Por tercera ocasión, cierran los accesos a la alcaldía de Atoyac

De la corresponsalía, Atoyac * Por tercera ocasión, integrantes de las organizaciones sociales que se mantienen en huelga de hambre afuera del Palacio Municipal de Atoyac, volvieron a tomar, por cuatro horas, esas instalaciones.

Los inconformes cerraron los principales accesos del ayuntamiento, por lo que impidieron la salida del personal e ingreso de ciudadanos.

La manifestación fue en apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos Jacobo Silva Nogales, en la Palma, y los de los ceresos de la entidad.

Durante la movilización, algunos participantes indicaron que el gobierno estatal informó al alcalde Acacio Castro Serrano que no pueden hacer nada en el caso de Jacobo Silva Nogales, “pero no dan respuesta a las peticiones de los presos de Acapulco y Chilpancingo”, por ello señalaron que seguirán actuando con este tipo de medidas.

En tanto, a los trabajadores de la Comuna les permitieron abandonar el inmueble hasta que cumplieron su horario de trabajo.

Allí, algunos dirigentes como Rocío Mesino, de la OCSS, señaló que saldría sólo el personal de oficina, pero que se quedarían algunos directores, regidores y el alcalde, a fin de dialogar.

Por su parte, la luchadora social Hilda Flores Solís rechazó la protesta, con el argumento de que era “anticonstitucional, esa no es la manera de solucionar las cosas”.

La noche de ayer, el líder del Movimiento Social de Izquierda, Ranferi Hernández Acevedo, se dijo preocupado por la salud de Hilario Mesino Acosta, quien se mantiene en huelga de hambre, pues consideró que por su edad, 55 años, no soportara los estragos.

Señaló que por invitación de Ericka Zamora Pardo participarán en una manifestación pública frente a la Secretaría de Gobierno, en la ciudad de México, “pues es urgente que se evidencie el poco interés que las autoridades han puesto en el caso”. 

Al preguntarle quiénes son los presos podrían ampararse con la ley de amnistía, Ranferi Hernández expresó que serían aquellos que tienen en su proceso una recomendación de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Cito como ejemplo los casos de Alfredo Barragán Rentería y Omar Guerrero Solís.

Citó el caso Fidel García, quien fue detenido en la comunidad de Zocoyotzintla, en Aucotzingo, y torturado por soldados del Ejército Mexicano.

Ranferi Hernández aseguró que confía en las recomendaciones que ha emitido la Codehum, pero que en la determinación de quién puede considerarse un preso político también deben participar las Organizaciones No Gubernamentales, “porque se tiene la certeza que el gobierno del estado tendrá en la mira a determinados presos políticos, y tal vez las ONG no estarían de acuerdo”.

Adelantó que si la gestión del día 20 de junio en el DF, y la marcha del 18 de julio en Chilpancingo, no dan resultado, se organizarán a nivel nacional e internacional para que el gobierno federal cumpla con los compromisos que adquirió frente a la sociedad mexicana.