Que Martínez Garnelo empiece por abrir expedientes del caso Ayotzinapa, plantea Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Luego que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que se atenderán las recomendaciones del relator de la ONU, Christof Heyns, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que debería comenzar con abrir todos los expedientes del caso Ayotzinapa, que ya fueron archivados.
En el informe sobre su visita a México, del 22 de abril al 2 de mayo, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU se pronunció por la debida investigación y reparación del daño de las masacres ocurridas durante la guerra sucia de los años 70, la muerte de civiles en la guerra contra el narcotráfico y el asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en un desalojo policiaco a balazos.
Sobre el caso Ayotzinapa, Rosales Sierra consideró que para atender las recomendaciones del relator, las autoridades estatales deben reabrir el expediente que motivó la liberación de dos policías ministeriales por la ejecución extrajudicial de los normalistas y reanudar las diligencias.
Señaló que los implicados fueron liberados con las reservas de ley porque no encontraron elementos para procesarlos, pero esa investigación está archivada por la PGJE, se debe abrir y fortalecer para ejercitar acción penal contra los policías implicados y los autores intelectuales.
Asimismo, indicó que el Congreso del estado debería dar agilidad al expediente de juicio político contra el secretario de Seguridad de ese momento, Ramón Almonte Borja, el ex procurador Alberto López Rosas y el entonces secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y todos los funcionarios que estuvieron en el desalojo a balazos, y abrir líneas de investigación de todas esas personas.
Además de impulsar las investigaciones abiertas por tortura contra ocho estudiantes y sancionar a todos los funcionarios estatales y federales involucrados, así como a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) que estuvieron en el desalojo o supieron de la operación policiaca para contener una manifestación de estudiantes.
Consideró ética y moralmente incorrecto que muchos funcionarios relacionados en los hechos del 12 de diciembre de 2011 sigan en el ejercicio de poder público y se escuden en él para evadir la justicia.
Del informe que indica que los responsables de ejecuciones extrajudiciales deberían ser castigados y las víctimas deberían recibir una reparación del daño adecuada, el defensor señaló que es significativo que se hayan referido al caso Ayotzinapa.
Incluso, que hayan aludido a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hizo una investigación especial sobres las violaciones graves durante el desalojo de los normalistas, pero que sólo se cumplió parcialmente.
En el caso de Ayotzinapa, enfatizó que las víctimas y sus familiares exigen el conocimiento de la verdad, ¿quién ordenó el desalojo?, y las circunstancias que lo rodearon.
Destacó que el relator hizo un señalamiento muy grave, “creo que es un tema de gran preocupación que haya ejecuciones extrajudiciales como de la guerra sucia, y que haya continuidad pese a transición de gobiernos, contra movimientos sociales, políticos”.
Insistió en que las ejecuciones extrajudiciales ya no deben ocurrir en Estados democráticos, y el llamado de atención al gobierno mexicano pone énfasis en que debe haber una investigación y reparación adecuadas.
Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, postulado por un partido de izquierda, está obligado a hacer la diferencia con los hechos del pasado, donde no hay un responsable detenido ni procesado, “la herida permanece abierta”.
Sin embargo, señaló más grave que se repita el modelo represivo en la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas (1995), y que en este gobierno de transición se haya hecho un uso excesivo de la fuerza contra una manifestación pacífica de estudiantes que tenían demandas simples como le asignación de un director de acuerdo con los procedimientos y demandas escolares.
Recordó que hubo dos muertos, tres heridos de bala y varios torturados, cuyos casos siguen en la impunidad, y las autoridades le apuestan al olvido.
“El gobernador piensa que ya sorteó la crisis política, para él es un tema superado, lo cual es grave, porque seguimos acumulando crímenes de lesa humanidad, que son sancionadas por el derecho internacional y que en un sistema democráticos no deben ocurrir”, dijo.
Aclaró que los informes de los relatores son investigaciones especiales para monitorear diversos temas en derechos humanos en los países que participan en el Consejo General de la ONU.
Aunque no es vinculante, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), aclaró que no pueden ser desoídas, pues México tiene la obligación de cumplir con los pactos y declaraciones universales que firma.