Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

La hora de la verdad

La recién creada Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra sucia en el estado de Guerrero, representa una gran oportunidad para romper con el círculo perverso de la impunidad y avanzar en la lucha incansable de los familiares de las víctimas y de todo el movimiento social que exige conocer la verdad y alcanzar la justicia. Las comisionadas y comisionados tienen una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos. No hay duda de su compromiso, de su profesionalismo y su entrega apasionada por los derechos de las víctimas. El gran desafío que tienen es cumplir con el mandato que les fue conferido “de investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos para contribuir con las labores de las autoridades competentes en las investigaciones en las violaciones a derechos humanos y hechos probablemente constitutivos de delito y delito de lesa humanidad”, en el periodo que va de 1969 a 1979. La vigencia de esta comisión será de dos años, con la posibilidad de ampliar su periodo por seis meses más.
La creación de la Comisión de la Verdad es una demanda histórica que desde hace más de 40 años han exigido los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. Ellos y ellas, con el dolor a cuestas y padeciendo múltiples vejaciones en su búsqueda de sus familiares, han vencido la pesadilla de la guerra sucia y han logrado demostrar que puede más la dignidad de sus voces y sus gritos, que los actos criminales cometidos por Ejército y las corporaciones policiacas quienes fueron los responsables de cometer delitos de lesa humanidad.
En Guerrero el poder del Estado fue utilizado perversamente por los caciques para aniquilar a los grupos disidentes e insurrectos, para destruir todo intento de organización independiente, para arrasar con los pueblos pobres que simpatizaban con la guerrilla. Se dieron órdenes desde las esferas más altas del poder para cometer actos abominables contra la dignidad humana y para infligir tormentos a la población. En el estado no sólo en la época de la guerra sucia se vivió un escenario de violaciones a los derechos humanos, sino que ese patrón de criminalización y aniquilamiento contra los luchadores sociales y defensores del pueblo continúa vigente. Se mantienen aún intactas las estructuras encargadas de reprimir a la sociedad que se organiza y que protesta; al Ejército mexicano desde la década de los setenta, en Guerrero se le asignaron tareas de seguridad pública para suplantar a la policía, para realizar tareas de espionaje, de contra insurgencia y de combate al narcotráfico. Estas tareas fueron enmarcadas en lo que técnicamente se ha llamado el Plan DN-II. La realización de estas actividades le abrió la puerta al Ejército en el estado para que asumiera todo el control de las corporaciones policiacas, actuando fuera de la ley, usurpando funciones y realizando actividades ilícitas, como sucedió con el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que concentró todo el poder represivo del Estado con el apoyo y la complacencia de Luis Echeverría y Rubén Figueroa Figueroa.
Nuestra entidad cobró notoriedad por la forma de dirimir los conflictos sociales e incluso de resolver las rivalidades personales mediante las ejecuciones extrajudiciales. El Guerrero bronco cobró fama por  la forma cruenta y brutal en que asumían su papel las policías del estado. La mala fama la tienen por su crueldad y por la cantidad de muertes que cometían. Por estos actos deleznables se volvieron intocables, imprescindibles y con un poder sin límites. Este sistema caciquil siempre ha necesitado este tipo de policías que están dispuestos a defender a su patrón. A policías que no les tiemble la mano para aplicar la ley del revólver contra los opositores al sistema.
El cacicazgo, como parte de la estructura del poder público, se sustenta en el poder económico. La estructura del cacicazgo ha sabido juntar de manera estable el poder económico con el poder político concentrado en una persona. Ha tenido la capacidad de incrustarse en un endeble sistema democrático que padecemos y logra actuar como un estructura informal que se da el lujo de asumir el papel del gran elector, que le permite designar a sus amigos y compadres para ocupar cargos públicos o disputar candidaturas. Hasta la fecha esta estructura piramidal sigue controlando todos los hilos del poder, continúa poniendo a su servicio las instituciones del estado y goza de total impunidad con relación a los crímenes que llegan a cometer. La institucionalidad del cacicazgo es el que nos ha colocado en el umbral de la barbarie, en la zaga del desarrollo democrático y en el encumbramiento de políticos iletrados y sin ninguna legitimidad social. Esta forma de ejercer el poder ha atizado la llama de la rebelión expresada en la insurgencia civil y armada.
