Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

La Fiscalía Especial para Desaparecidos

¿Convalidación o Compromiso?

 Se cumplen casi seis meses de la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales Políticos de Pasado (en pocas palabras, la Fiscalía para desaparecidos). Las actividades hasta la fecha realizadas por esta dependencia, a diferencia de su largo nombre, han resultado mínimas por cuanto hace a los resultados obtenidos, manteniéndose más en el ámbito de las promesas de carácter público y dejando a un lado las acciones contundentes tendientes esclarecer los hechos y localizar a los responsables de las desapariciones (muchos de ellos ya señalados en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en las propias denuncias de los familiares de desaparecidos).

Las organizaciones de familiares de desaparecidos han señalado, desde el momento mismo de su creación, su justificado escepticismo sobre el actuar de la Fiscalía y los resultados que dicha dependencia pueda ofrecer; en principio porque es un órgano investigador que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que por más de 30 años se ha negado a indagar los crímenes cometidos por el Estado durante la llamada guerra sucia, haciendo oídos sordos ante los reclamos de los familiares y sobrevivientes de la represión política; y en segundo, dado el deprimente estado que guarda nuestro sistema de procuración de justicia, en donde, además de las carencias de carácter técnico-jurídico de las que adolecen los ministerios públicos, se le agrega la actuación que dichas dependencias han tenido en hechos delictivos donde se ha denunciado la participación de funcionarios o ex funcionarios con un gran peso político y que han culminado, en la mayoría de los casos, con la exculpación de los responsables y el ocultamiento de la verdad.

Lo anterior va ligado a otra preocupación que se podría desprender del actuar de la Fiscalía, y es el hecho de que ésta, lejos de investigar a quienes fueron y son responsables del delito de desaparición forzada, se aboque a la indagación de la vida y las actividades de los desaparecidos, en su mayoría y en ese entonces miembros de algún grupo armado insurgente, dejando en el papel a las víctimas como delincuentes y a los responsables como meros funcionarios que, de manera individual, cometieron errores en sus labores a favor de la seguridad del país. Lo anterior implicaría, no únicamente una ofensa para los familiares de los desaparecidos, sino una burla para el pueblo mexicano y una grave causal de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, dado los múltiples compromisos internacionales que éste ha adquirido en materia de derechos humanos.

Y es que, sin lugar a dudas, la labor de la Fiscalía no es sencilla, puesto que no se trata únicamente de señalar y consignar a los responsables de las desapariciones, sino que es requisito indispensable el ubicar el paradero de los desaparecidos como una forma de hacer vigente el derecho a la verdad tantas veces negado a los familiares y a la sociedad mexicana en general. Para que lo anterior pueda ser legítimo, se requiere, entre otras cosas, que la Fiscalía haga efectivo el derecho a la coadyuvancia de los familiares. Es verdad que es obligación irrestricta y exclusiva de la Fiscalía investigar los hechos y deslindar responsabilidades, pero también lo es, que es un derecho irrefutable de las víctimas (en este caso los familiares y organizaciones de desaparecidos) el conocer plenamente las acciones y actividades que desarrolle la Fiscalía dentro de las investigaciones, para de esta manera poder abonar, si fuera posible, todos aquellos elementos que se consideren necesarios para el cabal esclarecimiento de los hechos. Es pocas palabras, el acceso a las investigaciones sin restricción alguna para los familiares, es una forma de demostrar que efectivamente la Fiscalía pretende realizar un trabajo transparente y efectivo, de lo contrario siempre estará la duda sobre si labor de la Fiscalía realmente está dirigida a la búsqueda de la verdad.

La inmediatez y contundencia con la que actúe la Fiscalía Especializada sobre Desapariciones Forzadas en los casos que le han presentado y en aquellos de los que tenga conocimiento, será un parámetro para determinar la eficacia de esta institución y el real compromiso que ha establecido públicamente el Ejecutivo Federal para con la vigencia y observancia de los derechos humanos en México, y en el caso concreto, para aquellos familiares de desparecidos que han reclamado justicia desde hace casi tres décadas. En tal virtud, corresponde a la Fiscalía Especializada realizar una labor de investigación sin contemplaciones, que abarque toda la documentación existente, los testimonios y que se encuentre sustentada no únicamente en el tipo penal establecido en la legislación mexicana, sino en los Tratados y Convenios que sobre la materia ha ratificado el Estado mexicano, y en la jurisprudencia internacional que han emitido diversos organismos intergubernamentales de derechos humanos, sobre casos similares en otros países.

Es preciso señalar, que la presentación de las denuncias tienen varios objetivos que debe cumplir la Fiscalía para que su labor sea integral y efectiva, puesto que no sólo se pretende lograr la identificación de los responsables y la acción penal contra ellos, sino que como elementos inseparables, están el esclarecimiento de los hechos y la satisfacción del derecho a la verdad para los familiares de las víctimas y la sociedad mexicana en general, el otorgamiento de la reparación del daño para los familiares de las víctimas y el establecimiento de medidas que garanticen la no repetición de los hechos.