A pesar del cambio de gobierno, siguen las violaciones a derechos humanos: Ericka

* Sucesos como el del 7 de junio de 1998, en los que resultaron asesinados 10 campesinos mixtecos y un estudiante de la UNAM fue un acto de barbarie, afirma

Ossiel Pacheco, enviado, El Charco * En la conmemoración del cuarto aniversario de la masacre de El Charco, la ex presa política Ericka Zamora Pardo dijo que aún persisten los asesinatos, las violaciones contra mujeres, las esterilizaciones forzadas, la persecución y la represión por parte del Ejército, en las comunidades indígenas de Guerrero. Zamora Pardo participó ayer en los actos que se llevaron a cabo en El Charco y Ayutla de los Libres. Allí llamó a las organizaciones no gubernamentales a luchar para que estos atropellos a las garantías constitucionales no queden impunes; “ahora les toca exigir que se castigue a las autores materiales e intelectuales de esa barbarie”.

A cuatro años de los acontecimientos en que perdieran la vida 11 personas a manos de soldados del Ejército, explicó que en ese lugar se llevaba a cabo una asamblea comunitaria donde se discutían asuntos relacionados con los problemas de la región, de proyectos productivos y de alfabetización. “La asamblea no fue un hecho aislado, era parte de la lucha por la autonomía indígena y de la necesidad de organizarse sin imposiciones”, detalló. Aseveró que los sucesos del 7 de junio de 1998, en los que resultaron asesinados 10 campesinos mixtecos y un estudiante de la UNAM no fue un enfrentamiento, sino “un acto de barbarie en contra del país, ni siquiera en contra de este pueblo mancillado por siglos, acosado por la creciente militarización y la represión como parte de la guerra de contrainsurgencia”.

La estudiante de la UNAM, absuelta de los delitos de conspiración, invitación a la rebelión y portación de armas, tras recordar que llegó a esa comunidad a alfabetizar señaló que en el extranjero “el gobierno de Vicente Fox pregona una ley indígena avanzada, pero que cuestionan los pueblos indígenas que luchan por derogarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”. Sostuvo que a pesar del cambio de gobierno continúan cometiéndose crímenes con total impunidad y a pesar del discurso de los derechos humanos, “el Estado sigue empeñando en castigar a las víctimas utilizando al Ejército para la represión política, y a pesar del discurso de apertura las cárceles están llenas de presos por motivos políticos”.

Prueba de ello –insistió– es que en cárceles de máxima seguridad como Puente Grande, Jalisco, están Angel Guillermo Martínez, Jacobo Silva y Gloria Arenas, quienes llevan 40 días en una huelga de hambre, y “a la fecha no hay respuesta positiva a sus demandas”. Exigió la salida del Ejército de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, castigo para los autores materiales e intelectuales de los hechos allí ocurridos, así como indemnización para las viudas y familiares de los campesinos mixtecos acribillados. Y justificó la ausencia de su compañero Efrén Cortés Chávez, quien salió libre del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, tras la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Chilpancingo, y que hizo pública la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 30 de mayo: “no está porque tiene que recuperarse, pero les envía un saludo y se suma a este llamado”.

Antes de su intervención, las viudas de los campesinos asesinados que habitan comunidades aledañas como Barranca Tecuani, Barranca Guadalupe y Cahitepec de la región Me Paa, dirigentes sociales y autoridades locales participaron en una caravana que partió de la capilla de esa localidad a la cancha de la primaria Caritino Maldonado –actualmente en desuso–, donde el párroco mixteco de La Concordia, Inocencio Silverio, ofició una misa. Encabezaban la marcha las viudas de El Charco con sus suegras, sus hijos huérfanos y familiares, con palmas adornadas con flores y una manta en la que exigían castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre, así como indemnización y libertad para los presos políticos.

En el acto en El Charco participaron la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), y el Frente de Lucha Popular (FLP). Así como estudiantes de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la UAG.

Y también el alcalde de Ayutla, Fortino Caballero Villalobos, y el síndico Samuel Calderón Moreno, así como familiares de los campesinos masacrados en Aguas Blancas y las esposas de los presos políticos recluidos en el Cereso de Acapulco, quienes llevan 22 días en huelga de hambre. Asimismo, en un manifiesto que firman por el 4 aniversario de la masacre, exigen castigo para el Ejército Mexicano por los hechos en El Charco, así como la violación de dos mujeres indígenas en la región Me Paa, por ser los que protegen a caciques como Rogaciano Alba Alvarez, y a su vez implicados en el asesinato de la abogada Digna Ochoa.

En el documento –que firman al calce 18 presos políticos recluidos en el Cereso de Acapulco– exigen que el general Alfredo Oropeza Garnica sea enjuiciado, así como a los soldados que lo acompañaron para perpetrar los hechos del 7 de junio de 1998. Una vez concluido el acto en El Charco, por la tarde de ayer unos mil entre deudos, dirigentes y militantes de organizaciones sociales marcharon por las calles de Ayutla de los Libres. Reunidos en la plazuela de La Villa, poco antes de las 3 de la tarde comenzó la manifestación convocada por la OIPMT, que terminó con un mitin en la explanada del Palacio Municipal. Allí participaron como oradores el ex exiliado político Ranferi Hernández Acevedo; el coordinador de la OIPMT, Arturo Campos Herrera, así como estudiantes de la UNAM.

Un día antes –por la tarde–, auspiciado por la OIPMT se llevo a cabo el foro Por una ley de amnistía estatal y nacional, donde se condenó la violación contra dos mujeres indígenas en la región Me Paa, y demandaron a los legisladores federales y locales a presentar la iniciativa que beneficie a los presos políticos recluidos en diversas cárceles del país. En este foro participaron los dirigentes del FODEG Higinio Lucena, originario de Cruz Grande, y José Luis Morales, de Acapulco, así como la ex presa política Virginia Montes González y el dirigente de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez. Allí se solidarizaron con Omar Guerrero Solís, Joviel Rafael Ventura, Rogelio García Pineda, Pilar Martínez Torres y Alvaro García Avila, cinco presos políticos del Cereso de Acapulco que están en huelga de hambre, así como con Jacobo Silva Morales, preso en el penal de máxima seguridad de La Palma y Gloria Arenas Agis, presa en el reclusorio de Nezahuatlcóyotl, estado de México.