José Reveles

PGJDF molesta e indigna

 Esa contumaz y abusiva costumbre que antes practicaba sólo la PGR para intentar presionar a periodistas a fin de que revelen fuentes de información, la retomó la Procuraduría capitalina frente a su propia incapacidad investigadora.

Aferrada a su conclusión de que la abogada Digna Ochoa antes de quitarse la vida fingió e inventó amenazas de muerte y prefabricó un escenario para hacer aparecer como asesinato el suicidio, la fiscalía se empecinó en no volver la vista –con la misma seriedad y profundidad con la que escarbó en la vida personal de la abogada veracruzana– hacia posibles pistoleros de los caciques de Guerrero, militares o los servicios de inteligencia del Estado como ejecutores de un crimen cuasi perfecto.

Puesto que la presencia de sicarios no encajaba en el cuadro que se habían formado de la escena en que perdió la vida de dos balazos Digna Ochoa, los investigadores no le concedieron importancia a la línea Guerrero.

Hubo necesidad de que una acuciosa periodista, Maribel Gutiérrez, del periódico El Sur de Guerrero, descubriera que hubo un par de matones enviados  a la ciudad en México por el ex alcalde priísta de Petatlán y líder de ganaderos, Rogaciano Alba Alvarez, para liquidar a la defensora de campesinos ecologistas Digna Ochoa, para que agentes del ministerio público y agentes judiciales fueran enviados a la región para tratar de confirmar o desmentir esa inquietante versión.

Los dos sicarios señalados por testigos, Nicolás Martínez Sánchez El Cuarterón y Gustavo Zárate Martínez, Tavo, ya están muertos, acribillados en sendas emboscadas cerca de Petatlán en noviembre y marzo pasados.

A la Procuraduría General de Justicia del DF le fue imposible confirmar, por sus propios medios y personal, qué hubo detrás de las emboscadas en las que perecieron Nicolás, Gustavo y cuatro personas más. Lanzó entonces una ofensiva en contra de la periodista que contradijo la fácil versión del suicidio de Digna.

En forma incocebibile, molesta e indigna, exigieron a Maribel Gutiérrez que contestara 94 preguntas y proporcionara “nombres y lugares donde puedan ser localizados los testigos”.

Si la pesquisa criminaliza a Digna, esta vez se quiso culpar a una periodista por tener conversaciones con testigos, a quienes Nicolás Martínez se encargó de platicar como fue contratado para matar a la abogada en la ciudad de México. ¿Ni siquiera pudo la PGJDF reconstruir los movimientos de individuos señalados como pistoleros?

Detectives incapaces de hallar pistas de asesinos cuestionaron el hecho de que la reportera haya viajado varias veces a la conflictiva sierra guerrerense, ignorantes de que Maribel ha cubierto eficaz, puntual y profesionalmente movimientos sociales y abusos de autoridad en Guerrero durante muchos años.

Maribel exigió asentar en actas que no se respetó su labor periodística en un interrogatorio fuera de lugar. En efecto, la PGJDF demostró que sabe filtrar e intrigar, pero no investigar como obliga la ley.