La PGJDF desechó pistas que ligan con Guerrero el asesinato de Digna Ochoa

* No tomó declaración a los campesinos ecologistas que invitaron a la abogada para que los defendiera * Ha metido dudas contra la víctima y su familia * Desestima señalamientos directos contra los caciques Rubén Figueroa, Rogaciano Alba, Bernardino Bautista y Faustino Rodríguez

Maribel Gutiérrez (Segunda parte) * La Procuraduría General de Justicia del DF no ha investigado pistas en Guerrero que pudieran llevar a saber la verdad sobre el asesinato de Digna Ochoa. La cadena de ejecuciones entre octubre y marzo, y un informe que recibió de que la abogada fue seguida por sus probables ejecutores desde la sierra de Petatlán han sido desatendidos. También ha dejado de lado el conocimiento de lo que pasó durante el viaje de la abogada a cuatro comunidades serranas 17 días antes del crimen, y no tomó las declaraciones con los campesinos ecologistas que están perseguidos por el Ejército, que son quienes llamaron a Digna Ochoa para pedirle ayuda.

Los ecologistas que se movilizaron para demandar que se investigara en Guerrero el origen del asesinato de la defensora de derechos humanos tuvieron como primer resultado nuevas amenazas de caciques e intimidación de tropas del Ejército. La actitud de los investigadores que han estado en Guerrero ha sido calificada por los campesinos ecologistas como poco seria, y afirman que la PGJDF no preparó las condiciones para esclarecer los hechos.

Hay evidencias de que uno de los equipos de la Procuraduría que estuvo en Guerrero enviado por el subprocurador Renato Sales Heredia, se dedicó a tratar de reunir datos sobre el caso de siete policías judiciales federales muertos el 4 de marzo de 1999 en Rancho Nuevo, sierra de Petatlán, a donde, según los vecinos de ese poblado, acudieron contratados como sicarios por el ganadero Rogaciano Alba. Ese equipo, que estuvo en Guerrero del 15 al 23 de enero, encabezado por el agente del Ministerio Público Franz Borges Velasco, de la Fiscalía para Homicidios del la PGJDF, en su último día en el estado declaró que estaba descartada la hipótesis sobre el trabajo de Digna Ochoa en Guerrero como móvil del asesinato, y se retiró sin haber tomado al menos todas las declaraciones que tenía programadas.

En lugar de dedicarse al caso de Digna Ochoa, los investigadores del DF se alinearon en la búsqueda de ajustar cuentas tras los intereses de Rogaciano Alba, que según un testigo está involucrado en la contratación del tirador que ejecutó a la abogada el 19 de octubre en la ciudad de México. Ese agente del MP dejó claro ante los medios que no había ninguna imputación contra Rogaciano Alba ni contra alguna otra persona por el asesinato de la abogada. Según dicho funcionario, la muerte de Digna Ochoa no pudo haberse originado en Guerrero, porque ella “no alcanzó a hacer algo concreto para ayudar a los campesinos ecologistas ni alcanzó a afectar intereses”.

Después de las primeras visitas a Guerrero de los investigadores de la PGJE, los miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán denunciaron públicamente que no había condiciones que permitieran declarar con libertad. En la visita más reciente, el 9 de mayo, después de los interrogatorios a cuatro campesinos ecologistas que asistieron a reuniones con Digna Ochoa en la sierra, el 1 y 2 de octubre de 2001, los investigadores aprovecharon el viaje para tratar de sembrar dudas sobre la abogada. Cuando aún hay varias líneas de investigación abiertas aseguraron que se había suicidado, que tenía desequilibrio mental y que esto lo habían comprobado con declaraciones de un amante en Michoacán.

El campesino ecologista que grabó el video de la visita de Digna a la sierra, Perfecto Bautista, pidió a los funcionarios de la Procuraduría del DF que le devolvieran la cinta original. Y ellos aprovecharon para tratar de desprestigiar a la familia Ochoa, pues dijeron que había gente que estaba obteniendo mucho dinero de ese video, y que los responsables del original eran los hermanos de Digna Ochoa. Perfecto Bautista no sabe si eso es probable, pero está interesado en que le devuelvan la cinta original que él grabó, al lado de Digna, en un recorrido por dos rutas de la sierra de Petatlán, en las que visitó El Zapotillal, La Pasión, Barranca de Monte Grande y Banco Nuevo. Según ese video del recorrido, en la comunidad de Banco Nuevo se encuentran con efectivos del Ejército, a pie y en vehículos Hummer, y la abogada ayudó a grabar sus imágenes.

