Demandan amparo contra la actual legislación sobre aborto; vulnera el principio de igualdad y no discriminación, plantean

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Un grupo de mujeres guerrerenses solicitó un juicio de amparo contra el artículo 121 del Código Penal del Estado, porque discrimina a las mujeres, y señalaron como autoridades responsables al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al Congreso local, porque son los encargados de modificar las leyes.
Luego de entregar la demanda que se turnó al Juzgado Primero de Distrito, el abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Alex Ali Méndez Díaz, explicó que la legislación local establece como causales en las que un aborto no es castigado con cárcel, que sea imprudencial, por inseminación artificial o no consentido, o por alteraciones congénitas del producto.
Consideró que ese artículo es anticonstitucional porque no considera la salud de las mujeres y el riesgo a la vida entre las causales para la interrupción del embarazo, entonces se vulnera el principio de igualdad y no discriminación que establece el artículo primero Constitucional.
Además, señaló que restringe el derecho a la salud y a la vida, se violenta el derecho a la integridad física, a la vida privada, a la no injerencia por parte del Estado, y a la libertad y autonomía reproductiva.
Indicó que el artículo es contrario a la Constitución del país y a los tratados internacionales firmados por el gobierno federal.
Aclaró que de concederse el amparo, sólo podrían interrumpir un embarazo las 21 mujeres del grupo que lo promovieron cuando vean en peligro su salud o su vida, porque el juicio está diseñado para que proteja sólo a quienes promovieron la demanda, pero no impide que en lo sucesivo se siga esta campaña y continúen la presentación de este tipo de juicios.
Si las autoridades de Guerrero no cumplen con su deber de proteger la vida y la salud de las mujeres, son las ciudadanas las que deben acudir a un juez para que se le hagan efectivos estos derechos, dijo el abogado.
Ahora le toca al juez notificar al Congreso local y al gobernador sobre la demanda, y ellos tendrán un plazo de 15 días para que justifiquen por qué mantienen vigente una norma que discrimina a las mujeres en razón del sexo. Explicó que esperan una sentencia en unos tres o cuatro meses.
Añadió que si la sentencia fuera contra las demandantes, podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y si es favorable, esperarían una acción del Congreso y del gobierno estatal.
La activista Andrea Isabel Salmerón Taquillo, que entregó la demanda de amparo al tribunal, explicó que el grupo se está previniendo para que (si fuera el caso), se respete la salud de las mujeres, “que no se nos imponga, tenemos derecho a decidir cómo, con quién y a qué edad queremos tener un hijo”.
Cuestionó que se castigue  a una mujer que aborta por cuestiones de salud o por enfermedad.
De la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en la región (Ddeser), Libny Dircio Chautla, señaló que el amparo debería proteger a las mujeres sin importar el tiempo de gestación.
El abogado aclaró que el tema de la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, que se discute en el Congreso local, es otro debate que no se incluye en la demanda de amparo.
Señaló que la pregunta para el juez será “¿cuál es la razón para que la ley prohíba a las mujeres interrumpir un embarazo, aun cuando por ese motivo veamos afectada la salud de las mujeres o se encuentre en riesgo la propia vida?”