Detienen a Marco Antonio Suástegui del Cecop y lo trasladan ilegalmente a la cárcel de La Unión

*El arresto fue por una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio, según fuentes ministeriales. El director del reclusorio de Las Cruces dice que “por cuestiones de seguridad” fue llevado al penal de ese municipio de la Costa Grande. El movimiento viola los derechos humanos del vocero de los opositores a la presa La Parota, lo aísla, lo priva de una defensa adecuada, reclama el abogado Rogelio Téliz de Tlachinollan

Carlos Moreno A.

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue detenido por policías ministeriales afuera de su casa en el fraccionamiento Magallanes en la colonia  Bora Bora, ayer por la mañana.
De manera furtiva, a escondidas de sus compañeros, de su familia, sus abogados y los medios de comunicación, Suástegui Muñoz fue trasladado al penal de La Unión sin que presentara su declaración preparatoria en el Juzgado Décimo Penal donde fue consignado, “por cuestiones de seguridad personal” del vocero del Cecop, según el informe del traslado.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Rodolfo Téliz, declaró que el trasado de Suástegui es ilegal y violatorio de sus derechos.
Según fuentes ministeriales, la detención se llevó a cabo poco después de las 7 de la mañana, afuera de la casa de Suástegui en dicho fraccionamiento, por una orden de aprehensión en su contra por el delito de tentativa de homicidio.
Dicha orden según la causa penal 64-2/2014, es acusado de participar junto con otros ocho opositores a La Parota en una balacera y atentado en contra de Teodora Valeriano Marcos, Juana Bailón Dorantes, Deyanira Bailón Valeriano, y Domingo Bailón, en la comunidad de Parotillas el pasado 4 de abril, cuando la Policía Ministerial detuvo a cinco hombres tras una emboscada contra policías comunitarios.
Domingo Bailón es acusado por los policías comunitarios de los Bienes de Comunales de Cacahuatepec, de haberlos emboscado el 4 de abril, donde fue herido el comunero Lorenzo Ángel Lázaro.
El pasado 19 de mayo fue detenido el integrante del Cecop, José Palma Tornez, por el delito de tentativa de homicidio que le fue reclasificada a lesiones agravadas, pero fue puesto en libertad el 6 de junio tras pagar una fianza de 146 mil pesos.
Ayer, luego de la detención, Marco Antonio Suástegui fue llevado a la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que fuera certificado medicamente.
A las 10 de la mañana el vocero del Cecop ingresó al penal de Las Cruces y consignado al Juzgado Décimo Penal y donde en un principio presentaría su declaración preparatoria después de las 2 de la tarde.
Al lugar llegó abogado defensor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tachinollan, Rogelio Téliz García, quien solicitó al titular de dicho juzgado en la segunda secretaria la reclasificación del delito de tentativa de homicidio a lesiones agravadas.
Mientras que Téliz García esperaba a que el vocero del Cecop fuera puesto en la rejilla de presentación para que rindiera su declaración preparatoria, poco después de las 2 de la tarde, el abogado se enteró de que Suástegui Muñoz fue trasladado del penal de Las Cruces al reclusorio de La Unión en el extremo de la Costa Grande en colindancias con Michoacán, sin aviso al abogado defensor y de forma furtiva.
Ahí solicitó una explicación en el juzgado, donde le fue entregado una hoja firmada por el director del penal de Las Cruces, Mario Alfredo Flores Tapia, con el número de oficio SPYPC/SSP/DGRS/CRRSA/1194/2014 donde le informaban al juez décimo Adolfo Vanmeeter Roque del traslado de Suástegui Muñoz.
“Por cuestiones de seguridad personal del recluido de nombre Marco Antonio Suástegui Muñoz, y por así haberlo determinado la superioridad, dicho interno fue trasladado de este centro al Cereso de La Unión; con la finalidad de proteger la integridad física del interno se adoptó dicha medida”, se leía en el documento.
El vocero del Cecop fue sacado del penal a la 1 de la tarde rumbo al reclusorio de La Unión, resguardado por patrullas de la Policía del Estado.
Consultado afuera del reclusorio, el  defensor, Rogelio Téliz García, confirmó que Suástegui fue trasladado a otro reclusorio.
“Nos trasladamos al reclusorio para estar en su declaración preparatoria, lo pusieron a disposición a las 10, lo estuvimos esperando, y nos sorprende y como siempre de manera ilegal el gobierno del estado y la SSP estatal, de manera violatoria a los derechos humanos lo trasladaron a otro Cereso, a La Unión, pero no sabemos con exactitud o lo van a mandar a otro Cereso federal fuera del estado”, se quejó el abogado.
Reiteró que el traslado es violatorio a los derechos humanos “porque se le está privando al procesado de tener una defensa adecuada, que él nombre a un abogado de su confianza y que pueda estar en su declaración, lo trasladan, lo aíslan y seguramente en el traslado le están ejerciendo actos de tortura”.
Téliz García responsabilizó al gobierno del estado y pidió se garantice la seguridad de Suástegui Muñoz “pensamos que lo están torturando, yo como su abogado no lo pude ver, me negaron el acceso al reclusorio para visitarlo, no se en que condiciones está”.
Y explicó que la detención del vocero del Cecop es por un delito del fuero común y se deriva “por la situación de los ataques de los familiares de Domingo Bailón. Se deriva está situación. Así es el estado y así juega”.
“Yo me entrevisté con el juez y me dijo que ahí está va a venir a declarar nada más que nos lo pongan disposición, y en el expediente no hay documentos de que se traslada por esto o algo, se tiene que justificar”, enfatizó el abogado.

