La PGJE trabaja para la delincuencia, asegura Bruno tras la detención de los nueve de la UPOEG

*Temen que la Policía Ciudadana llegue a Chilpancingo porque, “caerían muchos negocios” de políticos y delincuentes, afirma. Ocho de los detenidos están en el penal de Chilpancingo y uno, menor de edad, fue liberado. Están amenazados en prisión y sí fueron torturados, sostiene el dirigente

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trabaja para la delincuencia porque en lugar de detener a narcotraficantes o secuestradores, aprehende y tortura a los que se organizan y se defienden de los criminales.
En conferencia de prensa denunció el hostigamiento de la PGJE al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) de la UPOEG, luego de la detención de ocho policías ciudadanos y una activista de esa organización en una operación especial el viernes. Ocho están en el penal de Chilpancingo y uno que fue transferido el lunes a un tribunal para adolescentes fue liberado el mismo día porque se estimó que no tenía responsabilidad en el secuestro del que acusan a sus compañeros.
A pesar de que en declaraciones anteriores dijo que había diálogo permanente con las autoridades estatales, Plácido Valerio aclaró que “aguantaron” muchas situaciones porque no están en contra del gobierno que desde el año pasado ha detenido a varios de sus integrantes y en los interrogatorios siempre los cuestiona sobre la vida de los dirigentes de la UPOEG y les reprochan su labor como policías ciudadanos.
Mencionó que algunos funcionarios le han advertido que él también puede ser aprehendido, pues su nombre aparece en averiguaciones previas, pero no consideró necesario hablar antes del tema.
Consideró que la PGJE está actuando de mala fe por temor de que el SSJC llegue a operar a Chilpancingo, como lo solicitaron en diferentes momentos varios sectores de la población porque, añadió, “caerían muchos negocios” de políticos y delincuentes.
Además, el líder indígena señaló que hay “celos” porque la Policía Ciudadana ha reducido los delitos en sus zonas de influencia, que no atendieron las autoridades judiciales y que los hace quedar mal como instituciones formales.
Subrayó que a sus integrantes detenidos los han sacado con fianzas y demostrando que son inocentes. En este caso, adelantó que van a buscar a la persona que los incriminó, la presunta víctima de secuestro, Romana Campos Vega, para que se careen con los detenidos y se demuestre que no hubo tal secuestro.
Recordó que Campos Vega fue detenida por el SSJC por cobrar cuotas y porque los policías ciudadanos la vincularon con la operación de secuestros en la zona, y uno de sus hermanos fue señalado por el asesinato del familiar de un integrante del SSJC, en agosto del 2013. Se refirió al hermano de Maximino Moreno Acuña, detenido el viernes en la operación de la Policía Ministerial.
Añadió que Campos Vega tiene una hermana trabajando en la PGJE que tomó videos de la tortura para enviarlos a los delincuentes que siguen en pueblos de Chilpancingo, con presencia de la UPOEG.
Insistió en que la detención de sus compañeros es una venganza del gobierno porque durante los interrogatorios siempre los cuestionan sobre su labor y se refieren a los dirigentes para incriminarlos en delitos. Así que van a pedir a la PGJE que trabaje con imparcialidad y también detenga a los hermanos Hermenegildo y Marco Antonio Campos Vega, conocidos como El Melo y El Chaparro en la región.
De la posibilidad de que la autodefensa llegue a Chilpancingo, aclaró que no pueden dar pasos en falso, y en este momento el SSJC está en una etapa de reestructuración, donde los policías ciudadanos están siendo ratificados por las asambleas de los pueblos.
De posibles acciones para demandar la libertad de sus compañeros, dijo que se está analizando una estrategia diferente, porque los detenidos están amenazados en prisión. Aseguró que los policías ministeriales les advirtieron que la tortura no era nada comparada con lo que iban a padecer en el penal.

No fueron detenidos en flagrancia, asegura su defensa

En consulta por separado, la defensa de los detenidos rechazó que haya habido flagrancia en la aprehensión de los policías ciudadanos, como se estableció en los reportes de la Policía Ministerial que se leyó durante su declaración preparatoria.
Precisó según las primeras versiones, en la investigación judicial enviaron a dos mujeres policía vestidas como amas de casa para decir a la UPOEG que una de sus hijas se encontraba desaparecida y la habían visto en Mazatlán, así que organizaron un retén para ubicarla en ese poblado, a través de una fotografía.
Detallaron que ahí llegó un convoy de policías con quienes hablaron del caso e intercambiaron números de celulares, y después, en el momento de la detención dijeron que iban a ver si ahí tenían a una persona secuestrada y llamaron a un teléfono de donde se hicieron las negociaciones, y que tenía Maximino Moreno.
Los detenidos aseguraron que ellos iban a colaborar con la investigación y se sometieron, y para justificar las marcas evidentes de golpes en Maximino, la PGJE declaró que para huir se lanzó de la camioneta de la Ministerial.
Luego de la detención del primero grupo, se trasladaron a Xaltinguis, donde presuntamente se encontraba la secuestrada, pero no estaba en la casa señalada y se llevaron detenida a una mujer que sólo cuidada el lugar por encargo de sus dueños. Los ministeriales no liberaron a la presunta secuestrada, por lo tanto, subrayó, que no hubo flagrancia.
Detalló que Maximino quien tiene hematomas en brazos y piernas, heridas en el labio y la nariz, podría tener fisuras en las costillas, según el reporte médico legista del penal.