Representantes de la ONU instan al Congreso a despenalizar el aborto

*Es una obligación del Estado con los derechos de las mujeres, afirman en un foro sobre maternidad libre y segura. No es un tema de ideologías sino de respeto a derechos de la mujer, afirma Ana Güezmes García, de ONU-Mujeres México. En Guerrero, cifras alarmantes de embarazos adolescentes, de muerte materna y de violencia contra las mujeres, advierte. El dictamen aprobado en el Congreso del estado desoye el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia: Javier Esteban Hernández, de ONU-Derechos Humanos. Embarazos no planeados, problema de salud que debe ser atendido por los gobiernos: Javier Domínguez, de ONU-Población

Karina Contreras

La despenalización del aborto no es un tema de ideologías de derecha o izquierda, sino de respeto a los derechos de la mujer, dijo ayer la representante de la ONU Mujeres México, Ana Güezmes García.
Durante el “Foro informativo por una maternidad libre y segura” que se realizó en Acapulco, Güezmes García expresó que tiene que darse un debate público basado en derechos humanos.
Dijo que la discusión sirve para que se avance en la ley, pero que se avance en la práctica y eliminar toda forma de discriminación y violencia, así como garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en Guerrero.
Añadió que espera que los foros contribuyan a que el Congreso local “abra el espacio para que en el pleno se pueda discutir con información relevante, con argumentos de derechos humanos, este no es un tema de opinión sino obligaciones que el Estado mexicano tiene que cumplir, en materia de revisar la legislación que está obstruyendo, y Guerrero tiene cifras muy alarmantes de embarazos adolescentes, de muerte materna, de dificultades, de violencia contra las mujeres, por lo que es más importante un debate informado, un debate que permita avanzar en derechos humanos”.
Indicó que le ha dado mucha pena porque ha estado leyendo las noticias que se han generado por la iniciativa de la despenalización del aborto, donde se menciona que se dio un golpe a un partido o a otros, lo cual no debe ser así, sino que se debe hacer un gran pacto de todos los partidos políticos y toda la sociedad con los derechos de las mujeres, porque “este no es un tema de ideología, estamos diciendo que nos preocupa, nos indigna  y nos llama a la acción, que el objetivo del desarrollo que menos hemos avanzado en el caso de México es el que tiene que ver con reducción de muerte materna y salud reproductiva”.
La especialista en salud reproductiva y derechos de la mujer, Ana Güezmes García, dijo que es preferible que el debate sea “entre aquellas personas y partidos que están a favor del ejercicio del derecho de las mujeres y aquellos que necesitan más debate posiblemente; hace 60 años se discutió el voto de la mujer, se dieron los argumentos a favor y en contra, eran argumentos de todo tipo”.
Subrayó que México es donde menos se ha avanzado en lo que se refiere justamente a la salud materna y acceso a la salud reproductiva por parte de las mujeres.
Güezmes García es representante de ONU Mujeres en México y su función es apoyar los esfuerzos nacionales para promover y fortalecer la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Indicó que su ponencia está planteada desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres.
Indicó que los derechos de las mujeres no es un tema de las mujeres, sino que es un tema que compromete a todos, así como a las instituciones para trabajar unidos para que los derechos humanos sean una realidad en la práctica.
Dijo que en México se tiene que trabajar en el cambio cultural, porque no es suficiente tener constituciones si realmente no hacemos de los derechos una cultura de relaciones humanas mucho más cotidianas.
Añadió que en el 2011 México hizo un parteaguas porque puso a los derechos humanos al más alto nivel en el rango constitucional, “donde no son referentes, son obligaciones que los estados tienen que cumplir con la sociedad”.
Agregó que esa reforma contempla el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente los temas relacionados con la sexualidad sin sufrir coerción, discriminación y violencia, el acceso universal a información y servicios, el acceso a variedad de métodos anticonceptivos, el acceso a servicios de aborto seguro en las circunstancias que prevé la ley y la prevención del aborto en todos los casos.
Agregó que la ONU le ha dicho a México que tiene que eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, con una preocupación particular por las jóvenes y las adolescentes.
Asimismo, le ha pedido armonizar su legislación con los tratados internacionales, pues se ha visto que donde se ha dado menos progreso es en mejorar la salud materna.
Señaló que los indicadores claves son eliminar y reducir las muertes maternas que se podrían haber evitado, y el otro reducir la maternidad adolescente, que sigue siendo un problema.
Güezmes García indicó que a la ONU le preocupa que en México no se hayan reducido las muertes maternas y garantizado el acceso universal a la salud reproductiva, “ha sido lento y desigual, en particular en los sectores más pobres. Cuando hacemos leyes que penalizan el acceso a la salud sexual y reproductiva, a las que estamos castigando es a las mujeres más pobres, a las que tienen menos acceso, por estar más alejadas de los servicios de salud, información y educación”.
Recordó que México ha incluido en su Plan Nacional de Desarrollo la igualdad sustantiva de género y  también lo está en el de Guerrero, y “sin duda el llamado es a no seguir dando pasos de bebés, los avances están ocurriendo y están yendo demasiado lentos, se tiene que tener un compromiso como sociedad para dar pasos más acelerados a la igualdad”.
Subrayó que no basta tener leyes y políticas, sino que los estados tienen que poner todos los medios a su alcance para lograr la igualdad en los hechos, “se tiene que armonizar la legislación con los derechos humanos, con los convenios internacionales”.
Güezmes García indicó que la propuesta de despenalización que se está discutiendo en Guerrero es una ley que avanza en ese sentido de armonizar la legislación con los derechos humanos de las mujeres.
Indicó que del total de las mujeres que sufren algún tipo de violencia en Guerrero apenas el 6 por ciento llega a pedir atención a los servicios de salud.
Que el 44 por ciento vive en depresión, el 30 por ciento en la angustia y el miedo, y un 28 por ciento con problemas de nervios.
Dijo que 21 estados no tienen ningún procedimiento para saber qué tienen que hacer las mujeres que buscan una atención de aborto, entre ellos está Guerrero, y 12 sí lo tienen y el estado que está más armonizado con un protocolo claro de obligatorio cumplimiento es el Distrito Federal.

