Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*La despenalización del aborto en manos de seis diputados

A pesar de la absoluta claridad que arrojó la exposición de los representantes de la ONU sobre el tema y la intervención de la dirigencia nacional del PRD para convencer a sus diputados de respaldar la iniciativa, sigue siendo incierto en el Congreso de Guerrero el destino de las reformas propuestas para despenalizar el aborto en las primeras doce semanas de gestación.
El hipócrita puritanismo de los diputados del PAN y la postura inconmovible del PRI, que en esta materia mantiene una añeja alianza con la Iglesia católica, no debían alcanzar para derrotar la universalidad que inspira las reformas, no al menos en un Poder Legislativo en el que es mayoría la izquierda en cuyo programa político figura la defensa de los derechos humanos, todos, y los de las mujeres no son menos.
Pero algunos legisladores perredistas –quizás media docena, aquellos que pertenecen a la corriente Grupo Guerrero– se contagiaron del colonialismo panista y del oportunismo priísta, y son sus votos los que mantienen en vilo la aprobación de las reformas, pues hacia donde se inclinen formarán la mayoría en la sesión del próximo jueves, en la que podría votarse la iniciativa.
Ana Güezmes García, representante de la ONU-Mujeres en México, explicó en Acapulco el viernes pasado que el problema en cuestión es de derechos humanos y de salud pública, materias en las que el gobierno tiene obligaciones irrenunciables. De lo que se trata es de garantizar el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente los temas relacionados con la sexualidad y maternidad sin que sufran coerción, discriminación y violencia, como sucede con la actual legislación. Lo que significa “acceso universal a información y servicios, el acceso a variedad de métodos anticonceptivos, el acceso a servicios de aborto seguro en las circunstancias que prevé la ley y la prevención del aborto en todos los casos”.
A su vez, el representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Esteban Hernández Valencia, recordó oportunamente que además el gobierno de México se obligó en abril pasado, después de una recomendación, a fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva para garantizar que las mujeres que “reúnen los requisitos para practicarse un aborto legal puedan acceder a servicios seguros, de calidad y gratuitos en todo el país”. Hernández Valencia, quien en otras fechas ha estado en el estado por otros temas, explicó que el gobierno federal informó que estaba llevando a cabo acciones para mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva, por lo que el mensaje que está mandado Guerrero no sólo al país sino al resto del mundo, al oponerse a la despenalización del aborto, es que hay “una enorme posibilidad de regresión no sólo de derechos humanos sino de diálogo enriquecido”. Por eso preguntó cuál va a ser el mensaje que van a mandar los diputados de Guerrero si lo que están haciendo es “limitar, cerrar, impedir” el entorno legal para el ejercicio a plenitud de los derechos de las mujeres. Explicó también que la “promesa de la reforma constitucional de cambios de paradigma se va a deteriorar, se va a devaluar, se va a revertir si es que las legislaturas locales no toman el sentido programático de lo que ahora dice el (artículo) uno constitucional, los derechos humanos universales, interdependientes”. Y finalmente observó que si los diputados locales rechazan la despenalización del aborto, ignorarán los argumentos y criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en el 2008 las controversias relacionadas con las reformas en igual sentido aprobadas en el Distrito Federal en el 2007. (El Sur, 14 de junio de 2014).
Este último punto es crucial, aunque aparentemente les importa muy poco a los diputados locales, pues como hizo notar este diario, la semana antepasada invitaron a la ministra Olga Sánchez Cordero a hablar sobre la despenalización del aborto, pero silenciaron sus palabras al no permitir que la prensa diera testimonio de su exposición. La importancia del caso tiene su explicación en que la ministra Sánchez Cordero mantiene un punto de vista favorable a la despenalización del aborto, y como recordamos hace ocho días, en el debate que se produjo en la Corte fue ella la que alzó la voz en defensa de los derechos de las mujeres. Se ignora qué dijo la ministra a los diputados, pero no iba a viajar a Acapulco para decirles algo diferente de lo que sostuvo en la Corte.
En ningún momento ha habido confusión ni ha faltado información sobre los alcances de la iniciativa para despenalizar el aborto, y no hay duda de que las intervenciones de la ministra Sánchez Cordero y los representantes de la ONU han dejado muy claro cuál es en este tema el lado correcto de la historia. La despenalización que propone el gobierno del estado es la tendencia internacional y se aplica en más de cincuenta países desde hace unos cincuenta años. Maniobras del PRI y del PAN han impedido que en 18 entidades se adopte una legislación similar, pero en el Distrito Federal el gobierno del PRD pudo hacerlo en el 2007 y obtuvo el respaldo de la Suprema Corte. No existen argumentos racionales contra la sensatez que supone atenuar el rigor penal contra mujeres que no abortan por gusto, sino que “son mujeres que necesitan ayuda”, para citar la expresión empleada por la ministra Sánchez Cordero.
Sería un gran disparate que a pesar de la argumentación y universalidad que sostiene el proyecto de despenalización, prevalezca a la hora de votar en el Congreso el grosero criterio expuesto por David Jiménez Rumbo, quien contestó a los representantes de la ONU que son unos simples empleados y que el PRD no se fundó para esas “modas”. Y sin embargo, son los diputados del Grupo Guerrero los que tienen en sus manos la aprobación de las reformas. Qué desgracia.

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