Enuncian amenazas de muerte y hostigamiento a campesinos mixtecos

La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos–Tlapanecos “Hilario Ramírez Morales”, denunció actos de hostigamiento y persecución contra sus integrantes, que se han incrementado a partir del 7 de junio, cuando se conmemoró el cuarto aniversario de la masacre de El Charco.

El dirigente de la Organización, Arturo Campos Herrera, informó que al final de la celebración fue descubierto un espía que se hacía pasar por periodista, que mostraba una actutud agresiva, y por eso le quitaron una libreta. Desdpués del acto, encontraron en la libreta datos de los miembros y dirigentes de la Organización, y claves y direcciones a las que se comunicaba el espía, en el 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande y otras dependencias del gobierno. El espía trabaja presuntamente para Inteligencia Militar.

A raíz de ese descubrimiento, presuntos “colaboradores” de la Policía Judicial del Estado en la ciudad de Ayutla han estado tratando de intimidar a los miembros de la Organización “al perseguir a compañeros y compañeras, han mandado anónimos a cuatro compañeros y a tres compañeras de la organización amenazándolos de muerte”.

En un boletín de prensa, la OIPMT informa que en los últimos días “la persecución se ha dado de manera descarada y se ha incrementado sobre todo al parecer por la libertad de Erika Zamora, ya que los vehículos de la Policía Judicial del Estado han perseguido a los compañeros que se desplazaran en la ciudad de Ayutla”.

Agrega: “Nos molesta este tipo de actitudes de los policías judiciales, toda vez que si tienen algún requerimiento legal para nuestra comparecencia oficial ante autoridad competente, deben usar los canales legales adecuados para este fin y no tratar de intimidarnos, pues no van a lograrlo, ya que nosotros seguimos luchando para que se castigue a los culpables de la masacre del El Charco, los asesinos de otros compañeros dirigentes de nuestras organización y que a la fechan suman 10, a los culpables de las violaciones sexuales contra mujeres indígenas y de todo tipo de actos ilegales que cometen contra los campesinos e indígenas violentando sus derechos humanos”.

De estos actos culpan al comandante de la Policía Judicial y a sus jefes el procurador de Justicia del estado, al secretario general de Gobierno y el gobernador René Juárez Cisneros.

La OIPMT manifiesta que le preocupa que “se desate una escala represiva contra nuestra organización campesina, ya que en  los últimos meses hemos estado denunciando las violaciones sexuales que han contenido los soldados del Ejército federal contra mujeres indígenas, y al parecer existen elementos que apuntan a ello, pues no podemos dar otra explicación al hecho de que ahora en Ayutla, el comandante  de la policía judicial, es el mismo que participó en los hechos sangrientos de Aguas Blancas, así como el envío de anónimos, la persecución, la vigilancia ilegal a la oficina de nuestra organización y toda una serie de actos que realizan los judiciales contra diversos compañeros y compañeras de la Organización”.