El Congreso de Guerrero desoye el criterio de la Suprema Corte

Por su parte, el representante en México de la Alta Comisionada de las ONU para los derechos humanos, Javier Esteban Hernández Valencia, dijo que no se debe olvidar que en octubre del año pasado se recomendó a México fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva para garantizar que las mujeres que “reúnen los requisitos para practicarse un aborto legal puedan acceder a servicios seguros, de calidad y gratuitos en todo el país”.
Agregó que México respondió en abril pasado que aceptaba las recomendaciones e informó que estaba llevando a cabo acciones para mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva, por lo que el mensaje que está mandado Guerrero no sólo al país sino al resto del mundo, en el tema de oponerse a la despenalización del aborto, es que hay “una enorme posibilidad de regresión no sólo de derechos humanos sino de diálogo enriquecido”.
Se manda el mensaje de que a Guerrero no le importan las recomendaciones internacionales, “Guerrero dice ‘no nos interesa ni nos importan’, no son pare del debate, el debate es por fuera de estos carriles”.
Se preguntó cuál va a ser el mensaje que van a mandar los diputados de Guerrero si lo que están haciendo es “limitar, cerrar, impedir” y poniendo en duda lo que acaba de decir México en foros internacionales, de que está llevando a cabo acciones para mejorar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, “hay algo que no encaja, no engarza con lo que México presenta y proclama como pleno compromiso”.
Indicó que esa situación tiene que ponerse en evidencia, donde la “promesa de la reforma constitucional de cambios de paradigma se va a deteriorar, se va a devaluar, se va a revertir si es que las legislaturas locales no toman el sentido programático de lo que ahora dice el uno constitucional, los derechos humanos universales, interdependientes, y estén interactuados”.
Hernández Valencia dijo que es un tema de preocupación cuál es la señal que se da desde Guerrero, cuando en el país se anuncia que se protege, se expanden y garantizan los servicios de salud y en “un debate, en el cual todo está ahí contenido, se ignora, que en la fundamentación del dictamen no se utilizan los argumentos que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar su voto”.
El comisionado dijo que es grave la situación porque el país oficial, el que se relaciona con las instancias internacionales, informa de la reforma, su contenido y avances y, por el otro lado, está el “país que se traba, que no acompaña y no fortalece ese sentido de la historia mexicana al dotar de una reforma tan importante”.
Consideró que esta situación ha pasado desapercibida y no se ha hecho la conexión entre una situación y la otra.
Dijo que apenas el 10 de junio se cumplieron tres años de una reforma constitucional de derechos humanos, y México da un informe de que está avanzando, y por otro lado hay un dictamen de los diputados en la iniciativa del gobernador de manea negativa, cuando es una iniciativa que aborda los derechos de las mujeres.
Agregó que los términos del debate se da en ese proceso que inició México, o Guerrero se convierte en una isla del país ante la comunidad internacional.
Sostuvo que el debate en el Congreso local se debe dar con todas las opiniones y también el fundamento constitucional, desde las recomendaciones hasta los cambios y las sentencias que México ha aceptado.

