Impugnan abogados las propuestas para magistrados que hizo René Juárez

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Los abogados del empresario asesinado Javier Ibáñez, José Ramírez Villalba y Pedro Ramírez Millán, impugnaron ante el Congreso local las propuestas de María Elena Medina Hernández y Miguel Barreto Sedeño, como magistrados numeraria y supernumerario, porque “carecen de las condiciones para esa función”. Los dos abogados son quienes llevaron el juicio político en contra de los magistrados Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, así como la juez María del Pilar León Flores, quienes fueron inhabilitados porque se comprobó que ilegalmente dejaron en libertad a un secuestrador. Medina Hernández y Barreto Sedeño fueron propuestos por el Ejecutivo estatal al Congreso como magistrados y según los abogados Ramírez, seguramente serán éstos a quienes se investirá y ungirá en esos cargos “pues por desgracia lo que propone el Ejecutivo lo complace, satisface y cumple el Legislativo, en especial los diputados priístas”.

Atendiendo a la petición que hizo el Congreso para que los ciudadanos opinen con respecto a las propuestas, ayer enviaron un documento en el que señalan que “ninguno de los dos merece la investidura, pues analizando escrupulosamente la personalidad carecen de las condiciones para la función”. En entrevista, Ramírez Villalva informó que la prospecto magistrada cometió irregularidades como juez y que existe una averiguación previa en su contra a raíz de una denuncia por el delito contra la administración de justicia que presentó el despacho del que forma parte. Informó que la querella se presentó en año pasado y que hasta ahora la Procuraduría de Justicia del Estado no ha determinado si procedió o no el ejercicio de la acción penal.

Señaló que no puede ocupar la magistratura una persona que tiene antecedentes penales y que, por consiguiente está en duda su honorabilidad. De Barreto Cedeño los abogados dicen que “fue público su desconocimiento de la ley, inmoralidad, probidad y falta de ética profesional durante el cargo que desempeñó de subprocurador y encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado”. Ramírez Villalva explicó que la Constitución establece que quien fue secretario de despecho o procurador no podrá ser nominado como magistrado. Otro documento en el que se impugna a Barreto Sedeño es el que envió al Congreso el ganadero de Azoyú, Sulpicio Armijo López, padre de un joven secuestrado el 7 de julio de 1977 por la banda de secuestradores que encabeza Diógenes Justo Herrera.

El ciudadano relata que la actuación de Barreto Sedeño al conocer del secuestro de su hijo y de la negativa para detener a los secuestradores, fue “contraria a los principios legales, morales y constitucionales en perjuicio de la sociedad”. Cita que el subprocurador le dijo: “Tengo amistad con Diógenes Justo Herrera y sus hermanos, sé que matan, son matones, lo único que le recomiendo a usted es que se cuide porque ellos matan por hobby”.