Demandarán restauranteros afectados por el derribo de locales en playa Larga

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Resturanteros afectados por el derribo de chozas en la zona turística de playa Larga, en Zihuatanejo, demandarán por daños y prejuicios a Alejo Maldonado Cuevas, quien fue el particular favorecido el jueves con la restitución de seis hectáreas cerca del mar por parte de un actuario del Tribunal Unitario Agrario. Anunciaron que exigirán a las autoridades garantías para que este tipo de acciones no afecte la afluencia turística en esta zona, porque también les ocasiona pérdidas económicas. Mientras tanto, los ejidatarios de Agua de Correa solicitarán, por medio de un oficio, la intervención de las autoridades federales y estatales para resolver el conflicto que mantienen con Maldonado Cuevas, por los terrenos a la orilla de la playa.

Además acordaron probar –por la vía jurídica– que los terrenos son ejidales, y que el particular no acredita la propiedad, sino que ha sido favorecido “porque tiene un hijo que es judicial”, informó el ejidatario Jesús Maganda Orbe. Los restauranteros de Playa Larga estaban preocupados por la situación jurídica del patrimonio que adquirieron a los ejidatarios en 1991, cuando el 4 de septiembre –por acuerdo de asamblea– repartieron 192 lotes en una zona abandonada. Los restauranteros y propietarios de balnearios en Playa Larga dijeron que como terceros afectados por el conflicto demandarían penalmente a Maldonado Cuevas porque tuvieron pérdidas materiales, como en el caso de alfredo Vizairo, quien es dueño del Club de Playa Cotorros y del oasis El Caguamo, el cual fue derribado a pesar de que en el interior había cajas de refresco, cervezas y tenía un pozo artesiano con bomba que le servía para llenar la alberca del lugar.

Los restauranteros Ofer Reglado Morales, de la Cabaña de la Ocha y Cleofas Aybar, de Miramar azul, dijeron que aunque no fueron afectados su patrimonio estaba en riesgo. Ambos dijeron que la situación estaba afectándolos porque el problema alejaría a los turistas y potenciales comensales, y que además ponía en riesgo su inversión, aunque estan seguros de que los terrenos que poseen son del ejido y que por adquirirlos a éste son legales. Consideraron que la inversión es difícil de cuantificar, porque además metieron maquinaria pesada para poderle dar acceso a los turistas a un lugar “donde sólo hubo nopales”. Para el ejidatario Maganda Orbe, el TUA “está provocando un derramamiento de sangre” al darle posesión de seis hectáreas a un particular que no está reconocido como ejidatario.

Explicó que Maldonado pelea 23 hectáreas en el ejido de Agua de Correa, de las cuales 13 tiene sembradas con un palmar que está como a 300 metros de la playa, y en los que asegura que no se incluye la franja que ahora se potencia como sitio de atractivo turístico por parte de ejidatarios, hijos de ejidatarios y amigos, a quienes les lotificó el núcleo agrario. El resto del terreno (ocho hectáreas) lo tiene en posesión también con palmares y que se le han respetado, como las otras 13. De acuerdo a versiones de los lugareños, Maldonado Cuevas está en libertad condicional, toda vez que siete meses antes fue detenido también acusado por daños en la superficie en conflicto.