Moisés Alcaraz Jiménez

Procurador sin consenso

 En momentos en que para obtener mejores resultados la procuración de justicia requiere de la unificación de todos los actores políticos y sociales, Jesús Ramírez Guerrero fue designado titular de la Procuraduría del Estado con el voto en contra de las fracciones parlamentarias de oposición que le negaron su confianza para ocupar el cargo.

El procedimiento jurídico para investir al nuevo funcionario se llevó a cabo al pie de la letra. El órgano legislativo ningún detalle dejó de cumplir para que el trámite estuviera apegado a derecho, tal y como con precisión lo establece la Constitución Política del Estado, con la salvedad de que la legalidad jurídica no se pudo complementar con la tan necesaria legitimidad que el caso amerita; es decir, el nombramiento se hizo sin el respaldo, la credibilidad y la confianza del PRD, PAN y PRS que en conjunto representan a importantes y nada minoritarios sectores sociales que han estado atentos a lo que acontece en la dependencia encargada de procurar justicia.

A nadie debe alegrar, porque a nadie beneficia, el hecho de que tan crucial nombramiento se haga sólo con la mayoría priista. Esto debe ser motivo de atención inmediata de parte de las más altas autoridades del estado porque la señal enviada es que al menos por un buen tiempo los focos rojos seguirán encendidos en esta materia, que se ha convertido en un verdadero factor de riesgo para la estabilidad política y es el principal generador del mayor deterioro de la imagen gubernamental.

Jesús Ramírez Guerrero tiene un gran reto: recobrar, si es que alguna vez se tuvo, la confianza ciudadana en un área vital para la gobernabilidad y para la preservación de la tranquilidad de la sociedad. La legitimación que hoy le niegan los legisladores de oposición tendrá que adquirirla a través de un desempeño profesional, eficiente, con resultados positivos a la brevedad y con el ya improrrogable saneamiento de la dependencia ahora a su cargo.

El nuevo fiscal tendrá que hacer un trabajo de calidad para demostrar a la sociedad y convencer con hechos a la oposición, de que es la persona indicada para sacar a esta importante área de gobierno de la crisis en la que ahora se encuentra.

La tarea no es sencilla.  Enfrentar a las bandas de criminales y a las grandes mafias que, como lo reconoció Rigoberto Pano, actúan al interior del órgano de justicia, es sumamente complejo. La mano dura que en los tiempos de Ruiz Massieu enseñó Ramírez Guerrero, hoy es cuando se necesita y la quiere ver la sociedad ahora contra el crimen organizado.  Que esa mano, que más que dura debe ser firme, no le vaya a temblar en cuanto conozca de manera directa la magnitud de la labor que le espera.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que obras de este tamaño requieren de la voluntad y el respaldo político del más alto nivel. Sin este apoyo y decisión, la justicia en Guerrero seguirá hundiéndose.

El mejoramiento de la procuración de justicia no se garantiza sólo con el cambio de funcionarios, puesto que más que personal, este es un problema social e institucional en el que inciden muchos factores.

Primeramente, el nuevo funcionario debe ser sólo parte de una gigantesca y bien definida estrategia gubernamental para combatir el crimen y la impunidad.  Desafortunadamente, hasta ahora el principal problema han sido precisamente las deficiencias para instrumentar una estrategia de este tipo.

Es imprescindible empezar por limpiar la casa. Para ello es necesario transformar la dependencia a fondo, depurarla de malos servidores públicos e introducir nuevos sistemas que pongan fin al caos administrativo, de procedimientos jurídicos y de investigaciones penales que impiden su eficaz funcionamiento y la mantienen en el atraso y la obsolescencia.

Con el mismo personal, con los mismos procedimientos, sin recursos financieros suficientes y falta de voluntad política, muy difícil o imposible será enderezar el barco.