Demanda la OPIM el desafuero del alcalde de Ayutla; incumple la sentencia de la Coidh, dice

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Organización del Pueblo Indígena Mepha’a (OPIM) demandó al Congreso del estado que abra un proceso de desafuero contra el alcalde de Ayutla, Severo Castro Godínez, por incumplimiento de acuerdos institucionales derivados de la sentencia de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de Inés Fernández.
En el documento que ayer entregaron al Congreso, explicaron que en dos años de gobierno, el funcionario se ha negado a hacer las aportaciones que le corresponden al municipio para construcción de obras sociales y financiamiento de proyectos productivos, argumentando que él no firmó los acuerdos, sino el anterior presidente municipal, y por lo tanto no asume esos compromisos.
También ignoró los llamados del gobierno federal y estatal para atender los compromisos del municipio, meses antes de que él tomara posesión.
En la demanda de desafuero incluyeron oficios de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, del 25 de febrero de 2013 y el 7 de abril de 2014, respectivamente, donde le recuerdan al alcalde que hay un Plan de Acciones y Compromisos de los gobiernos federal, estatal y municipal para el desarrollo de los pueblos Me’phaa y Mixteca del municipio de Ayutla.
En dicho plan, que se acordó en marzo de 2012 con los tres órdenes de gobierno, el ayuntamiento de Ayutla se comprometió a invertir 4 millones de pesos en diversos programas y acciones de coinversión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, el gobierno federal aportaría 20.4 millones y el estatal 6.2 millones para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas.
Lo anterior, como parte de las acciones de reparación del daño que pidió la Coidh en una sentencia condenatoria para el Estado mexicano, por ignorar la demanda de justicia de dos jóvenes indígenas me’phaa violadas y torturadas por soldados del Ejército en diferentes eventos, Valentina Rosendo y Inés Fernández, esta última originaria de la localidad de El Camalote, zona de influencia de la OPIM.
Los demandantes recordaron que en abril de 2012 hubo reuniones de consulta con las comunidades para iniciar la reestructuración del plan de desarrollo, en octubre del mismo año solicitaron al alcalde verbalmente el cumplimiento de las acciones, insistieron en 2013 y la respuesta fue la misma negativa.
Señalaron que procede el revocación de mandato por violaciones graves y sistemáticas a los planes y programas que afectan los intereses de las comunidades indígenas, y las garantías individuales de los beneficiarios del plan acordado.
También pidieron que el Congreso dicte las medidas necesarias para que el ayuntamiento de Ayutla cumpla con las acciones y compromisos firmados el 11 de septiembre de 2012, y aporte la cantidad señalada para las obras que aprobó el cabildo en sesión del 23 de julio de 2012.
Entre las obras está una casa de salud en la localidad de Barranca de Guadalupe, una cancha techada en Barranca Tecoani, la construcción de comisarías municipales en El Camalote, Yerba Santa y La Unificada, la dotación de dos terrenos para construir una oficina y un comedor comutario de la OPIM.