Un millón de abortos al año en el país

Otro de los ponentes en el foro fue el médico Javier Domínguez del Olmo, Oficial Nacional de Programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA). Domínguez del Olmo es egresado de la escuela de Medicina de la UNAM con posgrado en medicina familiar y administración de salud, quien dijo que desde hace 40 años el país ha sido pionero en salud reproductiva y el artículo 4 constitucional da el derecho a todas y todos los mexicanos para decidir de manera libre, responsable e informada el número de sus hijos, la frecuencia de los mismos, la periodicidad de los mismos y la obligación del Estado es garantizar los medios para cumplir ese derecho.
Dio cifras y dijo que el 67 por ciento de las mujeres fértiles en México utilizan algún método anticonceptivo moderno de planificación familiar y un cinco por ciento uno tradicional, es decir, que el 72 por ciento entre 15 y 44 años de edad usan un método anticonceptivo y un 28 por ciento no puede hacer uso de ellos por diferentes circunstancias.
Añadió que cuando se habla de un tema sensible como la interrupción del embarazo indudablemente se está hablando de embarazos no planeados.
Es un elemento central en materia de salud, que debe ser atendido por el gobierno federal pero también por los estatales, añadió.
El 70 por ciento de embarazos no planeados se presentan en regiones como el Distrito Federal y en estados de menos desarrollo como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, es en menor porcentaje.
Precisó que en el país se dan 71 embarazos no planeados por cada mil mujeres en edad reproductiva y la mitad se resuelve interrumpiendo el embarazo.
Y si se hacen cuentas, dijo, al año se da un millón de abortos inducidos en el país.
Añadió que en los países donde los abortos son legales, cuando las mujeres determinan interrumpir su embarazo y lo hacen en un marco legal que se los permite, en un servicio de salud que está preparado para ello, “hay mucho menos riesgos y más calidad en la atención, pero cuando se realiza en países donde los abortos son ilegales el riesgo para las mujeres se incrementa porque la calidad de los servicios es muy limitada o inexistente”.
Dijo que los abortos inducidos se dan más en mujeres jóvenes, entre 15 a 24 años, es la generación que tiene menos oportunidades.
Agregó que si las circunstancias no son identificadas por quienes legislan en el país y no son utilizadas como elementos fundamentales para tomar decisiones, y “prevalecen otros compromisos de carácter político y no lo que la población requiere, la construcción de políticas públicas seguirá siendo muy débil en el contexto nacional y estatal”.
El especialista dijo que los abortos clandestinos son acompañados de complicaciones para las mujeres, donde el 36 por ciento presenta complicaciones de acuerdo con diversas fuentes y el costo del tratamiento es de cerca de 2 mil dólares, unos 25 mil pesos.
Indicó que más allá de la discusión que se lleve a cabo en el ámbito estatal no se puede dejar de lado la obligación de fortalecer las políticas públicas para el acceso universal a los anticonceptivos, pues el Estado debe garantizar esa situación.
El foro duró cerca de 3 horas y acudieron unas cien personas; estuvo la secretaria de la Mujer (Semujer), Rosario Herrera Ascencio, y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, que clausuró el acto.