Marcelino Díaz de Jesús

Tratados incumplidos por el gobierno mexicano y el Plan Puebla Panamá

 Los pueblos indígenas de México no firmaron tratados en el sentido que los describe el Relator Especial en su excelente estudio, en el periodo colonial y durante la conformación del Estado mexicano, pero, durante el periodo post-revolucionario durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934–1940) hay un Acuerdo que otorga y garantiza la autonomía al Pueblo Yaqui sobre su territorio.

Debe destacarse el tratado bilateral conocido con el nombre de Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1847 que, bajo presión militar, firmó México con Estados Unidos cediendo la mitad de su territorio, en el que se menciona el libre tránsito trans-fronterizo de los mexicanos que quedaron del lado norteamericano, entre ellos los pueblos indígenas, que quedaban del lado norteamericano, de la nueva frontera sur de Estados Unidos de Norteamérica.

Después México ratificó el Convenio N.107 y posteriormente el Convenio N.169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1991). Además algunos pueblos indígenas han firmado infinidad de acuerdos (que, en algunos casos han sido llamados “compromisos” o “minutas de acuerdo” por ambas partes) con los gobiernos estatales y federal sobre asuntos relativos al respeto a sus tierras; proyectos, planes y programas de desarrollo; relativos a educación, salud; etc.

Merecen mención aparte los Acuerdos de San Andrés que fueron firmados, por una parte, por el gobierno estatal de Chiapas, el gobierno federal de México, y, por otra parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, teniendo como garante la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. Dichos acuerdos contemplan, entre otras cosas, los derechos mínimos sobre cultura y derecho indígena para todo el país.

Actualmente es causa de preocupación mayor la existencia del mega-proyecto económico llamado Plan Puebla-Panamá (PPP). Dicho plan, impulsado por compañías transnacionales y defendido y apadrinado por gobiernos centroamericanos y que abarca desde el estado de Puebla, en México, hasta Panamá, afectará a cerca de 200 pueblos indígenas y, según sus impulsores, traerá el desarrollo y el progreso para todos los habitantes de la región. Se debe recordar que Guatemala y México, partes en el Plan Puebla Panamá, han ratificado el Convenio N.169 y que, dicho instrumento, contempla, entre sus disposiciones, la necesaria consulta con los pueblos indígenas, como un derecho, ante toda situación que directamente afecte las tierras u otras dimensiones de sus culturas.

El plan tiene como eje central la explotación de los recursos naturales que, en general, se encuentran en tierras indígenas. El plan engloba un millón 23 mil kilómetros cuadrados y allí se encuentran miles de especies animales (mamíferos, reptiles, anfibios y pájaros)  además existen 16 mil variedades de plantas y una riquísima diversidad de recursos biogenéticos.

Así, el mega-proyecto, al explotar las selvas y otros recursos naturales, destruirá ecosistemas y biotopos únicos, destruirá también centros arqueológicos y ceremoniales indígenas. El plan sólo contempla la participación de los indígenas como mano de obra barata y servil.

El modelo de desarrollo que lleva consigo el Plan Puebla Panamá es bien conocido por los indígenas de Oaxaca, en México. Se trata de Huatulco en la costa del oceáno Pacífico, balneario de lujo con hoteles de cinco estrellas y campos de golf. Para construir este paraíso turístico, el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), en 1984, expulsó de sus 21 mil hectáreas a siete comunidades zapotecas pagando ridículas indemnizaciones previstas en una supuesta, “ley de interés nacional”. Tres dirigentes zapotecos opositores al proyecto, fueron asesinados entre 1989 y 1992. El Plan Puebla Panamá prevee otros balnearios de lujo que afectarán a otras comunidades de la región.

Para nosotros, el Plan Puebla-Panamá es una nueva declaración de “terra nullius” contra todos los pueblos indígenas de la región centroamericana.

Señor presidente, si hubiera un concurso sobre acuerdos y convenios incumplidos, México podría ser el campeón.

En 1990 el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero (CPNAB) encabezó la lucha contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo (PHSJT) que iba a inundar tierras, bosques, casas, cementerios, centros ceremoniales y otros lugares sagrados de 22 comunidades. Este proyecto fue cancelado por el gobernador del estado de Guerrero, Francisco Ruiz Massieu, el 12 de febrero de 1992 y, posteriormente, fue ratificado por el presidente Carlos Salinas de Gortari el 13 de octubre de 1992.

En 1995 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT “toma nota, con interés, de que dicho proyecto fue cancelado debido a una resolución que adoptó previamente, en el mismo sentido, el Consejo de Pueblos Nahuas de Alto Balsas”. En marzo de 2001, el gobierno del presidente Vicente Fox presentó el Plan Puebla Panamá, en él se contempla la construcción de dicho proyecto hidroeléctrico, además del proyecto hidroeléctrico La Parota (cerca de Acapulco) como parte de la Estrategia de Generación de Eléctrica, que se inscribe dentro del Plan Puebla Panamá.

La decisión de luchar de los Pueblos Nahuas del Alto Balsas contra este proyecto hidroeléctrico se resume en la siguiente frase: ¡Nikan tla kinekizque tech kixtizque, achtopa tech miktizque!, que en español se traduce: ¡De aquí para poder sacarnos, primero tendrán que matarnos!

El 4 de septiembre de 2001 el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) en gesto solidario con los pueblos indígenas presentaron una Reclamación por incumplimiento “in toto” del Convenio N.169 de la OIT. Esta reclamación aún está en trámite y se espera, pronto, el informe final del Comité Tripartito que fue designado para analizar las cuestiones de fondo de la reclamación.

Señor presidente, el acuerdo de Autonomía del Pueblo Yaqui, los Acuerdos de San Andrés, el Acuerdo de cancelación de la construcción de la represa hidroeléctrica en el Alto Balsas, la infinidad de acuerdos “compromisos” o “minutas de acuerdo” ni las disposiciones del Convenio N.169 de la OIT han sido cumplidos por las autoridades gubernamentales mexicanas. Para dichas autoridades, parece ser que, no existen los principios de “pacta sunt servanda” y de “buona fide” que deben regir dichos actos. Por otra parte, no hemos visto un interés de México para exigir a su contraparte el cumplimiento de las disposiciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Señor presidente, hemos constatado que el Relator Especial, como lo dice en el párrafo 44 del informe final no tuvo tiempo para abordar, en detalles, la cuestión de los tratados bilaterales o multilaterales concertados entre potencias no indígenas, pero que afectan a pueblos indígenas, sin embargo, recogemos con satisfacción la recomendación contenida en el párrafo 320 en el que propone “que la parte estatal trate de obtener el consentimiento libre e informado de las partes indígenas antes de que traten de imponer las obligaciones en cuestión”.

Teniendo en consideración los párrafos 44 y 320 citados, recomendamos que el estudio se amplíe y se autorice su continuidad para abordar en todos sus detalles la cuestión de las implicaciones que tratados bilaterales o multilaterales, como el Plan Puebla Panamá y el Tratado de Libre Comercio, entre otros, puedan tener para los pueblos indígenas y hacer recomendaciones para asegurar la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que, en estos tratados, les conciernan y, principalmente, para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

Muchas gracias señor presidente.

 * El autor es presidente del Consejo de Pueblos nahuas del Alto Balsas, y presentó este texto en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza, el 17 de diciembre, en el Seminario de Expertos sobre Tratados, Convenios y otros Acuerdos Constructivos entre Estados y Publos Indígenas, convocado por la Oficina del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.