Desmiente un acusado del caso Ibáñez la versión de la PGJE y denuncia torturas

* La esposa de Víctor González Benítez, Paulina Ríos, afirma que la juez no admitió la presentación de testigos de la detención en la comunidad de Campo de Aviación y no en Linda Vista como dice la Procuraduría 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Víctor González Benítez, uno de los copartícipes del asesinato del empresario Javier Ibáñez Sandoval, envió por medio de su esposa, Paulina Ríos Salgado, un escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde denuncia que las autoridades carcelarias locales lo mantienen incomunicado y que incluso le niegan los alimentos.

También relata la tortura de que fue objeto durante su detención por parte de policías judiciales del estado en la comunidad de Campo de Aviación, del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).

“Muchos judiciales vestidos de negro y encapuchados llegaron a mi casa en la madrugada en el poblado de Campo de Aviación, y sacaron con lujo de violencia a mi esposo que nada tiene que ver con este hecho”, relató Paulina Ríos Salgado, esposa de Víctor González Benítez, tío del jefe de la banda de secuestradores Pedro Barragán González.

La esposa de uno de los presuntos implicados echa por tierra la versión de la Procuraduría de Justicia de que el autor material del crimen de Ibáñez, Valentín Acevedo Ocampo y los otros tres copartícipes fueron detenidos en un operativo policiaco realizado en la comunidad de Lindavista.

Entrevistada luego de que se le negó el acceso al reclusorio, la señora Paulina Ríos Salgado manifestó que su esposo llegó en octubre a Guerrero luego de estar un año trabajando en Atlanta, Estados Unidos y que es materialmente imposible que haya participado en el plan para asesinar al empresario Javier Ibáñez Sandoval.

Indicó que la madrugada del martes en que su esposo fue detenido en forma ilegal los agentes judiciales se lo trajeron a la Procuraduría de Justicia donde fue torturado.

“Yo ese día estuve en la Procuraduría para preguntar por mi esposo pero me dijeron que no estaba, y horas más tarde lo presentan como uno de los que asesinaron a ese señor”, externó la señora.

“Ese día en la madrugada, muchos carros llegaron al pueblo y los agentes que iban allí roderaron mi casa y posteriormente tiraron una puerta para después sacar con violencia a mi esposo Víctor con quien apenas tenía dos meses de casada”, afirmó Paulina Ríos Salgado.

En la carta que va dirigida a la CNDH y que está firmada por Víctor González Benítez, relata que el pasado martes en la madrugada fue detenido por los judiciales cuando se encontraba en su vivienda.

“Me trajeron a Chilpancingo donde me mantuvieron incomunicado practicándome todo tipo de torturas, indicándome me hiciera copartícipe del homicidio del empresario gasolinero Javier Ibáñez Sandoval y finalmente fui obligado a firmar documentos que me presentaron”, dice en su escrito.

La esposa del inculpado acusó a la juez segunda de primera instancia del ramo penal, Rosalinda Sáenz Rodríguez, de haberse negado a aceptar testigos del poblado de Campo de Aviación que iban a dar su versión sobre la detención de que fue objeto Víctor González Benítez.

Inminente auto de formal prisión a inculpados

La juez Rosalinda Sáenz señaló que en las próximas horas va a resolver la situación jurídica de los cuatro inculpados, y que hasta el momento la defensora de oficio, Felícitas Hernández Tornez, solamente solicitó la recepción de algunas pruebas como la certificación médica de los presuntos homicidas.

También solicitó que se girara un oficio a la casa de empeño de Monte Pio para solicitar una información para comprobar que su defendido y presunto material del crimen, Valentín Acevedo Ocampo, había empeñado algunos objetos.

Según la juez, Acevedo Ocampo asegura que el día del crimen (el 11 de marzo) estuvo en esta negociación para empeñar algunos objetos personales.

“Aparte del retrato hablado que presentó la Procuraduría para dar con el responsable material hay otras pruebas que lo inculpan, pero que en estos momentos no se puede decir cuáles son, pero eso nos servirá para determinar la situación jurídica de los inculpados”, externó la juez entrevistada en sus oficinas.

Sobre la versión que dio la Procuraduría de Justicia de que el presunto asesino material, Valentín Acevedo, se presentó el día 12 de marzo (a otro día del crimen de Ibáñez) a un banco para cobrar con una orden de pago 150 mil pesos que supuestamente le envió Pedro Barragán González, Rosalinda dijo que “en el expediente que envió la Procuraduría no existe ninguna orden de pago del banco Bital”.

Indica que en su primera declaración, el inculpado refiere esos hechos de un pago en ese banco, pero que después en su declaración preparatoria niega esos hechos.