Deben responder funcionarios estatales por desaparecidos en Ometepec, exigen

* Consuelo Zacapala llevó su testimonio sobre la desaparición de su hijo ante la Fiscalía especial

Aurelio Peláez * Hace 12 años, Consuelo Zacapala Martínez vio morir a un hijo y desde entonces no sabe de otro. Ramón murió a causa de la golpiza y torturas que le aplicaron agentes de la Policía Judicial del Estado, quienes el 6 de marzo de 1990 desalojaron a militantes del PRD que mantenían un plantón en el ayuntamiento de Ometepec. Andrés, su hermano, también participante en la manifestación, fue golpeado y detenido, y desde aquel día nada se sabe de él, a pesar de que fue trasladado con vida al Cereso de Acapulco. El pasado miércoles 29 de mayo, Consuelo Zacapala acudió ante la Fiscalía especial para los casos de desaparecidos, en la ciudad de México, a fin de ratificar su demanda en la que exige la presentación de su hijo Andrés. Por él –dijo– deben responder personajes que permanecen en la vida pública, como funcionarios, sin haber sido investigados por los crímenes cometidos durante ese desalojo. Ellos –agregó– son Jesús Ramírez Guerrero, que en ese año era secretario de Gobierno estatal y hoy es procurador de Justicia en la entidad; José Rubén Robles Catalán, que era procurador y ahora tiene una vida política como coordinador de la campaña del PRI en el Distrito 5 de Acapulco; Angel Aguirre Rivero, coordinador, en 1990, de la campaña priísta en la Costa Chica y gobernador de 1996 a 1999; Rubén Figueroa Alcocer, presidente del PRI en ese periodo, y Mario Navarrete, candidato a la alcaldía. Y sobre todo –dijo– Oscar Cruz Anguiano, el comandante de la Policía Judicial que estuvo al frente de ese desalojo, quien detuvo a Andrés y a Daniel López Alvarez, y el cual durante estos años permaneció en funciones policiacas, “en la impunidad”, y ahora está suspendido por las diversas implicaciones que tuvo en cuanto a la violación de los derechos humanos.

“Con que lo detuvieran a él (a Anguiano) sabría dónde está mi hijo”, dijo doña Consuelo, de 69 años, originaria del barrio Cruz del Corazón, en Ometepec. Confía en que su hijo está vivo. “Yo eso lo sé, yo sé que está preso en (el penal de) Las Cruces. Nada más que no lo dejan ver”. Pero en la querella presentada por el abogado de la familia, el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz, se asienta que en el caso se presume que “hay desaparición forzada de persona y el de ejecución extrajudicial”.

El desalojo

En diciembre de 1989 se efectuaron elecciones para alcalde y diputados en Guerrero, las primeras después de la cuestionada elección presidencial de 1988, en la que ganó Carlos Salinas de Gortari. En Ometepec, el candidato del PRD fue el profesor Eloy Cisneros, y el del PRI, Mario Navarrete. El PRD y su candidato Eloy Cisneros desconocieron el proceso en el cual se designó a Mario Navarrete como alcalde electo, y denunciaron que hubo fraude en esa elección. Por ello, los perredistas de Ometepec instalaron, a principios de 1990, un plantón, y posteriormente ocuparon el ayuntamiento en demanda de que se reconociera a su candidato como alcalde. Luego de más de dos meses de la protesta, el gobierno estatal, que presidía José Francisco Ruiz Masssieu, ordenó del desalojo. Medidas similares hubo en otros 8 ayuntamientos más. En Ometepec se presume que actuaron unos 150 policías encabezados por Oscar Cruz Anguiano, comandante de la PJE.

Narra dona Consuelo: “en ese desalojo mataron a mucha gente y hubo muchos heridos. Mi hijo Román fue herido y un mes un día después falleció. Mi esposo fue golpeado. También mi primo Antonio Bautista de los Santos y mi cuñado José de la Cruz. Mi esposo me contó que cuando los terminaron de golpear, al que se movía le pegaban. Mi hijo estuvo amarrado durante horas”. En ese desalojo hubo unos cien detenidos, y apenas se reconocen dos plantonistas muertos. A los detenidos se les dejó ya tirados, ya golpeados, a lo largo del tramo de Ometepec a Acapulco. El profesor Eloy Cisneros fue transportado, atado, en la parte de atrás de una camioneta y bajo unas llantas. Ahora, 12 años después, luego de que en marzo de l990 se interpuso una demanda ante la justicia federal por esas desapariciones, que en agosto de 1992 el caso se llevó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos –trámite que derivó en que la CNDH pidiera, en diciembre de 1993, al gobernador Rubén Figueroa que perfeccionara las averiguaciones y prosiguiera en la investigación sobre las desapariciones como acerca de la ejecución extrajudicial- y que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos evadiera recomendar que se llamara a declarar ante la justicia a Cruz Anguiano, es que se ratifica la demanda ante la Fiscalía de desaparecidos, llamada también Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Tal nueva fiscalía, creada en el régimen del presidente Vicente Fox, debería concluir que los responsables de la violencia de marzo de 1990 “fueron Layo (Angel Aguirre Rivero) y Mario (Navarrete, quien es por segunda vez alcalde de Ometepec)”, afirma Consuelo Zacapala. Y también –agrega– que se llame a declarar al comandante Oscar Cruz Anguiano, oficialmente suspendido, pero de quien se sabe que sigue trabajando en la Procuraduría General de Justicia del Estado que ahora preside Jesús Ramírez Guerrero.

Mi hijo está vivo, asegura

Consuelo Zacapala fue entrevista ayer en el domicilio de Eloy Cisneros Guillén, en Acapulco. Tuvo mucho ajetreo estos dos últimos días: de Ometepec a Acapulco, de Acapulco a la ciudad de México y de regreso al puerto. La mujer tiene vendada parte de la pierna izquierda y cojea.

–“¿Está cansada del viaje?”–se le preguntó. –“Pues no porque el que tiene hambre en pan piensa” –dice.

Este miércoles, al entregar por escrito la denuncia ante la fiscalía, y luego al ampliarla ante los agentes de esta instancia, que depende de la Procuraduría General de la República, uno de ellos le dijo que si estaría dispuesta a entregar muestras de sangre y de saliva, a fin de compararla con eventuales restos humanos que pudieran ser el de su hijo. “Pues no, porque yo sé que mi hijo está vivo. Ese señor Cruz Anguiano se lo trajo vivo. Allí lo tienen en el penal de Las Cruces, pero no lo dejan ver”, sostuvo.

Le dijo también a los integrantes de la fiscalía –ni Cisneros Guillén ni ella recordaron sus nombres. El “gordo”, dijo de uno de ellos la señora Consuelo– que quisieran creer que en esta ocasión sí se investigará y enjuiciará a los responsables de aquel desalojo violento, y que se sabrá dónde quedaron los desaparecidos, Andrés de la Cruz y Daniel López  Alvarez.

“Que llamen a ese señor Oscar Cruz que él sabe”, señaló doña Consuelo.