Otras acusaciones

El abogado informó que Suástegui tiene otra orden de aprehensión en el juzgado quinto penal por el delito de despojo en contra de la Gravillera Kimbar pero tiene un amparo.
El 28 de enero el propietario de la gravillera Kimbar que extrae material pétreo en el río Papagayo, Humberto Marín Molina denunció ante el MP a Suástegui Muñoz por el bloqueo que realizó un día antes en la comunidad de La Concepción y que impidió el paso de sus vehículos a las instalaciones de la cual se asentó en la averiguación TAB/SC/04/0063/2014.
Pero un día después Marín Molina  ofreció una disculpa a los integrantes del Cecop y pidió dialogar para buscar una solución al conflicto y el vocero del Cecop el 2 de febrero respondió que primero retiraran las denuncias en contra de los comuneros. Pero no se pudo corroborar si es la misma que informó Téliz García.
El 4 de diciembre del año pasado, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tachinollan confirmó que las órdenes de aprehensión contra el vocero del Cecop y dos opositores más, entre ellos el comisario de Salsipuedes, Carlos Victoriano Loeza, derivan de la averiguación previa TAB/FRZA/025/2013 iniciada por el área jurídica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) por la protesta en la comunidad de Salsipuedes, donde bloquearon el camino que lleva a las instalaciones de la planta de captación Papagayo II el 19 de septiembre del año pasado.
Los abogados de Tlachinollan presentaron un amparo 1209/2013 el 21 de noviembre y con ese documento les informaron que se les acusa a los opositores de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, así como motín en contra de CAPAMA; aunque el gobierno municipal negó que haya puesto dicha denuncia.
Después del medio día, la PGJE informó, mediante un boletín de prensa de la detención de Suástegui Muñoz “en las inmediaciones del fraccionamiento Bora Bora”.
En dicho boletín se indicó que luego de un despliegue operativo de la Policía Ministerial “se logró la captura de Marco Antonio Suástegui, quien cuenta con mandamiento judicial de captura por su probable responsabilidad en la comisión de diversos ilícitos (pero no se precisó cuáles), por lo que será puesto a disposición de las autoridad jurisdiccional que lo reclama a efecto de que en las próximas horas se recabe su declaración preparatoria y dentro del término constitucional le sea resuelta su situación jurídica”.