Tlachinollan, AC

Las políticas de tierra del Banco Mundial

Del 20 al 22 de mayo, en Pachuca, Hidalgo, se efectuará el taller regional sobre políticas de tierra convocado por el Banco Mundial, en el que participarán representantes de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, del Departamento Internacional del Reino Unido, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, de la Oficina de Cooperación Técnica de Alemania y del Banco Interamericano de Desarrollo, así como varios académicos de América Latina, que será inaugurado por el presidente de la República Vicente Fox.

Aprovechando este encuentro latinoamericano, el gobierno mexicano solicitará al Banco Mundial un apoyo de cinco millones de dólares para continuar con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) en ejidos y comunidades donde los conflictos agrarios son muy añejos y complejos, y que lógicamente conlleva mayores costos sociales y económicos para su incorporación a este programa de privatización de los territorios indígenas.

El proyecto de la nueva estrategia de desarrollo rural del Banco Mundial, se dio a conocer recientemente el 25 de abril para su revisión pública, lo que ha impedido que las organizaciones campesinas e indígenas conozcan sus planteamientos. Este documento no hizo caso de la directriz operativa del Banco que requiere de la participación activa de los beneficiarios. Los procesos imprescindibles de consulta fueron excluyentes y sin transparencia. Las organizaciones de pequeños productores no figuran dentro de los procesos de toma de decisiones.

El Banco Mundial a mediados de los años noventa ante los desastrosos efectos de las políticas neoliberales de ajuste estructural, prioriza los programas de combate a la pobreza y dentro de este marco descubre el tema de la reforma distributiva de tierras. Desde entonces, el Banco viene propagando con gran ímpetu su modelo de “reforma agraria asistida por el mercado –basadas en la comunidad– en diversas regiones del mundo”.

Esta ofensiva para las regiones pobres como América Latina y de manera más especifica, el sur de México, donde se enmarca el Plan Puebla-Panamá, encierra graves peligros, pues se trata de un modelo empresarial que no garantiza la realización de una reforma agraria integral que haga realidad el derecho de los pueblos y familias indígenas de acceder a la tierra y demás recursos productivos para poder alimentarse dignamente y producir lo básico para el fortalecimiento de su vida comunitaria.

El modelo de la “reforma agraria asistida por el mercado” y la protección de los derechos de propiedad son los pilares de la política de reforma de la estructura de tenencia de la tierra que está aplicando el Banco Mundial.

Desde la lógica del mercado, el Banco Mundial propone que en lugar de promover procesos de expropiación de tierra para distribuirla a la población sin tierra, plantea la negociación directa y voluntaria de los indígenas y campesinos con los terratenientes que estén dispuestos a vender sus tierras. Una vez transformados en compradores y vendedores estarán en condiciones de dirigirse a los bancos o fondos de tierras, donde el terrateniente recibirá a precio de mercado el pago de sus tierras y los campesinos tomarán un crédito para adquirirlas.

La aplicación de este modelo de mercado para los pueblos indígenas y campesinos no es ninguna garantía para que accedan equitativamente a la tierra y a los demás recursos productivos.

El rol del Estado es seleccionar a los beneficiarios del mercado de tierras, poner el crédito a su disposición, establecer el precio de la tierra y guiar las negociaciones de los pobres con los ricos.

Se reduce el problema de la injusta distribución de la tierra a la falta de capital de los indígenas y campesinos para poder comprarlas. Esta visión errónea plantea que el mercado va a lograr reformas agrarias negociadas voluntariamente y sin conflicto alguno.

Se habla de que se otorgarán títulos de propiedad para brindar seguridad jurídica a los indígenas y campesinos que compren sus tierras, se trata de una mera formalidad que ante situaciones de endeudamiento, las tierras serán lo primero de lo que echarán mano los agiotistas. Lo más grave del otorgamiento de estos títulos de propiedad es que con ellos se sella un pacto perverso de erosionar, fragmentar y extinguir las redes solidarias que nutren la vida comunitaria.

El acceso a recursos productivos: el crédito, la asesoría, capacitación y la comercialización, se reserva sólo para aquellos que puedan expresar su demanda con capital. Los pueblos indígenas y campesinos que tienen una agricultura temporalera están condenados a morir en sus parcelas o a sobrevivir como jornaleros agrícolas en los campos de Sinaloa y Jalisco.

Las políticas del Banco Mundial en la temática de la tierra buscan convertir este bien que es historia, cultura e identidad, en una mercancía puesta al servicio de los intereses del mercado internacional y corporaciones trasnacionales.

Con esta embestida de la política de tierras del Banco Mundial, se quiere enterrar el lema zapatista de que “la tierra es de quien la trabaja” para izar la bandera del mercado con el nuevo lema de que la tierra es de quien la puede comprar. No es gratuito entonces que la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión forme parte del conjunto de reformas planteadas por el Banco Mundial a los países pobres. Por el momento en este taller sobre políticas de tierra las voces de los pueblos indígenas quedarán excluidas.