Ante tantas atrocidades cometidas por autoridades civiles y militares, los ciudadanos y ciudadanas hemos buscado desde diferentes trincheras la forma de contener la avalancha de un poder violento. Sólo las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que trabajan día a día para restablecer un Estado de derecho tan maltrecho por los políticos facinerosos, han logrado desmontar las estructuras de un sistema de partidos que nos oprimen y nos utilizan como clientela electoral. Los familiares de las víctimas de la guerra sucia siempre han puesto el dedo en la llaga de este sistema que ha sido complaciente con el Ejército, con las policías y los mismos políticos que se han confabulado para desaparecer, torturar y ejecutar a hombres y mujeres que buscaron forjar un estado democrático y justo.
La lucha por la verdad es un derecho que tienen las víctimas para que el Estado realice investigaciones exhaustivas para dar con el paradero de las personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas. Como sociedad tenemos el derecho irrenunciable de conocer la verdad sobre los acontecimientos históricos que han causado graves daños a la población. También es importante conocer las razones y circunstancias en que llegaron a cometerse delitos aberrantes, con el fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. No podemos permitir que las autoridades sigan vendiéndonos a un precio muy alto una historia oficial cimentada en la mentira, armada con plumas mercenarias que se empeñan en ocultar y justificar los crímenes de Estado, para mantener en la ignorancia y en la sumisión a una población que sufre el escarnio de sus gobernantes.
En Guerrero no sólo se han ocultado los hechos y desvirtuado la realidad, sino que toda la acción del gobierno se ha centrado en proteger a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad. Todo el aparato del Estado está sostenido por normas y procedimientos que blinda penalmente a los políticos y les garantiza impunidad. El mismo sistema caciquil se fortalece con reformas legislativas que criminalizan la lucha social y le dan más poder al Ejecutivo para utilizar a las fuerzas represivas en defensa de sus intereses. Sigue incólume el carácter autoritario y despótico de este sistema avalado por la partidocracia, que continúa cerrando los espacios políticos para que los ciudadanos y ciudadanas  tengan la posibilidad de incidir en la toma de decisiones. Este encapsulamiento político es para defender intereses facciosos y para tener el control de las instituciones. Se simulan cambios con el fin de mantener el status quo.
Las demandas históricas de las organizaciones sociales si-guen sin ser atendidas, por el contrario, hay un rezago acumulado que está siendo atendido con el mismo patrón persecutorio que responde a una estrategia de guerra de baja intensidad. Las justas demandas y reivindicaciones sociales son vistas desde la lógica de la conspiración, por eso usan de manera desproporcionada la fuerza, recurriendo a métodos de tortura y llegando al límite  de  ejecutar extrajudicialmente a quienes protestan, como sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa.
Las corporaciones policiacas y las militares siguen actuando sin ningún control y gozando de total impunidad. Esta situación es atroz, sobre todo cuando rememoramos todo lo que sucedió en la década de los sesenta y setenta. Lo más triste e indignante es que la impunidad sigue galopa con fuerza en el estado, que los cacicazgos gozan de un gran poder, que los policías y militares cuentan con el apoyo y la protección de sus jefes político. Que la justicia y la verdad en Guerrero sigue siendo una meta que implica muchos riesgos.
Los y las guerrerenses ya no estamos dispuestos a que las autoridades que tienen como mandato preservar el Estado de derecho sean los encargados de instrumentar las políticas de terror y de criminalización de la lucha social. Ya no es posible permitir que personajes siniestros ocupen cargos para violar los derechos humanos de la población y que como premio, por cometer estos crímenes todavía se les restituyan sus grados y se les rindan honores, como sucedió con el general Acosta Chaparro.
Hasta la fecha ninguna autoridad ha hecho efectivo el derecho a la verdad. Todo se ha quedado en promesas desde que surgió el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desapare-cidos y Exiliados (hoy Eureka), en la ciudad de Monterrey en 1977, encabezado por doña Rosario Ibarra de Piedra, hasta la lucha de Tita Radilla y la Afadem, quienes lograron que el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara sentencia por la desaparición de Rosendo Radilla. Su caso se enmarca dentro de un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas que se dieron en el estado de Guerrero. A pesar de estos esfuerzos heroicos, el Estado mexicano no ha cumplido con su responsabilidad de dar con el paradero de los desaparecidos; de hablar con la verdad a sus familiares y de acabar con la impunidad. Llegó la hora para que la Comisión de la Verdad contribuya en la larga lucha de las y los guerrerenses para escudriñar los secretos de Estado que protegen a las autoridades y políticos que tanto daño le han hecho al país.