Se “condena a las mujeres a practicarse los abortos en la clandestinidad”: Rosario Herrera

Anticipa que si el pleno del Congreso avala el dictamen que rechaza la despenalización, la Semujer ayudará a las mujeres a obtener amparos

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, reprochó a los diputados locales que votaron a favor el dictamen contra la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas, porque lo hicieron por cálculo político y mal interpretando los tratados internacionales firmados por México.
Ayer en conferencia de prensa en las oficinas de la dependencia, la funcionaria perredista dijo que ya esperaba un dictamen en contra de la iniciativa por la negativa de los diputados a recibirla y declaraciones que habían vertido en los medios, pero dijo que está sorprendida porque los representantes populares que hicieron el dictamen desecharan todos los “elementos objetivos” que tiene la propuesta del Ejecutivo.
El martes, siete diputados locales, tres priistas, dos panistas, una de PVEM y una perredista votaron a favor el dictamen que desecha la propuesta del gobernador Ángel Aguirre Rivero para despenalizar la interrupción del embarazo.
El dictamen fue adelantado y votado sin que hubieran concluido las reuniones de trabajo que tenían agendadas los diputados.
La secretaria de la mujer consideró que el dictamen no está argumentado y que no se contemplan garantías públicas a las mujeres ni se menciona cuántas interrupciones del embarazo hay en Guerrero.
Con el rechazo a la iniciativa de decreto que envió el gobernador también desecharon la iniciativa de reforma a la ley de salud en la que se establecen cambios referentes a la planificación familiar, “todo lo votaron en contra sin revisar”.
La funcionaria consideró que ni siquiera tuvieron la intención de revisar los tratados internacionales, manteniendo “su actitud prejuiciosa en contra de los derechos de las mujeres”.
Por eso consideró que el dictamen que votaron los diputados “tiene una gran dosis de autoritarismo”, porque obliga a las mujeres a tener todos los hijos aunque éstos no sean deseados, insistió.
Tras conocer el dictamen dijo que éste tiene una “severa declaración de absolutismo”, porque pretenden que en Guerrero haya una legislación similar a la que hay en estados gobernados por el PRI y el PAN.
La consecuencia de seguir penando el aborto y querer “armonizar” la ley de Guerrero con la de otros estados es la “condena de las mujeres a practicarse los abortos en la clandestinidad, ahora las orillan a los lugares más recónditos donde puedan realizarlos con el riesgo de muerte”.
Lamentó que desde el Congreso local se pretenda seguir criminalizando a las mujeres, sin resolver ningún problema de salud.
Dijo que los diputados que están en contra de la despenalización antes de las 12 semanas están “jugando una estrategia del autoengaño, autocomplacencia acompañada de intereses particulares y de cálculo político”.
Recordó que en la iniciativa se informó de los abortos clandestinos que se realizan en Guerrero, además de que argumentaron que es un problema real que sucede, pero los diputados prefirieron “cerrar los ojos”.
Dijo que actúan igual que “en la Santa Inquisición”, quedando un dictamen dogmático.
Lo anterior porque en lugar de armonizar los tratados internacionales en materia de derechos humanos se pretende hacer lo contrario, igualando la legislación de Guerrero con leyes retrógradas que existen en otros estados.
Recordó que México suscribió tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los que está la libre maternidad de las mujeres, y recordó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) de 2008, que declaró improcedente el artículo 4 de la Convención Americana que en su fracción primera dice que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Además de que la Constitución General de la República reconoce como persona mexicanas a los “nacidos” en el territorio nacional.
Y proyectó un fragmento de la exposición del jurista Diego Valadés Ríos, quien la semana pasada dijo en Acapulco que en varios estados de la República, como Nuevo León, se quiere establecer la obligación de la maternidad.
El abogado dijo también que la terminación del embarazo durante las 12 primeras semanas no controvierte a la Constitución, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2008, permitiendo la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Tras la resolución de los ministros de la SCJN el jurista adelantó que cualquier mujer puede abortar en los 32 estados de la República obteniendo un amparo, cuando por escrito el sector salud le niegue el servicio de la práctica de una interrupción del embarazo, y con eso cualquier juez de distrito tiene que darle un amparo porque no puede resolver de manera distinta a como ya resolvió la Corte.
Entonces la secretaria de la Mujer adelantó que si el pleno del Congreso local desecha la propuesta de despenalización del aborto en las primeras 12 semanas, entonces la Semujer estaría en condiciones de acompañar en el proceso de obtención de un amparo para que se le dé a las mujeres el derecho de interrumpir su embarazo.
La titular de la Semujer anunció que enviará hoy a los diputados locales la información que tiene en el tema, en espera de que con eso se logre cambiar la postura de algunos legisladores y cuando el dictamen se lleve al pleno se discuta, modifique y apruebe la despenalización del aborto en las 12 primeras semanas de embarazo.
De la supuesta encuesta que la presidenta de la Comisión de Equidad y Género dijo que realizó en la Costa Grande a partir de la que definió su voto en contra de la propuesta, la secretaria de la Mujer consideró que “hoy (ayer) se presente la encuesta, la metodología y la empresa, para que no pierda credibilidad antes de que pasen más días”.