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Un retroceso, que el Congreso permita a la Iglesia dictar las políticas públicas: Garfias Marín

*La activista critica que el arzobispo Carlos Garfias haya dicho que las recomendaciones de la ONU no son obligatorias

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La feminista María Luisa Garfías Marín dijo que hay un gran retroceso en Guerrero cuando un jerarca de la iglesia católica dice que las recomendaciones de la ONU sobre los derechos de las mujeres no son obligatorias, y el Poder Legislativo, además de Gobernación federal y estatal, guardan silencio frente a una diputada que permitió a grupos religiosos hacer oración dentro del Congreso local.
Esto luego de que el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, dijo que la ONU emite opiniones sobre su apoyo a la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación, pero que no tienen que ser seguidas al pie de la letra por las autoridades.
La defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres señaló que “¿entonces para qué se firman las normas internacionales, si no van a atender los derechos que ahí se establecen?”
Consideró alarmante que el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, se haya quedado callado ante la acción de la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, que priorizando su dogma religioso permitió el acceso a un grupo de creyentes al Congreso local y participó en una oración alrededor suyo dentro del recinto legislativo.
Consideró que más que desconocimiento de la Ley de Asociaciones y Culto Religioso, que prohíbe y sanciona el culto en espacios públicos de gobierno, lo que violenta el Estado laico, los diputados “cómplices” priorizan su fe.
Se dijo sorprendida también de que la Secretaría de Gobernación y la dirección de Gobernación del estado, como responsables de la política interna, tampoco hayan dicho nada, ni a los jerarcas del culto religioso ni a los políticos para que se apeguen al Estado de derecho.
Insistió en que los diputados deberían estar reconsiderando sus conductas, porque están violentando los compromisos entre la separación Estado-Iglesia, y “al final de cuentas están desconociendo el poder de la soberanía popular y reconocen que la que decide en Guerrero es la religión católica, prioritariamente, y subordinadamente el resto de las religiones. Es muy grave”.
Consideró que nadie está midiendo el alcance de lo que ocurre en el estado, porque nadie ha sido cuidadoso de sus propias declaraciones, “como Julieta Fernández que permitió el acto religioso en el Congreso, y el resto de los diputados no haber dicho nada, haciéndose cómplices”.
Sobre las movilizaciones masivas de creyentes en contra de la despenalización del aborto en diferentes regiones del estado, Garfias recordó que todos tenemos libertad de manifestación, y en un Estado laico hay libertad de conciencias, que garantiza que las y los ciudadanos tengan el derecho de tener una fe.
Sin embargo, el Estado laico también establece que no hay ninguna religión oficial, ni una por encima de la otra, y el poder está en la soberanía nacional, “es decir, no en una religión, descansa en el pueblo”.
Aun siendo mayoría católica, insistió en que podrá hacer marchas y plantones, pero no se pueden tomar a la religión como base de las políticas públicas.
Asimismo, la presidenta del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Mujer, Livudina Gallardo Suástegui, reiteró que los derechos humanos no se pueden someter a consulta, como han pedido diputados que se oponen a la iniciativa por la despenalización del aborto.
Señaló que hacerlo, es como preguntar a la población si quieren que lleven agua a su colonia o no, y demandó que si los diputados no están en condiciones de atender su labor legislativa, que se dediquen a otra cosa.
En cuanto a las manifestaciones que ayer se realizaron en distintas regiones, consideró preocupante que estas acciones vayan dirigidas contra las mujeres.  Consideró que eso es una misoginia muy desvelada.
Destacó que en la marcha que se realizó ayer en Tlapa, un vocero, que no ubicó por nombre, “dijo de manera textual ¿porqué no matan a las mujeres en lugar de matar a los fetos? Es claro que no les importan los datos y que el aborto sea un problema de salud pública”.
Denunció que las denuncias contra las activistas promotoras de la iniciativa continúan, en las transmisiones de radio, donde han continuado la campaña de información, “y las llamadas son precisamente de ofensas, con palabras incluso soeces, porque puede desembocar en una ola de misoginia real”.

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