Además, de acuerdo con los testimonios, en ese lugar los soldados se acercaron a la reunión y preguntaron ¿cuál es Digna?, antes de que los habitantes de Banco Nuevo dieran el nombre de su visitante, en lo que los ecologistas denunciaron como una acción de vigilancia y seguimiento de sus actividades. Sin embargo, la PGJE y los militares se han encargado de negar y descartar esa versión, y afirman que los militares que preguntaron por los visitantes en Banco Nuevo no sabían previamente quiénes eran.

Investigación de los caciques

El 2 de noviembre, una comisión de 38 personas de nueve comunidades, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas, viajó a la ciudad de México, para exigir que en la investigación del asesinato de la abogada se tomara en cuenta su visita a la sierra y la persecución del Ejército a campesinos que habían solicitado su ayuda. Algunos de los ecologistas declararon a los medios en la ciudad de México, a la CNDH, y a la PGJE sobre los conflictos y la violencia en la sierra de Petatlán. Dieron testimonios de la persecución del Ejército aliado a los caciques, y de las acusaciones a campesinos de pertenecer a grupos guerrilleros para así lanzar contra ellos supuestas operaciones de contrainsurgencia. Lo que pedían los campesinos ecologistas era que se investigara en Guerrero el posible móvil del asesinato de la abogada que vino a ayudarles. Explicaban que muchos de ellos viven con el peligro de perder la libertad o la vida en cualquier momento, y les parecía posible que la abogada haya sido víctima de la represión y la violencia que ellos padecen.

De regreso de la ciudad de México, lo primero que encontraron fue una nueva amenaza, esta vez del ganadero Rogaciano Alba, contra la secretaria de los dirigentes de la Organización, Eva Alarcón, la organizadora de la visita de Digna a la sierra y del traslado de los campesinos a la ciudad de México. El 27 de enero, en un foro sobre ecología y derechos humanos en Petatlán, convocado por la Organización de Campesinos Ecologistas, Eva Alarcón, aclaró: “No acusamos a nadie, no señalamos culpables; exigimos al gobierno del DF y al de Fox que se esclarezca el asesinato de Digna Ochoa y se haga justicia”. La aclaración tenía sentido ante versiones difundidas de que la Organización señalaba como culpable al ex presidente municipal y actual presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, Rogaciano Alba, al ex gobernador Rubén Figueroa y a otros caciques como Bernardino Bautista y Faustino Rodríguez. De ahí se habían derivado amenazas a Eva Alarcón.

En realidad, la petición de que se investigara a Figueroa, Alba y Bautista fue hecha por los integrantes del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco, algunos de ellos ecologistas de Petatlán. A su vez, el campesino ecologista Rodolfo Montiel, en entrevistas que dio a diversos medios un día después de su liberación el 7 de noviembre del 2001, señaló a esos tres caciques como responsables de la represión en la sierra. No se sabe si la PGJDF investigó a los caciques señalados.

En Guerrero se hicieron públicos dos interrogatorios de agentes del MP de la Procuraduría del DF a Rogaciano Alba. El primero, el 21 de diciembre de 2001, cuando la PGJDF citó a declarar, en la agencia del MP de Petatlán, a Bernardino Bautista Faustino Rodríguez, y Rogaciano Alba (el primero, que ya no vive en Guerrero, no se presentó). Las declaraciones ante el MP fueron públicas, con presencia de reporteros. Ahí, Rogaciano Alba respondió con un “no” a todas las preguntas. Dijo que no conocía a Digna Ochoa ni a los ecologistas. Dijo que “desconoce las armas por no usarlas”, que tampoco tiene ninguna arma en su domicilio, que no tiene amigos, familiares ni conocidos dentro de algún grupo policiaco, que no conoce a ningún militar de ningún rango que pertenezca al 40 o al 19 Batallón de Infantería del Ejército, y negó tener amistad con algún empresario maderero que tale madera en la sierra.

Estas declaraciones llaman la atención, porque es de conocimiento público que usa armas y que tiene nexos con policías de diversas corporaciones y con militares. En el proceso 18/2000 del Juzgado Tercero de Distrito de Acapulco, contra cinco campesinos detenidos el 18 de febrero del 2000, en la comunidad de Las Palancas, sierra de Petatlán, testigos declararan que Rogaciano Alba fue a ese poblado encabezando a un grupo de civiles armados y de militares del 40 Batallón de Infantería, y de ahí se trasladaron a El Nogal, donde mataron al campesino Salvador Cortés e hirieron a una mujer embarazada. Después de contestar el interrogatorio, Alba declaró: “Qué bueno para mí que me hayan llamado a declarar porque así se quita toda esa cizaña que hay de los medios de información, cosas mentirosas, declaraciones falsas”.

