Se violan derechos fundamentales de las mujeres, critica defensora el dictamen

Revela Silvia Castillo Salgado embarazos de niñas y que hay mil 700 denuncias por violaciones sexuales al año

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La defensora de derechos humanos Silvia Castillo Salgado dijo que los diputados de tres comisiones unidas no se dieron tiempo de conocer los casos de violaciones sexuales que llegan al Poder Judicial, para analizar su decisión sobre la despenalización del aborto, pues en el sexenio anterior se hablaba de mil 700 denuncias por año, sin considerar aquellas que sólo quedaban en actas de hechos y que ni siquiera se contabilizaban.
También denunció que el secretario Salud, Lázaro Mazón Alonso, opositor a la despenalización del aborto, tiró por la borda todo el trabajo que realizaron las organizaciones en dos administraciones anteriores, porque en este periodo diseminó al equipo de médicos con quienes se coordinaban y nunca aceptó reunirse con las feministas que promovían los derechos sexuales y reproductivos, que sí entablaron una comunicación con sus antecesores.
La directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos mencionó siete casos de violación, entre ellos el de dos niñas que fueron obligadas a tener a los bebés sin condiciones de vida.
Aclaró que estos casos surgieron de un programa de trabajo con diez mujeres que sufrieron violencia entre 2008 y 2011, de las cuales siete fueron violadas por familiares o vecinos y tres llegaron a la denuncia penal.
Señaló que el caso más crudo es el de una niña indígena del municipio de Chilapa, que se quedó al cuidado de su tía, una joven de 17 o 18 años, casada, porque su mamá se fue a trabajar a Estados Unidos.
Indicó que la niña, de 11 años de edad, resultó embarazada del esposo de su tía y nadie se dio cuenta hasta que tuvo problemas de salud y un médico determinó que tenía cuatro meses de gestación, y cuando presentaron la denuncia en el Ministerio Público nunca le dijeron que tenía derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Recordó que cuando las organizaciones la conocieron, tenía siete meses de embarazo y por su corta edad no estaba en condiciones de llegar a buen término el embarazo, así que le practicaron una cesárea a los ocho meses y se planeaba entregar al bebé en adopción.
Añadió que nació una niña y una mujer de la Iglesia la convenció de “no abandonar a la angelita”, y con 12 años cumplidos decidió quedarse con una bebé prematura que en tres días falleció en su domicilio.
“Ella no tenía plena conciencia de los cuidados que implicaba. Le afectó muchísimo, la tuvimos en atención psicológica un año y no logramos que se reintegrara a la sociedad. Se volvió agresiva, siempre estaba como culpándose de todo, tampoco tuvo una familia que la sustentara”, recordó.
De la denuncia penal, señaló que el agresor dijo que la niña lo había provocado y el MP no estableció ninguna medida para la protección o reparación del daño para la menor.
Asimismo, Castillo Salgado se refirió a otra niña que comenzó a ser violada por su vecino a los 12 años y resultó embarazada a los 14, y un juez impuso al agresor una sentencia de 10 años de prisión y una  reparación de 4 mil 400 pesos, porque el embarazo era “un daño relativamente grave”, y en el juicio de apelación los magistrados ratificaron la condena y la sanción económica.
Cuestionó que para jueces y magistrados del Poder Judicial, así como para los diputados de la 60 legislatura, las agresiones a las mujeres no sean temas de gravedad, y decidan a la ligera sobre derechos fundamentales.
Lamentó que los políticos ponderaron una postura que les puede retribuir en votos, y no en la problemática que atraviesan las mujeres y niñas.
Finalmente, indicó que dieron seguimiento a otra denuncia de violación, de una profesionista que denunció a un funcionario del gobierno del estado, pero por consigna, el juez determinó que no se acreditaba el delito.
La defensora indicó que en una sesión del Consejo de Prevención y Atención para la Violencia Familiar, donde acuden todas las secretarías, el TSJ, Congreso y ONGs, la entonces directora de atención a víctimas del delito, reveló que al año había mil 700 denuncias anuales por violación sexual.
Pero reconoció que la PGJE no tiene capacidad para sistematizar la información, pues a muchas querellas las víctimas no les dan seguimiento.
Además de las denuncias de hechos, que sólo quedan en actas y que se archivan sin siquiera contabilizarlas.
Incluso, la funcionaria aceptó que no había personal ni presupuesto en la dependencia para darle seguimiento a todos los casos, y de mil 700 denuncias no sabían cuántas terminaron en embarazo.
A pesar de que en septiembre de 2010 se aprobaron lineamientos para realizar la ILE en Guerrero, en determinados casos recriminó que ante tantos abusos sexuales, la Secretaría de Salud sólo autorizó tres abortos entre 2011 y 2013.
Destacó que el anterior secretario de Salud tuvo más apertura que Mazón Alonso, y permitió la impartición de cursos sobre la ILE, pero cuando llegó el nuevo funcionario del gabinete de Aguirre Rivero desarticuló todo el grupo de médicos y médicas, “los cambió de adscripción y se vino abajo lo que habíamos logrado con los gobiernos anteriores”.
Opinó que, como está metido de lleno en su campaña a gobernador, “es ignorante de la información que tiene la Secretaría de Salud y del proceso para realizar las ILES”.