Xavier Carreto A.

La ley que Guerrero necesita

Ha sido aprobada por diputados y senadores la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con lo cual se presenta la posibilidad de empezar a conocer realmente la vida pública en nuestro país. Se contará con un marco legal amplio que permitirá a la sociedad mexicana acceder a la información, cuando así se solicite, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; también se podrá conocer lo relativo a los organismos autónomos como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral.

Será pública la información relativa a los sueldos y prestaciones de los servidores públicos; concesiones otorgadas, licitaciones, resultados de auditorías, compras y adquisiciones, contrataciones, estados financieros, los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el proyecto de egresos de la federación, entre otra información relevante para el interés de los ciudadanos.

Habrá, asimismo, restricciones para conocer información que pudiera afectar la integridad física y la privacidad de las personas; se ponga en riesgo la seguridad nacional y pública; la prevención y persecución de los delitos; la impartición de la justicia; la recaudación de las contribuciones, entre otras limitaciones.

Para garantizar que los ciudadanos que soliciten información sean oportuna y eficazmente atendidos, se creará el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, organismo autónomo en sus decisiones. Contará con cinco comisionados que serán propuestos por el Ejecutivo y la Cámara de Senadores podrá rechazar las propuestas por mayoría simple.

Cualquier ciudadano podrá solicitar la información que requiera por escrito y la dependencia contará con 20 días para proporcionarla. Todo esto permitirá que la sociedad conozca a fondo el ejercicio del gasto público, se combata la corrupción que ha permitido que un buen número de gobernantes se hayan enriquecido al amparo de los cargos públicos; así también tendremos una efectiva rendición de cuentas.

Para que la ley aludida tenga aplicación en las entidades federativas, ya en algunos estados de la República se vienen promoviendo iniciativas de ley similares a la aprobada por el Congreso de la Unión. El Partido Acción Nacional, por su parte, ha sugerido a los gobernadores que militan en esta organización política que inicien a la brevedad posible trabajos encaminados a que esta ley pueda tener plena vigencia en sus respectivos territorios.

En Guanajuato, por ejemplo, el gobernador Juan Carlos Romero Hicks anunció que en este mes de mayo, cuando comience el periodo ordinario de sesiones, propondrá al Congreso local una iniciativa de ley que permita a los ciudadanos el acceso a la información pública. Aseguró el gobernador panista que ya tiene elaborada su propuesta y corresponderá a los legisladores analizarla, discutirla y, en su caso, aprobarla.

Se sabe también que en el estado de Sinaloa, se aprobó el pasado 22 de abril, una nueva Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, calificada de avanzada a nivel nacional. Por su parte, los gobernadores de Colima, Michoacán y Sonora han expresado su interés porque en sus respectivas entidades pueda tener vigencia una ley como ésta.

En el estado de Guerrero, nos urge que una ley de acceso a la información pública gubernamental se pudiera aprobar por los legisladores locales, pues el ejercicio del gasto público del gobierno del estado ha sido ampliamente cuestionado por diversos sectores de la sociedad guerrerense.

Para los guerrerenses nos queda claro que el ejercicio del gasto público ha servido para enriquecer a los políticos priístas, a sus amigos, familiares y compadres. Con la excepción de don Alejandro Cervantes Delgado, y tal vez alguien más, el resto de quienes han gobernado esta entidad se convirtieron en millonarios al haber aprovechado para su beneficio personal los recursos públicos que debieron haber servido para beneficiar a la sociedad guerrerense.

A la lista de los ex gobernadores enriquecidos debe añadirse los nombres de los ex presidentes municipales de Acapulco y de otros de los principales municipios de la entidad; podría asegurarse, sin faltar a la verdad, que ninguno de ellos tiene problemas económicos como sí los padece la mayoría de los ciudadanos de este estado.

Tampoco exageramos si decimos que el atraso, la ignorancia y la miseria en las que vive nuestra sociedad es resultado, en buena medida, de la desviación de los ingresos fiscales a los bolsillos de quienes nos han gobernado y que no son otros que los miembros prominentes del Partido Revolucionario Institucional.

Entre las dudas más recientes del gasto público del gobierno estatal, tenemos el caso de la construcción del Hospital General de Taxco, en donde el diputado federal panista, Esteban Sotelo, ofreció que la fracción parlamentaria de su partido enviará esta semana el expediente de este caso a la Secretaría de la Contraloría para agilizar las investigaciones, ante la incompetencia de la Contraloría estatal y la incapacidad del Congreso local para atender este asunto.

También existen serias dudas de cómo se realiza el gasto gubernamental en los rubros de Seguridad Pública, Impartición de la Justicia, Educación, Empleo Temporal, Obra Pública, entre otros, por lo cual la Cámara de Diputados ha aprobado un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice el ejercicio de los dos primeros rubros que hace el gobierno del estado de Guerrero .

Por la desconfianza que existe de la honestidad de los presidentes municipales de la Costa Chica, siete de los nueve pertenecen al PRI, los recursos que el Comité Técnico del Fideicomiso Público de la Lotería Nacional ha destinado a esa región para proyectos productivos, nutrición, vivienda y educación serán supervisados en su ejercicio por Organizaciones No Gubernamentales como la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, el Tecnológico de Monterrey, la organización Compartamos Alimentos, entre las más conocidas.

Para no ir más lejos, ahora que se empieza a vivir intensamente el proceso electoral local del próximo octubre, es bueno recordarles a los priístas, empezando por su dirigente estatal, Juan José Castro Justo, que sería bueno que quienes encabezaron la administración municipal anterior en Acapulco, entreguen los soportes contables de la cuenta pública que hasta la fecha no han entregado. Así los acapulqueños nos enteraremos de quienes desvían recursos del erario para sus bolsillos y para las campañas de sus precandidatos y candidatos a los cargos de elección popular.

Si a Castro Justo de verdad le preocupa la desviación de recursos públicos, promover el envío de una iniciativa de ley que en Guerrero nos permita saber cómo se realiza el gasto gubernamental sería una prueba de su sinceridad. La mayoría calificada priísta en el Congreso local podría ayudarle al presidente de su partido en este propósito compartido por los ciudadanos guerrerenses.

Concluyo estas líneas, diciéndole al licenciado Héctor Popoca, autor del artículo Etica en la democracia –publicado en El Sur, el 18 de abril del 2002–, que si él lo hizo pensando en la podredumbre del proceso electoral efectuado en la UAG, a mí me sigue pareciendo más apropiado para explicar cómo los priístas han gobernado nuestra entidad, sobre todo ahora que nos envían la maquinaria electoral más pesada con la cual cuentan a este municipio. Sin embargo, creó, que ni así habrán de ganar, pues los acapulqueños vivimos mejor sin ellos en el gobierno.