Después, el 18 de enero, fue citado a Petatlán para declarar ante el agente del MP de la PGJDF Franz Borges, pero el mismo funcionario dijo que no fue una declarción formal, sólo una plática “amistosa”. Días después, Alba dijo a los medios: “Quieren que sea yo el chivo expiatorio”. Y opinó que “por cuestiones políticas” quieren involucrarlo en el asesinato de la abogada, porque en el DF hay un gobierno perredista, y él rescató para el PRI al municipio de Petatlán cuando estaba en manos del PRD, en 1993. Intentó trivializar el problema, con una referencia a la impunidad, cuando dijo que aquí, cuando alguien comete un homicidio, “anda buscando que se sepa para que le compongan un corrido”.

El 19 de enero, el equipo de la PGJDF se trasladó a Banco Nuevo, acompañado por policías judiciales del estado, agentes de Gobernación de todos los niveles y del Ejército y reporteros. Ahí hablaron sobre la visita de Digna con los campesinos ecologistas Albertano Peñaloza y Perfecto Bautista, quien grabó el video. El 20 de enero, seis policías judiciales del DF y el agente del MP se trasladaron a El Zapotillal, la primera comunidad que visitó Digna Ochoa el 1 de octubre. Según testigos, en una reunión de vecinos de comunidades del área, los investigadores lanzaban las preguntas al grupo, sin ninguna formalidad.

Habían citado de manera informal, por medio del ayuntamiento de Petatlán, que no es una autoridad imparcial, a siete testigos ecologistas, entre ellos Jesús Bautista Fuerte y Rodolfo Cabrera González, que no acudieron porque tienen órdenes de aprehensión y pensaron que podía ser una trampa. A los comisarios de Banco Nuevo, Filiberto Gómez Bueno, y de La Botella, Alfonso Martínez, les preguntaron si sabían si a Digna la habían matado por su visita a la sierra, y dijeron que no sabían. También les preguntaron si conocían a Bernardino Bautista (el cacique con el que los ecologistas han tenido conflictos) y al general Pedro Mota (que fue jefe militar en esta área). El comisario de La Botella dijo que no los conocía, que sólo oía mencionar que Bernardino y Pedro eran compadres y que tenían un rancho que era propiedad de los dos en Banco Nuevo, y que no se sabe qué pasó con ellos, porque ya no viven ahí.

El comisario de Banco Nuevo dijo que Bernardino Bautista vivía en esa comunidad, y que se oye decir que Pedro Mota es su compadre, pero que ya no vive ahí. Desde 1998, cuando surgió la Organización de Campesinos Ecologistas, señalaban a Bernardino Bautista como un cacique que se había enriquecido con la explotación de los bosques, con el narcotráfico, y que tenía la protección del Ejército por sus nexos estrechos con el general Pedro Mota.

Desconfianza de los ecologistas en las actuaciones de la PGJDE

Después de esos recorridos, el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Juan Bautista Valle, dijo que generó desconfianza entre sus compañeros la forma de trabajo de los enviados de la Procuraduría del DF, que se hacen acompañar de agentes de la Policía Judicial del Estado, actúan con la intervención del ayuntamiento de Petatlán, y que buscan a campesinos de manera imperativa. Opinó que esta forma de trabajo se puede considerar intimidatoria, y propuso que los investigadores se hicieran acompañar de organismos de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, para que los testigos tengan confianza, garantizar el respeto hacia ellos, y evitar el temor a ser detenidos.

Después de las declaraciones del agente del MP Franz Borges, que dijo que no había encontrado en Guerrero el motivo del asesinato de la abogada, los dirigentes de la Organización calificaron de “poco serio”, “insensible” e “incapaz” el trabajo de la Procuraduría del DF sobre la visita de Digna Ochoa a la sierra. Juan Bautista Valle declaró: “Pienso que no se ha investigado bien, como se debe”. Opinó que “es el gobierno”, en referencia a el Ejército, quien puede saber si el asesinato de la abogada se derivó de su visita a la sierra, el 1 y 2 de octubre.

La secretaria del presidente de la Organización, Eva Alarcón Ortiz, dijo: “Creo que la Procuraduría del DF ha dejado mucho que desear”, y relató que en la primera visita que hicieron a Petatlán, a principios de diciembre, fueron los agentes judiciales y del MP a su casa, a las 11 de la noche, y en la calle, y ante decenas de testigos, vecinos que se congregaron, le preguntaron dónde viven los caciques. Ella se negó a contestar, y un comandante de la Judicial capitalina le dijo: “No tenga miedo, señora, al fin el crimen nunca se va a esclarecer”.