Comienza el proceso contra agentes involucrados en la balacera: Adela

* Divulga la síndica los nombres de los implicados

*Entre los 17 señalados están el dirigente y el ex dirigente del prosindicato de Tránsito, José Alberto Solís Franco y Enrique Zacapala Guzmán * En 10 días, una vez agotado el procedimiento, la Comisión de Honor y Justicia dará su dictamen con las correspondientes sanciones, adelanta

Ossiel Pacheco * La síndica Adela Román Ocampo informó que ayer comenzó el procedimiento administrativo contra 17 agentes de Tránsito que, uniformados y a bordo de vehículos oficiales, se vieron involucrados en la balacera del cerro del Tigre el pasado 1 de abril.

Entrevistada en el despacho que ocupa en el Palacio Municipal del parque Papagayo, la síndica dijo que los implicados ya recibieron la notificación para que se presenten ante la Comisión de Honor y Justicia (CHJ) del ayuntamiento.

Informó que están implicados los agentes José Alberto Solís Franco, José Natividad Colón, Francisco Puentes Moreno, Jorge Luis Vargas Hernández, Rogelio Morales Bautista, Nelson Muñoz Gómez, Enrique Zacapala Guzmán, Rogelio Salado Villanueva, Adrián Salgado Velazquez, Julio Antonio Rondín Lorenzo, Iris Quijano Arriaga, Juan Salgado Magallón, Rubén Rojas Patiño, Pedro Reyes, Darío Campos Diego, Wilibaldo Salgado Rojas, y Juan Manuel Díaz.

Dijo que los comandantes Salgado Rojas, Zacapala Guzmán y Solís Franco quedaron suspendidos, pero aún bajo las ordenes de su superior jerárquico, hasta que se resuelva el trámite administrativo.

Señaló que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero estipula sanciones. Explicó que fueron suspendidos en sus cargos como comandantes, pero no como trabajadores. “Se les está respetando su salario íntegro para no violar sus garantías individuales”, aseguró.

Dijo que los agentes se negaron a firmar de recibido los citatorios, pero que eso no es obstáculo para que transcurra el procedimiento, “estamos siendo respetuosos para que no se vulneren sus derechos humanos ni sus garantías individuales”.

Adelantó que los agentes antes mencionados cometieron varias infracciones al artículo 26 del Código, que estipula que constituye infracción o falta administrativa la acción u omisión, individual o colectiva, efectuar en un lugar público un hecho que altere o contribuya al deterioro del orden público o ponga en peligro la integridad física o moral o en sus propiedades.

Violaron también el artículo 27, que prevé la formación de grupos que causen molestia a las personas en lugares públicos o en domicilios de éstos, y el artículo 25, que prohibe a los cuerpos de seguridad pública abandonar el servicio o la comisión que desempeñan antes de que llegue el relevo u obtengan la autorización correspondiente de su jefe inmediato superior.

También prevén sanciones establecidas en el Reglamento por haberse valido de su investidura para cometer cualquier acto que no sea de su competencia. “Hay muchas cuestiones que ellos violentaron, actuaron poniendo en riesgo la vida de los habitantes del lugar”, juzgó.

Roman Ocampo adelantó que en un plazo de 10 días, una vez agotado el procedimiento, la CHJ emitirá el dictamen con las correspondientes sanciones, y que el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo tendrá voto de calidad en caso de empate.

“Hasta ahora no han comparecido, ni han presentado pruebas a su favor… sólo ante los medios de comunicación. Se negaron a firmar, pero ese no es obstáculo; si no se presentan a aportar sus pruebas, de cualquier forma se va a proceder en contra de los agentes”, asentó.

Informó que los implicados fueron despojados de patrullas y uniformes, aunque se negaron a entregar las armas. Al respecto, “dicté un acuerdo”, que le corresponde ejecutar a la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, comentó.

–¿No teme una acción en su contra por parte del líder Antonio Valdés?

–El señor Valdés puede hacer lo que se le venga en gana, pero si vulnera el Estado de Derecho se tendrá que actuar en su contra. Quisiera aclarar que no se trata de un asunto de carácter personal, si lo tiene que lo haga valer en los tribunales. Con este procedimiento lo único que voy a hacer es aplicar la ley.

“No le tengo miedo, me siento tranquila porque yo no estoy violando la ley, ni abusando del cargo que tengo; lo único que estoy haciendo es aplicando la ley con justicia. Pudiera venirse una ofensiva, pero ahí está la ley para aplicarse”, agregó.

Respondió al regidor priísta Francisco Villa Pérez, quien dijo que la CHJ mantenía un enorme rezago debido a la irresponsabilidad en que incurre Román Ocampo: “quisiera pedirle que cuando lo convoque a la Comisión comparezca; llega una o dos horas después, está cinco minutos echando relajo y se va porque no tiene tiempo. Es fácil hablar, quisiera que fuera más responsable”.