Los detenidos de la UPOEG pedían 3 millones de pesos para liberar a una mujer, dice Iñaky

*Son nueve, todos están confesos y no fueron torturados, uno tiene escoriaciones porque se resistió al arresto, afirma el procurador. La Policía Ciudadana la detuvo para que se entregara su hermano, quien pertenece al crimen organizado, confirma. También le pidieron unas escrituras y amenazaron con matarla, asegura

Karina Contreras

El procurador Iñaky Blanco Cabrera confirmó la detención de los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la comunidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo, acusados del secuestro de una mujer de la que no dio el nombre, pero dijo que pedían “3 millones de pesos y las escrituras de un inmueble a cambio de su liberación, ya que de lo contrario la privarían de la vida”.
En conferencia de prensa en las oficinas de Protur, Blanco Cabrera informó de la detención de quien dijo era el líder de la banda de secuestradores de Mazatlán, Maximino Moreno Acuña, a quien se le decomisaron tres equipos de telefonía celular de los cuales en dos “se advirtió que había realizado llamadas a los números telefónicos de las víctimas indirectas durante la negociación del secuestro, una pistola calibre 40 de uso exclusivo del Ejército, (y) un vehículo Tsuru blanco sin placas de circulación”.
Dijo que la detención se dio porque Moreno Acuña reconoció que en el secuestro participaron “algunos de sus compañeros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana” y por eso se detuvo a Miguel Ángel González Quebrado, El Loco, a Kevin Rodríguez López, Chapa, a Rey González Ramírez, a José Luis Dávalos Pasión, El Nejo, a Miguel Mora Carrillo, El Pericón, a Cristian Rodríguez Ramírez, El Chaparro, a Severiana Maximino Salvador y a Luis Armando Solano Rodríguez, La Machorrita.
Estos ocho fueron detenidos por su probable responsabilidad por el delito de secuestro agravado, los cuales ya ingresaron a la cárcel de Chilpancingo, donde fueron puestos a disposición del juez y en las próximas horas tendrán que rendir su declaración preparatoria.
Respecto a si es el único secuestro en el que están involucrados el procurados respondió, “no, por ahí ya nos aparecieron datos de dos asuntos más, estamos en eso”.
El procurador dijo, “los señores están confesos, los señores rindieron declaración ante defensores de oficio, los señores recibieron la visita de familiares, los señores se entrevistaron con personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estuvo el presidente encargado Ramón Navarrete, quien constató que todos están íntegros, que no presentan lesiones, salvo este señor el comandante Santos (Maximino Moreno) que se resistió a la detención, incluso me comentan que se arrojó de la camioneta, pero lo que presenta son escoriaciones, no lo que han querido dar a conocer de supuestas fracturas en las costillas”.
Insistió en que los detenidos no fueron torturados y mostró los certificados médicos que se les realizaron al llegar a la Procuraduría y los que se les hicieron al ingresar a la cárcel y “no presentan lesiones”, sólo Maximino Moreno quien “presentó escoriaciones producidas al momento de su detención, por lo que fue trasladado a la Cruz Roja”.
Iñaky Blanco dio a conocer su versión de cómo se llegó a la captura de los policías ciudadanos de la UPOEG y la relación que tienen con el secuestro de la mujer que fue privada de su libertad el 4 de junio, alrededor de las 7 de la mañana en Chilpancingo, cuando se dirigía a su escuela.
Dijo que dos horas después los secuestradores hicieron varias llamadas para exigir 3 millones de pesos y las escrituras de un inmueble a cambio de su libertad.
Agregó que durante las negociaciones los secuestradores utilizaron cinco diferentes teléfonos para comunicarse con los familiares de la víctima y que fue uno de los familiares quien identificó “la voz” de quien “se dice coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG de la localidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo, que se hace llamar Santos”.
Afirmó que Moreno Acuña utiliza la palabra “mija” y la “utilizaba de forma frecuente el sujeto en cuestión en el desarrollo de las negociaciones para liberar a la víctima”.
Según el procurador, personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Combate al Secuestro implementó “acciones operativas de inteligencia para ubicar al negociador de los secuestradores”.  Agregó que una vez que se encontró la información del negociador a través de labores de inteligencia y cruces telefónicos, el 13 de junio se hizo una operación de la fiscalía antisecuestros y que fueron a Mazatlán.
Blanco Cabrera siguió leyendo el boletín donde narró que entonces se encontraron a policías ciudadanos, entre ellos a quien se identificó como el comandante Santos y “en ese momento se marcó el número del cual se recibían las llamadas para exigir el pago del rescate, sonando un teléfono que se encontraba en el bolsillo derecho del pantalón de la mencionada persona, por lo que se le solicitó que lo entregara, sin embargo trató de huir y se le dio alcance oponiendo en todo momento resistencia a la detención”.
Mencionó que al momento de ser detenido dijo llamarse Maximino Moreno Acuña y afirmó que “cooperaría con la autoridad y reveló en donde la mantenían en cautiverio”.
Entonces se dirigieron a la comunidad de Xaltianguis donde llegaron a un inmueble en la calle Vicente Guerrero, en donde estaba Severiana Maximino Salvador y se puso nerviosa, por lo que fue interrogada y confesó que dos personas se la “acababan de llevar, entre ellos su pareja de nombre Pedro”.
El 13 de junio en la noche supieron que la “víctima había sido liberada en las inmediaciones de la colonia Las Cruces en Acapulco” y personal de la fiscalía antisecuestros se trasladó pra hablar con ella y que una vez que estuvo en condiciones de rendir su testimonio dijo que fue “privada de su libertad por tres personas del sexo masculino, que uno de ellos le arrojó gas pimienta a los ojos e inmediatamente la cubrieron con una cobija y la subieron a un vehículo color arena”, expuso Iñaky.
El procurador dijo que según la declaración de la mujer, sus captores le pidieron los números de sus familiares para pedir el rescate y que al cuarto día de su secuestro fue trasladada a las tres de la mañana a Xaltianguis.
“Reconoció plenamente” a Maximino Moreno y a Miguel Ángel González Quebrado como los que la secuestraron y los demás fueron quienes la custodiaban en Mazatlán y en Xaltianguis.
Dijo que ocho de los detenidos reconocieron su participación y que mantenían en cautiverio a la víctima por “instrucciones del comandante Maximino Moreno Acuña a quien reconocieron como líder de la organización delictiva”.
Moreno Acuña hizo las llamadas para acordar los términos en que liberarían a la mujer y el monto del rescate, “agregando que el plagio se llevó a cabo toda vez que uno de sus familiares se encuentra vinculado con integrantes de una organización criminal, y que esto lo hacían a efecto de que dicha persona se entregara, no obstante al final decidió pedir dinero y las escrituras de una casa para liberarla”.

