a punto de llegar a acuerdos, y luego dijo que no había nada de que hablar.