Proponen administrativos de la SEG nuevas escuelas de alfabetización para que ahí sean reordenados

*Como parte del reestructuración que la reforma educativa demanda a la dependencia, los trabajadores de oficinas centrales piden cárcel a padres que no envíen a sus hijos a la escuela

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

Trabajadores de las oficinas centrales y las ocho delegaciones regionales, proponen la creación de nuevas escuelas en zonas preferenciales y su incorporación al programa estatal de alfabetización; además de imponer cárcel a padres que no envíen a sus hijos a los estudios obligatorios, como lo establece el artículo tercero constitucional, como parte del reordenamiento que la reforma educativa demanda a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Lo anterior fue parte de las propuestas y resolutivos que los trabajadores entregaron, la semana pasada, a la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, para el reordenamiento de los docentes que realizan trabajos administrativos en la dependencia, del foro realizado los días 1 y 2 de abril.
Los trabajadores, que manifestaron su rechazo a la reforma educativa que promulgó el gobierno de Enrique Peña Nieto y que participaron en las protestas de 2012 con los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) para que no se aprobara, desconocieron a sus delegados sindicales institucionales y trabajaron en un proyecto en el que no se afectaran sus derechos laborales y sindicales.
A principios de febrero y hasta mediados de marzo, cuando se homologaron las leyes secundarias de la reforma educativa en el estado, los trabajadores realizaron protestas, bloqueos y rodearon el Congreso del Estado, lo que obligó a los diputados a sesionar en el puerto de Acapulco y aprobar la homologación de las leyes, el día 11 de ese mes.
En el texto, al que El Sur tuvo acceso, plasman cinco apartados: Rendición de cuentas con transparencia, Propuestas de reordenamiento, Gestoría, Educativos y Político Sindical; además de un pronunciamiento en contra de la represión y persecución de las autoridades educativas y estatales, por las protestas que realizaron.
De los puntos anteriores, resalta la creación de nuevas escuelas en zonas preferenciales, de las ciudades, donde se encuentran las ocho delegaciones y las oficinas centrales, para que los trabajadores, que durante más de 30 años han prestado servicios administrativos, regresen a las aulas y no a comunidades.
“En cumplimiento con el artículo tercero constitucional, el Estado proveerá la creación de escuelas primarias, teleprimarias, secundarias y telesecundarias para satisfacer las demandas de la sociedad”, y agrega: “Educación preescolar, primaria y secundaria obligatorias, en caso de que los padres no les den educación a sus hijos, sancionarlos penalmente”, según lo establece el artículo.
Propone que los trabajadores de las oficinas centrales y delegaciones se integren al programa estatal de alfabetización, que fue desarticulado por el propio gobierno estatal a finales de 2012, dejándolo como un proyecto más del programa Guerrero Cumple.
Los resolutivos del apartado educativo, también indican que las escuelas deberán tener una matrícula de 20 alumnos por grupo y la revisión de los contenidos del sistema de enseñanza y aprendizaje, para que los alumnos mejoren.
Demandan que el reordenamiento se dé de forma bilateral, entre sindicato y  SEG; reasignar el trabajo a empleados de base; otorgar funcionalidad al departamento de Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria y Secundaria, para el reacomodo de docentes con funciones administrativas.
Del punto de rendición de cuentas con transparencia, reiteran su demanda de solicitar una auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que desde 1998 otorgó dinero al estado para el pago de los docentes, y la fiscalización y cancelación de la nómina de confianza.
Fincar responsabilidades a los funcionarios de la dependencia, “a quienes promuevan o por omisión solapen a los aviadores, políticos, periodistas y funcionarios, que cobren salarios en la SEG y no devenguen su jornada laboral”.
Del punto sindical, demandan a la SEG informar el monto del 1 por ciento de sueldo descontado a los casi 4 mil trabajadores con funciones administrativas, por concepto de cuota sindical, “bajo qué fundamento jurídico la SEG hace la retención y entrega fracción de nuestro salarios al SNTE”.