Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC

Cronología de la impunidad: el caso de Ericka Zamora y Efrén Cortés

El 7 de junio de 1998, cerca de las 04:00 horas, se dio un presunto enfrentamiento entre miembros del Ejército Mexicano y supuestos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en las instalaciones de la escuela Caritino Maldonado ubicada en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero.

Como consecuencia de la acción militar perdieron la vida 11 campesinos, fueron detenidos de manera ilegal 21 indígenas, cuatro menores de edad, varios heridos, así como el desplazamiento de cerca de mil 200 indígenas de comunidades mixtecas. En dicha acción fueron detenidos Efrén Cortés y Ericka Zamora Pardo.

Ericka Zamora fue detenida y acusada de probables delitos de terrorismo, acopio de armas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de inmediato fue remitida al Cereso de Acapulco, Guerrero. Tanto Efrén Cortés como Ericka Zamora, han alegado en varias ocasiones que durante su detención, traslado y declaración ante el Ministerio Público Federal fueron sometidos a actos de tortura. Ericka señaló que “fue vendada de los ojos y obligada a desnudarse totalmente, posteriormente le fueron aplicados toques eléctricos en los pies (…)”, su declaración ante el Ministerio Público Federal, fue arrancada bajo presión ante supuestos agentes de Gobernación quienes la amenazaron con desaparecerla, a ella y a su familia. Durante su declaración fue video grabada tanto por militares como por personas que vestían de civil. Según la declaración de Ericka, señala que fue sometida a actos de tortura por más de doce horas en las instalaciones de la Novena Región Militar de Acapulco, en donde fue obligada a firmar una declaración fabricada.

En tanto Efrén, también señala que fue torturado en el cuartel de la Novena Región Militar y que “fue desnudado y vendado de los ojos y sometido a toques eléctricos en los genitales y en las rodillas (…) después le fue puesta una soga en el cuello, recubierta con una tela, la cual era jalada hacia atrás, como con la intención de ahorcarlo”

Ericka Zamora, fue traslada al penal de máxima seguridad de Puente Grande de Jalisco, el pasado 6 de noviembre de 1999. Durante el traslado, alegó una vez más, haber sido sometida a actos de tortura por más de cuatro horas por agentes de la Policía  Judicial, y de la Policía Federal Preventiva. El traslado a Puente Grande se dio sin previo aviso y no tuvieron la posibilidad de defenderse de esa decisión tomada por la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación a solicitud del gobierno de Guerrero.

Para Justificar el traslado las autoridades, construyeron una historia con base a supuestos informes anónimos, en los cuales se decía que los presos (presuntamente vinculados con el ERPI) realizaban reuniones clandestinas dentro del Penal y que estaban planeando un motín. Al descubrir los supuestos planes de fuga, el director del Cereso, Jesús Torres Quiroz, pidió a sus superiores, y éstos al director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Yunes, que se hicieran exámenes criminológicos para valorar la situación de los presos políticos.

En el expediente aparecen los dictámenes técnicos en los que se dice que “Ericka Zamora, por sus características de personalidad se observa con capacidad para planear y ejecutar conductas que van contra de las normas socialmente establecidas”. Por esa “peligrosidad” potencial, fue trasladada junto con Virginia Montes a una “institución que permitiera neutralizar su mala conducta”

Una vez recluida en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, fue enviada a una celda de 2 metros cuadrados, con una cama y un retrete, ya que el Penal, no cuenta con un área para mujeres. Sólo recibió dos mudas de ropa interior, así mismo fue cortada de su cabello y obligada a caminar viendo hacia abajo y con los brazos cruzados hacia atrás, así mismo tuvo que enfrentar una serie de dificultades y vejaciones para conseguir toallas sanitarias.

Finalmente, y luego de una fuerte movilización de sectores universitarios y de organizaciones sociales se logró poner en libertad a Ericka Zamora y a Efrén Cortés, la sentencia del tribunal de Chilpancingo nos hace pensar, entonces, que tanto Ericka como Efrén fueron inocentes y permanecieron en prisión de manera injusta durante cuatro años.

Sin embargo, la justicia en el caso del El Charco,  todavía espera. El gobierno federal y el gobierno estatal tienen que dar cuenta sobre quién ordenó el operativo del 8 de junio de 1998, en donde perdieron la vida 11 personas y además se cometieron violaciones a los derechos humanos como: incomunicación, actos de tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones a los derechos humanos. También tienen que informar quién dio la orden de catear y atemorizar a la familia de Ericka Zamora, la misma noche del operativo.

Por ello, las autoridades federales, principalmente la Procuraduría General de la República, tendrá que investigar estos hechos y sancionar a los responsables, así como reparar el daño causado a la Comunidad de El Charco, sólo así podremos hablar de una justicia plena.