Convoca el Cecop a sus comunidades para definir acciones para que liberen a su vocero

*En agosto del 2012 firmaron con el gobernador los acuerdos de Cacahuatepec, que en uno de sus puntos dice que no se va a perseguir a los comuneros. También fue un acuerdo con el Movimiento Popular GuerrerenseMariana Labastida

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) se reunirán hoy para determinar sus acciones para exigir la liberación de su vocero, Marco Antonio Suástegui Muñoz, detenido la mañana de ayer en el fraccionamiento Bora Bora, en este puerto.
Luego de que se enteraron de la detención de su vocero y principal líder del Cecop, los pobladores de las diferentes comunidades fueron convocados a reunión en la comunidad de La Concepción, donde el 27 de enero se instalaron en plantón, el cual con el paso de los meses se había debilitado pero lo reforzaron para determinar las acciones a seguir.
Manifestaron que estaban en espera de los abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachilnollan, que son los encargados de la defensa jurídica del Cecop ante las diferentes órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes del movimiento.
La noche de ayer informaron que las acciones a seguir se determinarán hoy. El martes 3 de junio los opositores tomaron las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) para exigir la liberación de José Palma Tornez, detenido por la denuncia puesta por familiares de Domingo Bailón a quien los opositores señalaron de estar en la emboscada a policías comunitarios el 4 de abril, y fue liberado tras el pago de la fianza de 146 mil pesos.
La primera denuncia por la que se emitieron órdenes de aprehensión en contra de Suástegui Muñoz y otros cuatro opositores fue por la protesta en el acceso a la planta Papagayo II el 19 de septiembre, junto con el vocero por la denuncia hecha por CAPAMA se emitieron órdenes contra el comisario municipal de Salsipuedes, Carlos Victoriano Loaeza, de José Facundo Hernández Ángel, Carmela Salgado Santos y Javier García Benítez.
Por dicha denuncia, el vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui increpó al gobernador Ángel Aguirre Rivero en su visita a la comunidad de Cacahuatepec, cabecera de los bienes comunales, el 17 de octubre, y le exigió el retiro de las órdenes de aprehensión. Entonces se rompió el diálogo entre los opositores y el gobierno del estado, con el que habían firmado en agosto del 2012 los acuerdos de Cacahuatepec que en uno de sus puntos dice que no se va a perseguir a los comuneros.
El 27 de enero los opositores instalaron un plantón en La Concepción para exigir la salida de las gravilleras que extraen material pétreo del río papagayo, principalmente la de la empresa Kimbar ubicada en la comunidad de Parotillas, a donde fueron a expulsar a los trabajadores, y el dueño de la empresa Humberto Marín informó que levantó una denuncia por la irrupción a los terrenos de la gravillera.
El 25 de marzo se restableció el diálogo con el gobernador, con quien se reunieron en el Seminario del Buen Pastor para hablar de la reconstrucción en las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y ahí le informaron a Suástegui Muñoz que tenía más órdenes de aprehensión, y se acordó que se revisarían los expedientes.
El 4 de abril, los policías comunitarios que se empezaron a organizar en febrero para ser parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fueron emboscados en la comunidad de Parotillas, por lo cual detuvieron a Domingo Bailón y a cinco de sus familiares, los cuales entregaron a la Policía Estatal y fueron puestos en libertad tras pagar una fianza de 35 mil pesos por cada uno, por el delito de daños.
En respuesta, mujeres familiares de Domingo Bailón acusaron de intento de homicidio a Suástegui Muñoz y a ocho opositores más, entre ellos a José Palma que fue detenido el jueves 29 de mayo. Después de tomar las instalaciones de CAPAMA se le reclasificó el delito a daños para que alcanzara fianza y pudiera obtener su libertad.
El 2 de diciembre, el gobernador acordó con representantes de las diferentes organizaciones que integran el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) un impasse a las averiguaciones previas para no perseguir a los luchadores sociales que tienen denuncias por diferentes delitos, pero no se cumplió.