Recomienda relator de la ONU castigar las ejecuciones extrajudiciales de la guerra sucia en Guerrero

*Incluye Christof Heyns en un documento el historial de masacres ocurridas en el estado y da su respaldo a la Comisión de la Verdad. Visitó el país del 22 de abril al 2 de mayo, y recogió también el caso de los dos normalistas de Ayotzinapa asesinados en 2011. Presentó ayer su informe ante el Consejo General en Ginebra

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Como resultado de su visita a México, el relator especial de la ONU Christof Heyns se pronunció por castigar las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas durante la llamada guerra sucia en Guerrero.
Entre las recomendaciones del informe que presentó ayer ante el Consejo General de la ONU en Ginebra, precisó que “la Comisión de la Verdad de Guerrero debería recibir todo el apoyo necesario para que pueda cumplir con éxito su cometido”.
En una de las tres recomendaciones alusivas a Guerrero —de 30 en total—, dijo que “la documentación recopilada por la Procuraduría General de la República (PGR) relativa a las ejecuciones que se produjeron en la guerra sucia debería ponerse a disposición de la ciudadanía en general, o al menos de los miembros de la Comisión de la Verdad”.
Asimismo, pidió a las autoridades que consideren “la posibilidad de retirar la declaración interpretativa respecto de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, pues entorpece los esfuerzos realizados para investigar, enjuiciar y juzgar las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas durante la llamada Guerra Sucia”.
El informe que se distribuye de forma electrónica destaca que en su visita del 22 de abril al 2 de mayo, el relator recogió testimonios del magisterio y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa en este sentido: “que se había expulsado de una manifestación en diciembre de 2011, en una operación en que las autoridades civiles habían hecho uso innecesario de fuerza letal, causando la muerte de dos estudiantes”.
El 12 de diciembre de ese año, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron asesinados durante una manifestación reprimida por corporaciones policiacas, estatales, federales y judiciales, al sur de Chilpancingo, en la bifurcación de la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol.
En alusión a los temas de Guerrero recomendó, sin excluir otros hechos del país, que “las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas durante la llamada guerra sucia deberían ser debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, los responsables deberían ser castigados y las víctimas y sus familiares deberían recibir una reparación adecuada”.
Sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que investigó el caso Ayotzinapa, cuestionó que del total de recomendaciones emitidas por el organismo entre enero de 2006 y abril de 2013, “en las que llegó a la conclusión de que se había vulnerado el derecho a la vida, sólo 18 se cumplieron totalmente, 6 se cumplieron de forma insatisfactoria, 27 se cumplieron parcialmente y 4 no fueron aceptadas”.
En el informe, el defensor denunció que las violaciones al derecho a la vida ocurren en una tasa inaceptable en el país y urgió al Estado mexicano a enfrentar esta situación y poner fin a la impunidad.
Consideró “imprescindible” que se rindan cuentas de “las ejecuciones ilegales para acabar con la impunidad y sentar precedentes significativos a partir de los cuales México pueda avanzar con credibilidad en la protección del derecho a la vida en el futuro”.
Recomendó al gobierno mexicano que investigue, procese y juzgue debidamente a los responsables de ejecuciones ilegales, y que las víctimas y sus familiares reciban una reparación adecuada del daño.
Heyns advirtió también que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública “puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos”.
Recomendó que “todas las violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por militares sean objeto de investigación exhaustiva, procesamiento y juicio por autoridades civiles”.
Asimismo, señaló que periodistas y defensores de los derechos humanos son población vulnerable ante la violencia, y menciona que “desde 2005, 18 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte”, lo cual se suma y a la vez se debe a una “impunidad sistemática y endémica”, ante lo cual recomendó adoptar “protocolos especiales de investigación para los delitos cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos”.
Señaló que “los problemas de protección a la vida se deben, entre otras causas, a deficiencias en el sistema legal, la creciente actividad del crimen organizado, el tráfico de drogas y la falta de voluntad y capacidad de los cuerpos policiacos y ministerios públicos, la desconfianza en el sistema de impartición de justicia por parte de la ciudadanía y una falta de exigencias de responsabilidades ante las violaciones”.