Piden normalistas que no se quede en buenas intenciones el compromiso de Aguirre con la CNDH

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Para los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, lo menos que puede hacer el gobernador Ángel Aguirre Rivero es cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras la represión estudiantil del 12 de diciembre de 2011.
Dijo lo anterior el dirigente estudiantil Diego Castro Domínguez, quien agregó que aún se debe determinar la forma para que la disposición que expresó Aguirre Rivero no se quede en buenas intenciones.
Adelantó que la próxima semana la comisión civil de interlocución, que representa a la comunidad estudiantil de Ayotzinapa en el dialogo con el gobierno estatal, sostendrá una mesa de trabajo para buscar una justicia integral.
El gobernador respondió a la CNDH que acepta en todos sus términos la recomendación 1VG/2012, emitida tras la investigación especial del desalojo a balazos de normalistas en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos estudiantes por policías pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y donde, por primera vez en la historia, las recomendaciones del organismo tiene carácter vinculante para todas las instituciones de gobierno.
Castro Domínguez recordó que el dictamen señala claramente responsabilidades del gobierno del estado en el desalojo y en las causas que motivaron la protesta estudiantil, que implican a Aguirre Rivero como titular del Ejecutivo, “y debe responder por lo que le corresponde”.
El estudiante recordó que la CNDH también hizo recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Congreso del Estado de Guerrero.
Declaró que desconocen en qué sentido respondió el Congreso local a la CNDH, y lamentó que a la fecha los diputados no han comenzado el trámite de juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas, el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y el ex subsecretario de Prevención y Orientación Policial, Ramón Arriola Ibarra, para determinar su responsabilidad en los eventos del 12 de diciembre, y que los diputados pudieron realizar de oficio.
Adelantó que están analizando con los deudos de los normalistas asesinados, Alexis Echeverría de Jesús y Gabriel Echeverría de Jesús, y con los abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, hacer las  solicitudes de juicio político para insistir en su lucha de justicia por sus compañeros muertos.
Recalcó que los normalistas fueron las víctimas de las violaciones graves que cometieron las autoridades, y sólo el cumplimiento de las recomendaciones permitiría dejar antecedentes para evitar más represiones en los movimientos estudiantiles.
Respecto a las actividades en la normal, Castro Domínguez informó que se desarrollan con normalidad; dijo que el semestre impar concluyó antes del periodo vacacional de Semana Santa, y en el nuevo semestre están realizando actividades académicas los fines de semana para reforzar sus conocimientos.
Informó que esta semana escucharon una conferencia sobre educación e interculturalidad.