Maclovio Sautto Vallejo

A continuar la reforma

La reforma académica y administrativa de la UAG, debe ser un proceso permanente. Quien piense que lo hecho en los tres años pasados, no habrá de repetirse en el futuro próximo, está equivocado.

Por primera vez en la vida de la universidad, los universitarios nos atrevimos a revisar nuestra normatividad y reflexionar sobre nuestro futuro, soñamos un poco y nos atrevimos a plasmar algunos de estos sueños en nuestras leyes. Los grupos políticos se constituyeron como los grandes jueces y decidieron qué propuestas pasaban y cuáles no.

Se cometieron errores organizativos en la planeación del congreso universitario, que permitió la manipulación de lo discutido en las distintas mesas en que se desarrolló nuestro congreso general, realmente fueron 10 pequeños congresos, uno por cada mesa, donde se discutió toda la agenda.

En los congresos generalmente se reparte la temática por mesa y se llegan a acuerdos en los distintos tópicos tratados. Los congresos son para eso, para llegar a grandes acuerdos, no para decir que en tres mesas se acordó esto y en cuatro no. En esta interpretación de acuerdos fue donde las fuerzas políticas se dieron vuelo.

Cuando discutimos los acuerdos del Congreso General en el Consejo Universitario (CU), no se permitió cuestionar las interpretaciones hechas por la Comisión de Reforma y bendecidas por los grupos políticos. Yo cuestione en el CU, las exigencias académicas de grado de maestría para los puestos político-administrativos y en último término académico de los funcionarios universitarios, mi principal argumento es la falta de candidatos que reúnan ese perfil y que tengan ese interés.

Lo que estaba en el fondo de la discusión del grado y del título de licenciatura era impedir que llegara Marmolejo, que tenía maestría en el Cinvestav, pero no título de licenciado. Maestría porque Cerón no la tenía y debidamente legalizada porque Rogelio Ortega, al igual que la mayoría de universitarios que han hecho un posgrado en el extranjero, no lo han registrado debidamente en la SEP.

Lo peor es que la desconfianza entre las mismas fuerzas políticas llevó estos acuerdos a nivel de Ley de la Universidad –la expedida por el Congreso del Estado. Producto de esto es una Ley que tiene 74 artículos –de los cuales más de 50 deberían estar en el Estatuto y reglamentos menores– y 10 transitorios.

Así los requisitos para ser director están en la Ley de la Universidad y no en el Estatuto o el Reglamento Electoral, que son elaborados y modificados por el CU y el error de exigir “título de licenciatura, grado de maestría y doctorado, en el caso de los postgrados”, se encuentra en el artículo 32 fracción IV de la Ley de la Universidad. Excluyendo de esta forma a la mayor parte de maestros que vía Promep en los próximos años estarán becados haciendo doctorados directos en instituciones de excelencia en México y en el extranjero.

Para hacer una modificación a este artículo se requiere, conforme a los artículos 73 y 74 de la Ley de la Universidad (que están ahí gracias a la iniciativa de los diputados, no de los universitarios), que el CU haga la iniciativa y la presente al Congreso local.

Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto (hecho por nosotros), implica elaborar la iniciativa y que la presente el rector o una tercera parte de los consejeros universitarios o una cuarta parte de Consejos Académicos Colegiales o una tercera parte de los Consejos de Unidades Académicas.

Resumiendo, si el rector no está de acuerdo, se requerirá casi una revolución presentar la iniciativa al CU. Después hay que hacer un referéndum para que la comunidad vote a favor o en contra de la propuesta, si se gana, el CU emitirá una convocatoria a efecto de que la comunidad universitaria se constituya en Congreso General Universitario, en total, ocho pasos para que el rector lo pueda remitir a los órganos estatales competentes.

Resultaría más fácil, empezar por modificar el Estatuto y luego la Ley. Lo curioso es que todavía no concluimos la reforma pasada, falta establecer los criterios que deben satisfacer las unidades académicas, empezar el funcionamiento en redes de unidades y empezar a definir los distintos colegios en función de nuestra práctica, no de nuestras creencias y suposiciones. La articulación regional de las unidades y sobre todo la descentralización burocrática de la administración central, no puede ser que la expedición de una constancia de servicio social, se expida exclusivamente en Chilpancingo, debe haber instancias regionales con capacidad de resolver en forma inmediata los problemas administrativos de estudiantes, maestros y trabajadores.

El reglamento de servicios escolares debe ser elaborado acorde al famoso modelo de currículum flexible, en donde un mismo curso puede pertenecer a distintos planes de estudios y ser cursada en distinto semestre dentro de un mismo plan de estudios, entender esta posibilidad y llevar el control adecuado, requiere también un cambio de mentalidad de trabajadores y funcionarios acostumbrados a planes de estudio rígidos, donde el estudiante no tenia libertad de tomar unos cursos en la mañana y otros en la tarde, ya que el estudiante tenía que pertenecer a un grupo académico al cual se le asignaban las materias correspondientes a un semestre dado.

En matemáticas en el sistema semiescolarizado, cuando ofertamos un curso y en él participan estudiantes de distintas generaciones (hay mucho estudiante rezagado), para no tener problemas en servicios escolares elaboramos un acta por cada generación de alumnos inscritos en la materia.

Resumiendo, el esfuerzo hecho en la reforma y en el Estatuto –salvo lo último, de hacer a un lado el presentado por la comisión de reforma–, por muchas deficiencias y contradicciones que tenga, ha sido un primer gran esfuerzo, que necesariamente debe continuar. Las cosas no salen bien a la primera, en este proceso de reforma lo importante era empezar, aunque erráramos. Lo importante es darnos cuenta que nosotros los universitarios podemos hacer las cosas, ojalá y nuestros consejeros universitarios que resulten electos en el actual proceso de elección asuman está responsabilidad y sean ellos en el seno del CU quienes primero concluyan la reforma con la elaboración de los distintos reglamentos y a continuación comience el proceso de revisión de lo que hemos hecho.

Finalizo, sumándome a la solicitud de mis compañeros de la Unidad de Acapulco de la Facultad de Matemáticas en su exigencia de que sea considerada como una unidad académica, ya que cuenta con más de 200 alumnos registrados en dos programas de licenciatura, una especialidad y dos maestrías, se me hace injusto que posgrados con menos alumnos de los que nosotros tenemos en ese nivel (al rededor de 50, en Acapulco) tengan director y representación en el Consejo. Así como escuelas superiores que tienen menos alumnos que nosotros en ese nivel, cuenten con esas representaciones.