Atienden ong los casos de Abel Barrera y desaparecidos por la PJE Guerrero

*Amnistía, Global Exchange, abogados y la Red

* Declaran que la Procuraduría del DF no tiene voluntad política para inculpar a los responsables y resolver el asesinato de Digna Ochoa * Piden que se agote la investigación sobre el Ejército en el caso de la abogada

Una delegación internacional de las organizaciones Global Exchange, Amnistía Internacional-EU, Red de Solidaridad Mexicana y la Oficina de Abogados Internacionales demandó ayer que en las investigaciones del asesinato de la abogada Digna Ochoa se agoten todas las líneas, empezando por la relacionada con la defensa de casos que ella llevaba en los que estaba involucrado el Ejército.

Una misión de esos organismos no gubernamentales estuvo cinco días en México para conocer la situación del caso Digna Ochoa, que está estancado, así como violaciones a los derechos humanos en Guerrero, como la violación sexual a indígenas me’paa cometidas por soldados, las amenzas a defensores de derechos humanos, como Abel Barrera, y los casos de desaparecidos recientes en Guerrero, como Faustino Jiménes Alvarez, de Tierra Colorada.

Este viernes, en conferencia de prensa en la ciudad de México, los representantes de las cuatro organizaciones internacionales manifestaron su temor de que a seis meses del asesinato de Digna Ochoa, la falta de resultados en la investigación se debe “a que no existe la voluntad política para inculpar a los responsables y resolver el caso”.

Recomendaron que se incorpore en la investigación un equipo de expertos forenses ajeno a la Procuraduría capitalina.

Otros casos de Guerrero

La delegación informó que se reunió también con defensores de derechos humanos que han sido hostigados y hasta amenazados de muerte.

Uno de ellos es Abel Barrera, director del Centro Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, quien recibió amenazas de muerte, y la PGR le asignó cuatro escoltas armados pero sin los recursos necesarios para llevar a cabo un trabajo eficaz.

También se reunieron con la abogada Bárbara Zamora, del Bufete Jurídico Tierra y Libertad, representante jurídica de la familia de Digna Ochoa.

La delegación informó que escuchó los testimonios de dos mujeres indígenas de las comunidades de Barranca Bejuco y Barranca Tecuani, que fueron violadas por miembros del Ejército.

La delegación también escuchó los testimonios de tres familiares de personas que fueron desaparecidas por la Policía Judicial Estatal. En total hay nueve casos de desapariciones forzadas en Guerrero desde el año de 1999.

Destaca el testimonio de la señora Enedina Cervantes Salgado, esposa de Faustino Jiménez Alvarez, desaparecido el 17 de junio del 2001, a quien la PJE trató de involucrar en el secuestro del líder de transportistas de Acapulco, José Valle Alvarez.

Relataron que a las 4 de la madrugada la policía judicial entró a su casa, golpeándolo y arrastrándolo, y se lo llevaron. Aunque la señora Enedina ha señalado a dos de los agentes que sacaron a su esposo de su casa, hasta la fecha el Ministerio Público no ha emitido ninguna orden de aprensión para los agentes señalados, diciéndole que estos dos agentes ya no forman parte de la PJE.

La delegación expresó que este es solamente uno de los nueve casos en los cuales está involucrada la Policía Judicial del Estado de Guerrero.

Agregó que frente a esta grave situación, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero ha recomendado el arraigo del director de la Policía Judicial. Sin embargo, el procurador declaró que no hay “pruebas suficientes” para cumplir con dicha recomendación.