Ernesto Villanueva

Mexicanos inermes

El 20 de abril de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reglamentaria del artículo 10 de la Constitución que reconoce el derecho humano de poseer armas de fuego para la seguridad y la legítima defensa de toda persona. Esa iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y se prevé que sea discutida en el Senado en este periodo ordinario de sesiones para su eventual aprobación. Ese proceso se desarrolla en un marco de ignorancia y ausencia de participación ciudadana cuya única perdedora es la sociedad mexicana. Veamos por qué.
Primero. La iniciativa del presidente Calderón, de entrada, confunde eficacia con validez jurídica. En otras palabras, la “existencia” de leyes, lo que se denomina validez, con su efectivo cumplimiento, lo que se llama eficacia. En la exposición de motivos, dice por ejemplo, que “es ineludible que para combatir con mayor eficiencia los altos índices de violencia, debe erradicarse la proliferación de la compra-venta ilícita de armas de fuego, mediante el establecimiento de controles efectivos y sanciones adecuadas a quienes participen de dichas operaciones”. Se ha dicho hasta el cansancio que la proliferación de leyes no genera, de ninguna manera, mayor cumplimiento de la ley. Antes bien, en muchos casos, dificulta el cumplimiento de la norma jurídica. Esta confusión mental del presidente y sus asesores es uno de los hilos conductores que dan cuenta de cómo se ha perdido tiempo, dinero y esfuerzo en el combate al crimen organizado por falta de método y proyecto lógico racional.
Segundo. La iniciativa del presidente Calderón abona al mito que tiene todavía carta de naturalización en el grueso de la población al asociar el concepto “armas de fuego” con crimen y violencia. Evidentemente, en la iniciativa de referencia no hay datos duros que fundamenten su aseveración. Se trata sólo de conjeturas y ocurrencias puras y simples. La iniciativa tiene, entre otras cosas, tres nuevas restricciones a las ya existentes: a) Reducir los calibres permitidos formalmente para posesión y portación de armas de fuego; b) Incrementar las penas privativas de libertad al poseer o portar armas de fuego no autorizadas por la ley y c) Sancionar el uso de municiones modificadas para el uso “ordinario” de armas de fuego. Las tres innovaciones presidenciales son, además de absurdas, violatorias del derecho humano a poseer y, por consiguiente, portar armas de fuego para la legítima defensa y seguridad de los gobernados. Hasta el día de hoy algunos calibres de 9 milímetros son permitidos en la Ley de Armas de Fuego, ahora se excluyen además de este calibre, la 38 especial y la 37 Magnum, entre otras. Ello es inadecuado porque estos calibres carecen de la capacidad de contención o abatimiento de quienes agredan a los ciudadanos, impidiendo que antes que caiga el delincuente cometa el delito poniendo en riesgo la integridad del agredido y de los suyos. En el mundo al revés, la ley busca proteger a los delincuentes de las personas de a pie. Los otros dos elementos son peligrosos, sobre todo, lo relativo al transporte de armas de fuego y sus calibres por el desconocimiento de la sociedad, de las autoridades y de las fuerzas del orden. Si se aprueba esta insensatez a los problemas existentes que no son pocos, veremos mayores extorsiones, “siembras” e interpretaciones ajenas al espíritu de la Constitución en perjuicio, como siempre, de los que menos tienen.
Tercero. Por otro lado, la iniciativa de Calderón y el PAN de ninguna manera podría mejorar la seguridad de las personas. Seamos lógicos por favor: ¿Alguien con un dedo de frente se imagina que una persona que forme parte del crimen, organizado o común, desea registrar su arma y/o obtener una licencia de portación? Por supuesto que no, por dos razones obvias: a) Lo que menos quieren los delincuentes es ser detectados o seguidos por las autoridades y b) Las armas que utilizan son de calibres mayores a los que la Ley Federal de Armas, tanto la actual como la que podría reformarse, permiten poseer y/o portar. Si estamos de acuerdo en esta hipótesis, lo de más viene a ser lo de menos. La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República debe hacer el esfuerzo de pensar (sé que no es fácil, pero la verdad les aseguro que no duele y sí es posible), qué beneficios concretos para la sociedad tendría la aprobación de esa reforma. Espero lleguen a la misma conclusión que yo, o brinden elementos para aprender de ellos. Salvo otro argumento que racionalmente sea expuesto, si se aprueba en sus términos dicha iniciativa, se inscribiría en las acciones para acorralar todavía más a las personas de buena fe que constituyen el 99 por ciento de l@s mexicanos@s, que no tienen escolta y, por ende, no tienen poder ni dinero para defenderse del crimen, con placa y sin ella. Es este 99 por ciento el que quiere estar dentro de la ley, el que quiere registrar su arma de fuego y obtener su licencia de portación para su legítima defensa, la protección de su integridad, su patrimonio y la práctica del deporte cinegético. Paradójicamente, el gobierno de Calderón se empeña en dejar a casi todos fuera de la ley, por buenas o malas razones.

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