Piden indiciar al procurador Ramírez por desaparición y asesinato en 1990

* El abogado González Ruiz afirmó que es indudable que el asesinato de Digna Ochoa está relacionado con los grupos de poder de Guerrero

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, podría ser indiciado para declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial en contra de Andrés de la Cruz Zacapala y el asesinato de su hermano, Ramón, ocurrido en el conflicto poselectoral de 1990 en Omepetepec, dio a conocer ayer el abogado José Enrique González Ruiz. En estos hechos también se responsabiliza al extinto gobernador, José Francisco Ruiz Massieu; al procurador de Justicia, José Rubén Robles Catalán; al director de la PJE, Juventino Sánchez Gaytán; y a los jefes de grupo de la PJE, Oscar Salomón Cruz Anguiano y Marco Aurelio Rojas Domínguez.

Los hermanos Andrés y Ramón de la Cruz Zacapala participaron en la lucha poselectoral de 1990 cuando contendió por la alcaldía de Ometepec el destacado universitario Eloy Cisneros Guillén, quien también fue encarcelado y torturado. Luego de su detención fueron torturados, y por las secuelas murió Ramón De la Cruz y Andrés quedó muy golpeado y lo vieron en el penal de Acapulco. Pero después su madre, Consuelo Zacapala Martínez lo buscó sin encontrarlo. Por eso, por medio del ex rector de la UAG, catedrático de la UNAM y defensor de familiares de desaparecidos y víctimas de la guerra sucia de los años 70, Enrique González Ruiz, interpusieron la denuncia ante la PGR el 29 de mayo.

De este caso la CNDH envió el 7 de diciembre de 1993, una recomendación al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien ascendió a Rubén Robles Catalán como secretario general de Gobierno. Por supuesto que no se cumplió la recomendación y se castigo a los responsables.

El fiscal especial para desaparecidos responde a consignas políticas

González Ruiz estuvo en el Congreso local donde ofreció una conferencia de prensa, acompañado del diputado Severiano Prócoro Jménez y el académico universitario y miembro del Foro Permanente para la Comisión de la Verdad, Fernando Rubí Apreza. Dijo que la Fiscalía Especial para Desaparecidos sólo “es un montaje publicitario del presidente Vicente Fox, con el cual sólo pretende confundir y engañar a la sociedad y a los familiares de las víctimas de la guerra sucia de los años 70”. Por ello demandó al gobernador René Juárez Cisneros que interponga un recurso de controversia constitucional como lo hizo el gobierno de la ciudad de México, en contra del gobierno federal de Vicente Fox, debido a que no cumple con los convenios internacionales como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas.

Denunció que el fiscal especial, “sólo se ha dedicado a coptar y corromper a los familiares de los desaparecidos a quienes les ofrece dinero a cambio de que se conformen y dejen el movimiento por la exigencia de que se castigue a los responsables de la persecución, represión y muerte de los luchadores sociales”. Mientras que el jurista Enrique González Ruiz dijo que la Fiscalía Especial tiene serias limitaciones estructurales porque es un agente del Ministerio Público acotado por responder a los intereses del procurador Rafael Macedo de la Concha, al no ser propuesto por los familiares de las víctimas o por los organismos no gubernamentales de derechos humanos. Destacó su desconfianza en que Rafael Macedo vaya a resolver el caso de los desaparecidos dado su perfil militar, porque en las desapariciones generalmente está involucrado el Ejército mexicano y por estar supeditado a las decisiones del gobierno y las redes de poder y es difícil sustraerse a consignas políticas.

Por ello insistió en que no hay mejor opción para las investigaciones que se nombre una comisión de la verdad. Entonces a pregunta expresa, rechazó que los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro sean juzgados por la justicia militar, porque fueron acusados por narcotráfico y ese es un delito federal del fueron común. En ello dijo que existe la complicidad del procurador Rafael Macedo en no exigir y reclamar la competencia de la PGR para que sean juzgados por la justicia civil, y luego sean juzgados por los delitos de lesa humanidad.

Que se investigue a Rogaciano Alba en el caso Digna Ochoa

Tanto Enrique González Ruiz como Fernando Rubí exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que investigue la participación del dirigente de la Asociación Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba por el asesinato de la abogada Digna Ochoa. También demandaron a la PGJDF que retire su línea de investigación de que se trató de un suicidio.

González Ruiz afirmó que es indudable que el asesinato de Digna Ochoa está relacionado con los grupos de poder del estado y que debe indagarse a fondo y castigarse a los responsables como una muestra de que el presidente Vicente Fox hará justicia. Dijo que la investigación de El Sur sobre el asesinato de la abogada de los campesinos ecologistas, “es una pista bienvenida que debe atenderse con la preocupación necesaria”.