Envían a comisión propuesta para quitar concesiones a transportistas bloqueadores

 * Diputados de PRD y PRI deciden no aprobar ayer el planteamiento * El punto de acuerdo también exhortaría a las autoridades del ramo a reordenar el servicio

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Diputados locales priístas y perredistas enviaron ayer a comisión un punto de acuerdo propuesto por Alberto Mojica Mojica –antes del PRD, y ahora independiente–, por el cual el Congreso local exhortaría a las autoridades del transporte a ejecutar acciones para reordenar ese servicio público y de paso quitar los permisos a los transportistas que participen “por más de tres ocasiones” en bloqueos a las vías de comunicación en el estado.El diputado Alberto Mojica fue precandidato del PRD a alcalde de Acapulco, pero luego de que la encuesta ordenada por ese partido para definir la candidatura no le favoreció, decidió abandonar ese partido y abrir la posibiliad de que otros lo postulen en alianza.Como punto último del orden del día, luego de cinco horas de sesión, Mojica Mojica subió a tribuna a leer su propuesta, como un asunto de urgente y obvia resolución. Pero ni siquiera eso se votó, sino que el presidente de la Mesa Directiva, el diputado priísta Enrique Camarillo Balcázar, propuso enviarlo a la Comisión de Transportes, que preside el diputado figueroísta Ambrosio Soto Duarte, líder de transportistas en la Tierra Caliente y aspirante a la alcaldía de Pungarabato. Los diputados del PRD y del PRI apoyaron la propuesta de Camarillo.Mojica Mojica abandonó el recinto luego de que la mayoría de los diputados rieron cuando la perredista Olga Bazán protestó porque el presidente de la Mesa no pidió la votación en contra, para desechar el punto de acuerdo de su ex compañero de partido.

 La propuesta de Mojica

 En su punto de acuerdo, el diputado Alberto Mojica propone que el Congreso del Estado exhorte a las autoridades del transporte del estado “para ejecutar acciones eficientes para el reordenamiento del servicio de transporte público, del reordenamiento de sus rutas, de una estricta vigilancia del buen estado del parque vehicular, de la atención al problema de la prestación irregular de este servicio (pirataje), y de manera especial analice la posibilidad de retirar la concesiones de servicio público de transporte a aquellos concesionarios que participen por más de tres ocasiones en bloqueos a las vías de comunicación en el estado, informando a este Poder Legislativo de las acciones tomadas en cada caso y los resultados que con ellas se obtengan”.Señala que “el régimen de concesiones del servicio público de transporte es el objeto de las permanentes disputas entre las diferentes organizaciones de transportistas y su consecuente confrontación con las autoridades de la materia, ya que el servicio de transporte se encuentra corporativizado y ha perdido su función original de servicio público, para convertirse en un simple negocio particular, lo que causa que sea deficiente, inseguro, de  mala calidad e irregular”.Además de ello, “la proliferación irregular de prestadores de este servicio ha causado una sobreoferta en las rutas preferentes de la principales ciudades del estado, situación que se ha convertido en uno de los problemas más graves y de difícil erradicación para las autoridades, que incluso ha motivado que los propios prestadores del servicio por si mismos se estén dando a la tarea de detener a quienes en forma irregular realizan esta actividad, acciones que de no ser atendidas por la autoridades pueden generar violencia y enfrentamientos graves entre estas personas”.Señala que para la ciudadanía guerrerense “es importante contar con un servicio público de transporte que sea eficiente y de calidad, que no esté orientado por criterios políticos y que, en cambio, sea un satisfactor conveniente de las necesidades de transporte que requieren, por lo que el abandono de la prestación de este servicio, causado por lo múltiples bloqueos que las organizaciones de transportistas  llevan a cabo, implica uno de los mayores malestares entre la sociedad”.Añade que “estos actos en sí mismos  constituyen un abuso del derecho de manifestación, por los daños que son causados a terceros ajenos a estos conflictos, sobre todo en municipios turísticos como Acapulco, Taxco y Zihuatanejo, o la ciudades de Iguala y Chilpancingo, donde a causa de estas prácticas se originan pérdidas económicas para los ciudadanos y una distorsión de sus actividades cotidianas, situación que no puede darse por parte de quien tiene encomendada la prestación de un servicio destinado a la satisfacción de las necesidades colectivas”.