A un año de hundir el Restigouche, no hay resultados de las investigaciones

 * Otra investigación quedó a cargo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el Comité de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local

  Alfredo Mondragón * Ayer se cumplió un año del hundimiento del barco de guerra Restigouche, que en su corta existencia benefició a un grupo de empresarios ligados al PRI. El Restigouche fue comprado con recursos públicos, parte de los mismos destinados al combate a la pobreza, con un costo de 3 millones de pesos, 2 millones aportados por el gobierno del estado, y uno por el ayuntamiento, junto con el barco Kootenay por el ex presidente de la Asociación Promotora Marítima de Acapulco (Apromar), Josafat Cortés Ramírez, y el coordinador del proyecto Arrecife Artificial Acapulco (AAA) –cuñado del entonces secretario de Turismo–, Carlos Estrabeau Urzúa.

Fue el 17 de diciembre del 2001 cuando  el barco antisubmarinos, modelo Cadillac, de la Real Armada Canadiense, fue comprado a la Artificial Reef Society of British Columbia. Félix Salgado Macedonio, entonces senador del PRD, presentó una demanda en la PGR contra la alcaldesa Ana María Castilleja y funcionarios del gobierno del estado, en la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos, que quedó registrada en el expediente 241FESPLES, y hasta la fecha no habido resultados de la indagatoria ni detenciones. La demanda ante la PGR, iniciada por Salgado Macedonio fue por los cargos de desvío de recuros públicos, contra la entonces alcaldesa priísta, Ana María Castilleja Mendieta; el secretario general del ayuntamiento, José Luis Avila Sánchez; el secretario de Planeación y Desarrollo, José Vega Luna, y el secretario de Administración y Finanzas, Rogelio Moreno Jarquín. La denuncia también incluía al secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, Carlos Sánchez Barrios, y al ex secretario de Fomento Turístico, Eduardo Marrón Orozco, cuñado del polémico promotor del proyecto del arrecife Carlos Estrabeau Otra investigación quedó a cargo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el Comité de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que preside Abel Echeverría Pineda. Pero no hubo resultados. El 13 de diciembre del 2000, la Profepa recibió una denuncia de la Asociación Ecológica Subacuática y del Colegio de Ecólogos del Estado de Guerrero, debido a las labores de desmantelamiento ante el probable hundimiento del barco sin contar con el manifiesto de impacto ambiental, por lo que expertos nucleares revisaron la embarcación debido a que tenía en el interior de una compuerta el símbolo internacional de uso de energía nuclear. El 19 de diciembre del año pasado, la Profepa determinó que no había residuos radioactivos en las calderas, máquinas, radar, silos o cuarto de misiles, pero encontró cerca de 500 litros de aceite quemado y líquidos refrigerantes. El 2 de abril de 2001, la Profepa sancionó al que dijo ser apoderado legal del barco, representante de la empresa Sansco, Daniel Sánchez Scott, y al responsable del proyecto, Carlos Estrabeau, con una multa de 40 mil 520 pesos y la obligatoriedad de retirar las grasas y aceites contenidas en el buque.

La multa fue pagada a dos días de haberse emitido la sanción, y como parte de las labores de limpieza se retiraron 450 litros de aceite mezclados con 60 mil litros de agua. Para el 7 de mayo de ese año, Antonio Pizá Vela, capitán de Puerto de Acapulco, señaló en un escrito dirigido a la Delegación de la Profepa, que el Buque de Guerra canadiense “se convierte en un peligro evidente para los bienes nacionales y la actividad portuaria, sin dejar de observar, en todo momento, el inminente daño ecológico que la nave causaría al hábitat submarino de la bahía, por la posible contaminación de verter al mar desechos de hidrocarburos”. El fin del proyecto empezaba. Ante esta observación, el 4 de junio de 2001 se celebró una reunión de trabajo entre las autoridades de Protección Civil, delegaciones de la Profepa y Semarnat, VIII Zona Naval Militar, Capitanía de Puerto y las secretarías de Turismo y de Desarrollo y Obras Públicas de la entidad, en la que se estimó que el hundimiento del buque era viable siempre y cuando se cumpliera con la legislación ambiental vigente y se ubicara el hundimiento dentro de un área específica, en la que la profundidad fuera de 30 a 50 metros, en virtud de que ésta no representa riesgo para la navegación. Finalmente, una vez que el Instituto Nacional de Ecología determinó la suspensión del trámite para el hundimiento del barco, en una operación sin previo aviso, la noche del lunes 10 de junio y la madrugada del 11, al mando del capitán de Puerto, Antonio Pizá Vela, el Restigouche fue hundido a dos millas de la playa entre Puerto Marqués y La Roqueta. (Con información de Maricela Santos y expedientes de El Sur).