Aplicar la ley a la diputada Julieta Fernández y sancionar el acto religioso en el Congreso, demandan formalmente

Aplicar la ley a la diputada Fernández y sancionar el acto religioso en el Congreso, demandan formalmente

*Presentaron activistas una solicitud a la Secretaría General de Gobierno

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Activistas por los derechos reproductivos y sexuales presentaron una denuncia ante la Secretaría General de Gobierno, contra la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, porque permitió la realización de un culto religioso dentro del Congreso del estado, el 4 de junio de este año.
La feminista María Luisa Garfías Marín explicó que la diputada violentó la Carta Magna en sus artículos primero, 24 y 130, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Públicos, en los artículos primero, tercero, 25 y 29 fracción novena, al participar y apoyar a ministros católicos y evangélicos, entre ellos una extranjera, para que realizaran una ceremonia en las instalaciones del Poder Legislativo.
Aseguró que esta acción violenta el principio de separación de competencias entre el Estado y la Iglesia, así como el respeto recíproco para salvaguardar la soberanía política del Estado Mexicano.
Las activistas condenaron el acto religioso de creyentes que distribuyeron dentro del Congreso local oficios a los diputados locales para que voten en contra de la iniciativa de reformas que envió el Ejecutivo para la despenalización del aborto en la entidad, y al final hicieron oración alrededor de la diputada Julieta Fernández con los brazos en alto.
Aseguraron que su conducta debe ser sancionada porque violenta los principios de tolerancia, libertad religiosa e igualdad consagrados en la Constitución Política de país.
Con ello se pone de manifiesto que en Guerrero son las religiones las que deciden la vida política, advierten.
Por tanto, solicitaron que se inicie un procedimiento administrativo al que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y que se imponga a la diputada, como a los demás infractores, la sanción que corresponda.
Garfias Marín aclaró que la pena es de carácter administrativo y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, como el subsecretario de Asuntos Políticas, Jorge Alberto Gonzalez Rivero, tendrán que determinar la gravedad de la acción para establecer la sanción.
Insistieron en que cuando se discute una propuesta tan polémica como la despenalización del aborto menos debe haber este tipo de injerencias en un Estado laico, y los diputados deben basar sus argumentos en cuestiones científicas, no en creencias personales o de fanatismo para fijar sus decisiones de gobierno.
Garfias Marín precisó que respetan la libertad de conciencias, pero una demostración religiosa como la que hizo la diputada en el Congreso local demuestra que su dogma está por encima de la soberanía popular, del poder del pueblo, y no debe pasar desapercibida, pues no se puede permitir otra acción semejante, advirtió.
Reiteró que si no hay una respuesta a la acción de la diputada, el mensaje del gobierno estatal y de los diputados locales al pueblo de Guerrero y de México, es que la Iglesia interviene y decide en las políticas de gobierno en la entidad.