Necesario, que los indígenas participen en las reformas del país: Tlachinollan

* En junio se desahogarán 330 juicios de controversia en la SCJN, en los que se denuncia que el Congreso de la Unión no tomó en cuenta a estos pueblos y por lo tanto valorar la viabilidad de la ley aprobada, indica el presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera Hernández

Ossiel Pacheco * El presidente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, indicó que es necesaria una refundación del Estado mexicano para recrear la participación de los pueblos indígenas, pues éste no puede seguir con reformas si para esta tarea se ignora a ese sector. Así lo aseguró el martes pasado, durante su ponencia en el Noveno Encuentro Nacional de Sacerdotes Indígenas, efectuado en Ometepec. Allí indicó que esta marginación de la que han sido objeto los indígenas, ha provocado la conformación de un frente por la lucha política de estos pueblos; “está lucha busca una nueva relación entre el Estado y la sociedad nacional”. Ante unos 60 sacerdotes indígenas, Barrera Hernández, quien cuenta con el respaldo del obispo de Tlapa, Alejo Zavala Castro, instó a los presentes a ver el rostro del México profundo, “el rostro que está en las barrancas, en las cañadas, en las montañas, que no aparece en este Estado monoétnico aun cuando hay una realidad pluricultural”.

Recordó que hay una lucha jurídica que resultó del derecho internacional sintetizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual habla de la trayectoria de países del mundo sobre el derecho indígena, que ha sido aporte para la refundación de los estados pluriétnicos. Señaló que la agenda indígena está puesta en el escenario nacional, toda vez que en junio próximo van a desahogarse los 330 juicios de controversia que interpusieron municipios indígenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); “a través de los síndicos procuradores van a manifestar que el procedimiento con el que actuó el Congreso de la Unión no fue el adecuado”. Dio a conocer que por ese motivo los síndicos de los municipios de Malinaltepec y Alcozauca, ubicados dentro de la Diócesis de Tlapa, acudirán ante la SCJN el próximo 12 de junio, pues fueron citados para que defiendan sus derechos. “En esta defensa se está proponiendo que citen a testigos, que llamen a comparecer a cualquier persona de estos municipios, que son mixtecos, para que les pregunten a ellos si fueron consultados antes de aprobar la Ley Indígena, y si saben en qué consiste esta ley”.

“Es necesaria que la SCJN tenga testimonios reales sobre qué tanta legitimidad tiene esta ley indígena aprobada. Por ello se están armando otro tipo de pruebas para mostrar que a estos municipios de La Montaña no se dio ningún mecanismo de socialización con la propuesta legislativa”, adelantó. Barrera Hernández afirmó que en esta lucha jurídica comenzada con los juicios de controversias que se empezaron ante la SCJN, “se cuestiona a los mismos magistrados sobre la manera en que procedió el Congreso de la Unión; “el gran error fue que no se consultó a los pueblos indígenas”. Calificó esta lucha “como algo novedoso en México”, porque antes de esta coyuntura el máximo tribunal de justicia sólo recibía al año 10 juicios de controversia. Pero –agregó Abel Barrera– “ahora con los pueblos indígenas se llega a 330 juicios de controversia, por lo que tuvieron que contratar más personal para poder atender este asunto, así como traductores y expertos en asuntos indígenas. Esto es lo que llamamos la agenda indígena, la cual está en el centro de la discusión nacional porque se busca la refundación del Estado”.

Recordó que la mencionada ley surgió en 1996, a partir de los diálogos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, resultado de las mesas de diálogo entre el EZLN, sus asesores, organizaciones indígenas del país y el gobierno, aunque después se acordó que fueran las Cámaras, con todas sus expresiones políticas, y mediante la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la cual dio cuerpo jurídico a esta iniciativa de ley. Refirió que aunque la propuesta fue entregada por la Cocopa al entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, éste no la envió al Congreso de la Unión para su discusión, análisis y aprobación.  Explicó que fue el actual mandatario, Vicente Fox Quesada, quien la enviara al Congreso, pero como la composición es diversificada no se aprobó la iniciativa, sino que hubo una reforma aprobada el año pasado, misma que fue ya publicada en el Diario Oficial de la Federación como la nueva Ley Indígena, la cual está plasmada en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ejemplo, Barrera Hernández citó el caso de la Policía Comunitaria, pues al ser modificada la propuesta de la Cocopa sobre la libre determinación de los pueblos indígenas, resulta imposible darle reconocimiento jurídico.

Sostuvo que en Guerrero se quiere reconocer a la Policía Comunitaria, pero algunos dicen que debe ser parte del sistema de seguridad pública como la Policía Preventiva, sin embargo –agregó– “la discusión que se da en los pueblos y organizaciones de la región de la Costa-Montaña es que no pretenden ser policías por ser policías, pues el proyecto es el sistema de impartición de justicia de los pueblos indígenas”, dijo. “Queremos que se reconozcan a los comisarios como MP, que reconozcan que el colegio de autoridades en colectivo se erigen como jueces indígenas, que los servidores de la comunidad puedan ser policías judiciales investigadores dentro de los pueblos indígenas. Es un sistema de procuración y administración de justicia, no es un asunto de que quieren trabajar como policías”, explicó. Abundó que para ser este tipo de policía la persona debe carecer de antecedentes penales, que haya servido a la comunidad, que no tenga problemas graves con los vecinos, que tenga un prestigio ante la comunidad, “eso es lo quieren hacer algunos diputados locales, pero no tienen fundamentos pues deben abocarse a la Constitución federal para darle legitimidad y validez”.