Exigen ejidatarios el pago por el despojo de más de más de 500 has

Gregorio Urieta, corresponsal, Coyuca de Catalán * Amenazas, insultos y hasta golpes entre ejidatarios, fue el el panorama de una reunión que sostuvieron ayer ejidatarios de Amuco de la Reforma, en Coyuca de Catalán, con el delegado estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Ubaldo López Castro, donde exigieron la indemnización por el despojo de más de 500 hectáreas del ejido San Juan de la Cruz. Durante la junta, que se llevó a cabo en la delegación de Gobierno de esa localidad, los inconformes aseguraron que la cantidad ya fue pagada, pero que sus líderes se quedaron con el dinero, por lo que se niegan a entregar las tierras. Los ejidatarios de Amuco de la Reforma, encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Gregorio Cruz Santamaría, y por el asesor jurídico, Manuel Santamaría Urieta, plantearon a López Castro que se llevara a cabo un resolutivo de una de las anteriores asambleas, el cual fue firmado por 99 campesinos para que les entreguen el dinero de la indemnización por más de 500 hectáreas.

En tanto que la directora de la secundaria de Changata y líderesa priísta, Nicanor Toledo Mundo, denunció ante el delegado estatal de la SRA que el presidente del comisariado ejidal, Gregorio Cruz, la excluye a ella y a otros treinta ejidatarios de las reuniones, las cuales –afirma– se han llevado a cabo en lugares distintos, además de acusar que Manuel Santamaría Urieta se ha dedicado a quitarle sus tierras a otros campesinos. De ello, el señalado reviró que fue Nicanor Toledo quien en contubernio con autoridades de la Sagarpa arrebató los predios. Dijo que él asesoró jurídicamente a los interesados para recuperar las 30 hectáreas, y que fueron los ejidatarios los que se posesionaron de los terrenos. Luego de pedir a los ejidatarios que entregarán su documentación para ser convocados y reconocidos como tales, el delegado estatal de la SRA acordó que convocarían a una asamblea. Entre los inconformes se encontraba el perredista Francisco Mendoza, quien aseguró que no es reconocido como ejidatario.

Por otra parte, también a la reunión se presentaron ejidatarios de Santa Bárbara, que dirige Guadalupe Palacios Vuelvas, quienes exigían a campesinos de su mismo grupo la entrega de 14 hectáreas de tierra en Pungarabato. Los inconformes eran acompañados por el alcalde de Pungarabato, Angel Pérez Navarro, y el delegado de la Procuraduría del Campesino en la región, Lázaro Molina Rayo. Allí, estos campesinos, en voz de Cleotilde Santamaría, quien se dice propietaria de los predios, indicaron que “en vista de algunos ejidatarios no quieren entregar las 14 hectáreas que tienen en su poder y en las cuales han construido casas habitación, a pesar de que la SRA ha dictaminado que no les pertenecen, por lo que exigimos que las autoridades federales y estatales indemnicen a Cleotilde Santamaría.  Reginaldo Sánchez Lucas, apoderado legal de Santamaría, afirmó que mientras no se resuelva el asunto los ejidatarios se deben abstener de construir nuevas viviendas.

Ante ello, el presidente del comisariado, Guadalupe Palacios Vuelvas, propuso negociar con las autoridades, pero se negó a detener las construcciones, con el argumento de que el ayuntamiento de Pungarabato las autorizó.  Palacios Vuelvas exigió una negociación conjunta y la firma de un convenio. Asimismo, ambas partes se amenazaron de que si se instalaban en el terreno serían retirados.  Al finalizar la reunión, al preguntarle al delegado de la SRA el motivo por el que se va a retrasar el acuerdo entre ambas partes, fue el subcoordinador jurídico de la zona sur de la SRA, en Cuernavaca, Luis Eduardo Cruz Reyes, quien señaló que eso está previsto en la legislación agraria y civil dentro de la figura llamada “la amigable conciliación”, aunque reconoció que hay la posibilidad de indemnizar en situaciones en que no se puede llevar a cabo una resolución. Las partes acordaron reunirse otra vez este martes, a fin de determinar si se elaborará un convenio para negociar con el gobierno estatal.