El uso de la fuerza será el último recurso y se apegará a la estricta necesidad y legalidad

Abel Barajas y Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno federal emitió ayer los Protocolos de Seguridad que regulan el uso de la fuerza del Estado, la presentación y puesta a disposición de los detenidos así como la preservación de la evidencia en investigaciones.
Los lineamientos llegan después de la polémica por el caso de Florence Cassez, tres años más tarde de que la Suprema Corte de Justicia resolviera el caso Atenco, donde acusara la carencia de este tipo de protocolos para evitar abusos policiales, y cuatro meses después del desalojo violento en Chilpancingo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa al que efectivos de la Policía Federal llegaron fuertemente armados y dispararon.
A través de acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establecieron las normas que sus elementos deberán seguir para someter y detener a presuntos criminales, responder a una agresión o bien defender a la población.
Cada una de las dependencia definió que el uso de la fuerza deberá ser el último recurso empleado y que se aplicará observando cinco principios fundamentales: estricta necesidad, oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.
“Uso legítimo de la fuerza. La aplicación racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento por los cuerpos policiales sobre las personas que oponen resistencia a una detención que se lleva a cabo en cumplimiento del deber, ya sea que se trate de algún caso de flagrancia, caso urgente o en ejecución de una orden judicial o que se emplee en casos de legítima defensa”, definió la PGR .
El Ejército determinó que los soldados no podrán disparar en contra de los conductores de vehículos que no atiendan la indicación de detenerse, siempre y cuando esta acción no represente una amenaza real e inminente de un mal grave.
“El Personal Militar no accionará armas de fuego en contra de personas cuando evadan, huyan o traten de huir, salvo que realicen actos de resistencia agresiva grave, o con el objeto de detenerlas o impedir su fuga si oponen resistencia a la autoridad y representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves y resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, indicó.
La procuradora Marisela Mora-les reconoció que la expedición de los Protocolos de Seguridad responde en parte a experiencias del combate a la delincuencia en las que las autoridades no han tenido aciertos.
“Hemos estado trabajando de manera coordinada con las autoridades en todas las áreas de seguridad, y sobre la marcha se han ido trabajando, aunque no existían, pero se ha ido precisamente haciendo esta coordinación y  colaboración”, dijo.