René Lobato Ramírez

El juicio político

El juicio político instaurado a dos magistrados y una jueza del Poder Judicial en la entidad, ha generado puntos de vista discrepantes. Algunos consideran que la actuación del Poder Legislativo al sancionar a los servidores públicos fue correcta dado que era necesario mandar un mensaje a la sociedad de que se estaba combatiendo la impunidad y la corrupción; pero al mismo tiempo existe otra postura que opina lo contrario al considerar que se ha deteriorado aún más la credibilidad en las instituciones, porque ha quedado al descubierto que los legisladores excedieron sus facultades al invadir  la esfera de competencias de otro poder, y que lo hicieron apartándose totalmente de la legalidad.

Por la importancia del tema, me he propuesto abrir este análisis, tomando en cuenta que mi opinión en ese tiempo fue en el sentido de que era improcedente el juicio político, tal y como ahora lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué dije en ese tiempo que el juicio político era improcedente? Lo dije, porque que desde el momento de la presentación y admisión de la demanda se actuó con un ánimo de linchamiento en contra de dichos servidores públicos, sin considerar absolutamente ninguno de sus argumentos. Es decir, se les juzgó a priori, sin darles posibilidad a la defensa debida, a grado tal que en lugar de instruirse adecuadamente un procedimiento legal en su contra para determinar el grado de su responsabilidad, se optó por ignorar las formalidades esenciales del procedimiento, poniéndose en duda la legalidad de los actos de la soberanía popular representada nada menos que en el Poder Legislativo.

Esa mezcla de presión, improvisación, y falta de legalidad fue la causa principal que motivó mi postura. Ciertamente, mi punto de vista pudo no haber sido popular, pero debe entenderse –parafraseando a Juárez– que la ley a veces es dura e impopular, pero es la ley. Por eso me opuse, pero ni en ese tiempo ni ahora he tomado partido sobre el fondo del juicio, por el contrario mi posición se ha centrado únicamente en defender el derecho.

Fundamento mi posición en ello, porque tengo la convicción de que si los magistrados y la jueza son culpables es justo que se les juzgue mediante la ley. Pero no dejo de hacerme la terrible pregunta: ¿y si son inocentes? ¿Quien podría repararles el daño ocasionado?

En razón de lo anterior, a quienes opinan que el juicio político ha sido correcto dada la necesidad que existe para legitimar a las instituciones públicas frente a tantos casos de ilegalidad y corrupción existente, les expreso mi respeto, pero discrepo de ellos, por la siguiente razón: ¿será un acto de legitimidad y transparencia enjuiciar a dos servidores públicos sin observar las normas que rigen el procedimiento, tan sólo para justificar que se está haciendo algo para combatir la corrupción y las trasgresiones a la ley? ¿Será jurídicamente posible y moralmente válido que en un solo día estos juzgadores juzgados hubiesen sido destinatarios de dos dictámenes: uno, con conclusiones inacusatorias, y otro, con acusatorias?

Desde mi punto de vista esto fue y es inadmisible. No se puede juzgar en la improvisación, y mucho menos hacerlo sin antes demostrar la culpabilidad del indiciado. El Estado no puede caer en el juego de una muchedumbre que pide linchamiento público a cambio de creer en él; simple y llanamente no se puede hacer así, porque en ello estaría el veneno que mataría al propio Estado, tal y como lo concibió Tomás Hobbes en su obra El Leviatán. Las acciones del poder se legitiman a través del uso de la ley, eso es tajante, y lo saben perfectamente los abogados, sobre todo los que han tenido la suerte de abrevar en la teoría de los grandes juristas.

En un régimen constitucional como el nuestro, hasta el peor delincuente tiene derecho a ser juzgado con las formalidades esenciales del procedimiento porque en ello se sustenta la esencia del poder de gobernar, y en ello encuentra su principal basamento nada menos que la justicia. Esto no debe perderse de vista. Por supuesto que duele el delito, porque lesiona, destruye y rompe los equilibrios sociales, pero por favor, jamás debemos incurrir en la omisión del derecho porque representa una involución en toda sociedad civilizada.

Por lo demás, y según la opinión de los principales juristas tanto mexicanos como extranjeros  que han estudiado al impeachment y al juicio político como figuras de control, es unánime la idea de que estos procedimientos no se rigen por una reglamentación política, sino todo lo contrario, se norman por un procedimiento estrictamente legal. Y en ese sentido, para demostrar la responsabilidad de alguno de los servidores públicos considerados en las legislaciones como sujetos de juicio político, no se puede atender a criterios políticos, sino observar puntualmente las formalidades señaladas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues de lo contrario estaríamos transgrediendo la esfera de derechos vigentes en un régimen constitucional como el nuestro.

Esto significa que la denominación de “juicio político” que le ha conferido nuestra constitución a esta figura de control, no quiere decir que se permita enjuiciar con “criterios políticos”, sino por el contrario es el momento más oportuno para utilizar la legalidad, dado los intereses que a menudo se encuentran en juego. Estos principios son ineludibles, y su vigencia está antecedida por revoluciones armadas, por luchas sociales, declaraciones y tratados internacionales que no se pueden violentar tan sólo por favorecer la coyuntura política.

En razón de lo anterior, me atreví a opinar en aquella ocasión y lo hago ahora a pesar de la impopularidad que pudiera llevar implícita, que el juicio político no era procedente, cuando menos en las condiciones en que fue substanciado. Lo digo sin dolo y sin parcialidad de ninguna especie, atendiendo únicamente a mi conciencia, al modesto conocimiento que tengo de las leyes y despojado de cualquier protagonismo. No prejuzgo la culpabilidad o no de los magistrados y la jueza, porque no soy perito de la materia, pero sí manifiesto mi convicción de que el Poder Legislativo pudo haber jugado un papel de mayor relevancia si hubiese puesto por delante de sus actos, la legalidad.