Después de su visita al DF, amenazas y hostigamiento contra ecologistas

Después de que la Organización de Campesinos Ecologistas formó una comisión que se trasladó a la ciudad de México del 2 al 17 de noviembre, hubo en la sierra de Petatlán operaciones del Ejército consideradas como actos de intimidación contra los campesinos que fueron a pedir justicia por el caso Digna Ochoa y a denunciar la violencia en esta región. Antes de regresar a Guerrero, los enviados supieron que había una amenaza contra la secretaria de la Organización, Eva Alarcón, del ex presidente municipal, Rogaciano Alba.

En la carretera a Banco Nuevo se intensificó la revisión en los retenes del Ejército, y el comandante de la unidad militar reclamaba a los campesinos por haber hecho las denuncias de lo que ocurrió durante la visita de Digna Ochoa. Los últimos días de 2001 el hostigamiento se centró en Canalejas, comunidad contigua a El Zapotillal, en la ruta del primer recorrido de Digna Ochoa, donde soldados del 19 Batallón se establecieron el 27 de diciembre.

El 2 de noviembre, tres campesinos de esta comunidad formaron parte del grupo de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán que se trasladó a la ciudad de México para pedir justicia por el asesinato de la abogada Digna Ochoa y para denunciar la persecución del Ejército a los campesinos que defienden los bosques. Los tres vecinos de Canalejas que fueron a la capital son Enrique Martínez Landeros, Celso Miranda y Eligio Pérez Miranda. Los soldados preguntaron por ellos durante su estancia en Canalejas a fines de diciembre, y los campesinos tuvieron que huir por temor a represalias.

La presencia de soldados causó incertidumbre y preocupación los últimos días del año 2001 y los primeros del 2002, porque llegaron con “el cuento” de que querían convivir con los habitantes de este pueblo, querían hacer un baile de año nuevo y un banquete para todos. Vecinos y autoridades rechazaron la invitación, porque es una comunidad muy religiosa y ya tenían programada una vigilia para celebrar la entrada del año 2002. Los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas, Juan Bautista Valle y Felipe Arriaga Sánchez, consideran que la presencia militar fue una respuesta a la participación de la comunidad de Canalejas en las movilizaciones para demandar el esclarecimiento del asesinato de Digna Ochoa y para denunciar la represión de caciques y el Ejército contra el movimiento ecologista.

Piensan que esos militares, aparentemente amistosos, podrán regresar en cualquier momento, a matar, arrestar y reprimir. Recuerdan que así lo hicieron en febrero de 2000 en Las Palancas y El Nogal, en el filo de la sierra, a donde primero se presentaron haciendo amistad con los pobladores para ganarse la confianza y después llegaron con el grupo del ex presidente municipal de Petatlán y actual presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba, y mataron a Salvador Cortés, se llevaron detenidos a cinco campesinos e hirieron de bala a una mujer embarazada. Dos de los campesinos ecologistas que están presos en Acapulco son de Canalejas: Pilar Martínez Pérez y Moisés Martínez Torres, quienes fueron detenidos por efectivos del Ejército el 22 de febrero del 2000, cuando se dirigían a trabajar en el campo, y ahora están sentenciados a 10 años de prisión por portación de armas prohibidas.

El comisario de este pueblo que pertenece al ejido de La Botella, Alifonso Martínez, informó que los militares, que estuvieron en la región nueve días, hacían patrullajes nocturnos alrededor de las casas, y denunciaba: “Esto es ilegal, porque no estamos en guerra”. Dijo que cuando preguntó al comandante de la unidad militar el motivo de las operaciones nocturnas en el pueblo y en los caminos le respondió que estaban buscando “grupos encapuchados”, “gente armada”, como se llama en esta región a los miembros de organizaciones guerrilleras, como el EPR y el ERPI. El comisario informó que el 31 de diciembre, frente a su casa, unos militares hicieron disparos, y como prueba recogió casquillos percutidos.

Como no les resultó su plan de convivir con los vecinos, los militares se mostraron más hostiles. Corrieron la versión de que ya sabían que en Canalejas hay gente que no quiere al Ejército, y que “andan huidos” de los militares. Luego, preguntaron por Rogelio Carrillo, un miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas, que vive en la parte más alta de la sierra, y que es uno de los nueve que tienen órdenes de aprehensión, y que junto con el preso ecologista Gerardo Cabrera y otros de sus hermanos, son acusados por el cacique Faustino Rodríguez de que forman parte de un grupo armado, el ERPI, y que encapuchados lo emboscaron el 19 de marzo de 2000.

El 4 de enero las tropas se retiraron de Canalejas. Pero después de que las comunidades hicieron públicos los hechos, los militares regresaron al área. Estuvieron en El Zapotillal, donde reunieron a los habitantes, los acusaron de que aquí siembran mariguana, y amenazaron con llevarse al comisario, Alifonso Martínez, si seguía denunciando los atropellos. (Maribel Gutiérrez).