Los de la UPOEG son civiles armados actuando fuera de la ley, acusa
el procurador

Ya en la sesión de preguntas, el procurador Iñaky Blanco dijo que en un principio se detuvo a más personas, pero “una vez que se determinó que algunas no tenían mayor responsabilidad se acordó su libertad con reservas, por cuanto al resto ellos aceptaron su responsabilidad de su participación en los hechos, señalaron en qué consistió el grado de participación de cada uno de los mismos”.
“Lo que pudimos advertir es tal como lo señalé, es que el teléfono de este señor, quien se ostenta como comandante  Santos es el teléfono del cual se estaban efectuando llamadas de negociación, ahí están los audios, contra la red técnica de vínculos y los audios creo yo que cualquier afirmación en contrario es refutable”, subrayó el procurador”.
Del motivo de llevarese a la mujer, Blanco Cabrera dijo que fue para “negociar la entrega de uno de sus familiares, el hecho de que alguien pudiera ser el peor de los delincuentes no da derecho a que se detenga a su familia bajo ninguna circunstancia y, menos aún, tratándose de personas que no están legitimadas para ello” y -agregó- “para mí la gente de la UPOEG son civiles armados actuando fuera de la ley, y creo que lo único que están haciendo es buscar cómo justificarse, incurren en múltiples contradicciones y ahí están, ellos dicen la retuvimos en el ánimo de negociar la entrega de una persona más, están pretendiendo justificar una acción ilegal a partir de que iban a detener a alguien más”.
El procurador dijo que ya dio aviso a la Comisión Nacional Antisecuestros para dar seguimiento al caso y subrayó que la PGJE se atiende con la misma seriedad y compromiso, “independientemente de la calidad de las víctimas directas o indirectas, porque hay quien dice que la procuraduría en razón de la calidad de las víctimas es que reacciona o no”.
–¿Hay más líderes de la UPOEG implicados en la investigación?– Se le preguntó
–Eso no lo puedo revelar, es una investigación en curso– respondió y mencionó que hay un desglose y “continuamos con la investigación a efecto de establecer la probable responsabilidad o involucramiento de los hechos de otras personas, estamos trabajando en ello, lo cierto es que este sujeto que detuvimos y que encabeza a ese grupo se ostenta como comandante del autodenominado sistema de seguridad y justicia ciudadana”.